La Rioja descarta riesgos sobre sus activos, ratifica su voluntad de pago a bonistas y apunta a la deuda de Nación

El Gobierno de La Rioja salió este jueves a llevar calma frente a versiones que advertían sobre un escenario de riesgo para activos estratégicos de la Provincia, en el marco de la situación del Bono Verde, y ratificó su voluntad de pago a los bonistas, aunque señaló que las dificultades financieras están directamente vinculadas a la deuda que mantiene la Nación con la provincia. 

La definición se dio durante una conferencia de prensa en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, en respuesta a publicaciones recientes en medios nacionales e internacionales.

El eje del mensaje oficial fue claro: no existe riesgo de embargo ni de ejecución sobre el Banco Rioja ni sobre el Parque Eólico Arauco, y las versiones que circularon forman parte de una interpretación distorsionada de la situación financiera provincial.

En ese marco, Luna Corzo fue el encargado de fijar posición y desactivar los rumores que generaron preocupación en los últimos días. “Queremos llevarle tranquilidad a la sociedad riojana respecto de estas versiones que han circulado, vinculadas a una posibilidad que nosotros descartamos de plano: que el Banco de La Rioja o el Parque Eólico puedan ser objeto de una ejecución”, afirmó.

La referencia apunta al litigio que la Provincia mantiene con bonistas en tribunales de Estados Unidos, donde se discuten los incumplimientos registrados desde el año pasado. Si bien el propio Gobierno reconoce un atraso en el pago del bono, sostiene que la situación está siendo abordada a través de un proceso de reestructuración. “Las dificultades que venimos registrando desde el año pasado en el pago del Bono Verde nos obligaron a iniciar un proceso de reestructuración”, explicó el funcionario, y remarcó: “No está en la voluntad de la provincia permanecer indefinidamente en el incumplimiento”.

Según detalló, se trata de una negociación compleja que lleva más de un año, con el objetivo de alcanzar un esquema sustentable tanto para los acreedores como para las finanzas provinciales. En ese contexto, también dejó una definición política sobre las prioridades del Ejecutivo: “No poner en riesgo el pago del salario a cambio del pago de los bonistas”, sostuvo.

Al mismo tiempo, vinculó el origen de las dificultades financieras al contexto de recursos provinciales. “Las dificultades que llevan a este tipo de situaciones están directamente relacionadas con el incumplimiento en la transferencia de fondos que le corresponden a la Provincia”, afirmó, en referencia a partidas nacionales que, según indicó, fueron discontinuadas y afectaron la capacidad financiera.

Herramienta de inversión productiva

En paralelo, el Gobierno defendió el Bono Verde como una herramienta de inversión productiva y rechazó las críticas sobre el destino de los fondos. Según explicó Luna Corzo, no se trató de deuda para gasto corriente, sino de una decisión estratégica que permitió desarrollar infraestructura energética, con el Parque Eólico Arauco como principal activo.

En esa línea, afirmó que los recursos se transformaron en obras concretas, en funcionamiento y generando ingresos, y que el complejo no solo se mantiene operativo sino que fue ampliado y diversificado. Asimismo, detalló que el parque alcanza actualmente una capacidad de 250 megavatios de generación eólica y que en abril se incorporarán otros 50 megavatios de energía solar, lo que llevará el total a 300 MW. De ese conjunto, recordó que 100 MW fueron transferidos años atrás a una empresa privada, mientras que el resto permanece bajo control provincial.

El funcionario explicó que los recursos generados hasta el momento fueron reinvertidos en la ampliación del parque, por lo que recién hacia fines de este año —y con mayor claridad en 2027— comenzarían a registrarse resultados positivos. Esos ingresos, sostuvo, serán clave tanto para el sostenimiento de políticas públicas como para afrontar el repago del bono. “La principal fuente para garantizar ese pago va a ser la propia producción de energía del parque”, afirmó.

Deuda y estrategia judicial

En relación con la deuda, el jefe de Gabinete reiteró que la Provincia busca reordenar los compromisos a través de la reestructuración en curso. “La voluntad del Gobierno no es desconocer ni dejar de pagar indefinidamente, sino reestructurar en una curva que dé seguridad tanto a los bonistas como a la Provincia”, señaló. 

Sobre la demanda radicada en tribunales de Nueva York, indicó que forma parte de ese escenario y advirtió que los acreedores impulsan una estrategia para ampliar el litigio a tribunales del estado de Massachusetts. No obstante, remarcó que, desde el punto de vista jurídico, no existe posibilidad de ejecución de esas sentencias en la Argentina, y volvió a llevar tranquilidad: “El Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco son activos de los riojanos, van a seguir siendo de la Provincia y los vamos a defender judicialmente con todas las herramientas disponibles”.

En ese marco, el Gobierno provincial busca instalar que, más allá del atraso en el Bono Verde, no hay un escenario de colapso ni de pérdida de activos, sino un proceso de negociación en curso para reordenar la deuda en condiciones sostenibles.

Incumplimiento de Nación

Al abordar el origen de las dificultades, el Gobierno volvió a poner el foco en la relación con Nación. “Las dificultades financieras que llevan a este tipo de situaciones están directamente vinculadas con el incumplimiento de la Nación en la transferencia de los fondos que legítimamente le corresponden a nuestra Provincia”, afirmó Luna Corzo.

Según indicaron, esos recursos -incluidos fondos extra coparticipables previstos en presupuestos anteriores- fueron discontinuados, lo que impactó directamente en las finanzas provinciales. El reclamo fue judicializado ante la Corte Suprema hace más de dos años, aunque desde el Ejecutivo cuestionan la falta de avances. En el plano internacional, el jefe de Gabinete también buscó despejar dudas sobre posibles consecuencias del litigio. “La soberanía nacional no permite la ejecución de una sentencia del estado de Massachusetts en la República Argentina”, aseguró, en base al asesoramiento de los equipos legales de la Provincia. Al mismo tiempo, interpretó la circulación de versiones alarmistas como parte de una estrategia de presión. “Suponemos que forman parte de una estrategia jurídico-comunicacional por parte de los bonistas”, señaló.

Finalmente, el funcionario ratificó que la Provincia mantiene abierta la vía del diálogo para resolver el conflicto, tanto con los acreedores como con el Gobierno nacional. “La voluntad de diálogo de nuestra parte siempre estuvo. Lo que está faltando es la predisposición por parte de la Nación”, concluyó. Participaron también de la conferencia el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera; el asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea; el ministro de Hacienda, Fabián Blanco; el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, y el Fiscal de Estado Emilio Rodríguez.