Violencia de género institucional: cómo la justicia puede convertirse en un terreno hostil para las mujeres

El fenómeno de la violencia de género institucional abarca mucho más que situaciones de violencia doméstica directa. En la Argentina, los tribunales pueden convertirse en espacios donde el ejercicio de los derechos por parte de las mujeres —ya sea en procesos de alimentos, divorcios, régimen de visitas, sucesiones u otras causas civiles— resulta en nuevas formas de opresión y desgaste, principalmente para quienes quedan a cargo del cuidado de hijas e hijos.

Violencia procesal y vicaria: el proceso como campo de batalla

La violencia de género a través del sistema judicial se produce cuando los procedimientos judiciales, lejos de reparar, suman obstáculos a la vida de las mujeres. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una madre inicia una demanda de alimentos en favor de sus hijos e hijas y la contraparte, o incluso el propio sistema, posterga las resoluciones, multiplica los trámites, exige reiteradas pruebas o relativiza la urgencia de la necesidad alimentaria.

En este contexto, emerge además una forma particularmente cruel: la violencia vicaria, en la que los hijos e hijas se convierten en instrumentos de agresión hacia la madre. El agresor utiliza a los niños como medio de control o castigo, sabiendo que nada duele más que ver afectado su bienestar. Así, el incumplimiento deliberado de las obligaciones alimentarias, la manipulación del vínculo filial o el uso del régimen de visitas para hostigar se transforman en modos de continuar la violencia bajo apariencia de legalidad.

También sucede en procesos sucesorios, donde la demora y la burocracia pueden dejar a las mujeres cuidadoras sin recursos por años, estrangulando económicamente a familias enteras. En separaciones y divorcios, la lentitud judicial, la falta de perspectiva de género y la exigencia de justificar una y otra vez la necesidad de protección o sustento económico constituyen formas de revictimización. Incluso, el cuestionamiento de la maternidad o la sospecha permanente sobre la palabra de la mujer refuerzan antiguos estereotipos sexistas desde una supuesta neutralidad judicial.

Barreras, desgaste y revictimización: la lógica patriarcal en las instituciones

La persistente carga administrativa, los costos procesales, la exigencia de presencia en audiencias reiteradas y la falta de comprensión sobre las dinámicas de género terminan sancionando a las mujeres por el solo hecho de ejercer el cuidado. Los tribunales pueden verlas como “litigantes crónicas” mientras los hombres ausentes de obligaciones son a menudo denominados “padres interesados” cuando deciden participar.

Esta aparente neutralidad oculta una estructura profundamente desigual: el tiempo, el dinero y la energía que demandan los procesos judiciales penalizan a quienes ya asumen la mayor carga de cuidados en la sociedad. De este modo, el poder judicial deja de ser acceso a justicia y se transforma en otro escenario de opresión, donde la mujer vuelve a ser “acusada” —ya no sólo por lo que reclama, sino por atreverse a exigir justicia para sí y sus hijos e hijas. Cuando el maltratador utiliza a los chicos para seguir dañando a la madre, esa violencia vicaria se ve reforzada por la inacción o la ceguera institucional que permite su continuidad.

Repensar la justicia: perspectiva de género en todos los procesos

La violencia de género institucional es real y puede manifestarse tanto en la omisión de medidas urgentes como en el trato irrespetuoso o la falta de empatía judicial. Repetir declaraciones, presentar pruebas interminables, enfrentar demoras injustificadas y sentirse juzgada por ejercer el derecho a una vida libre de violencia y a la alimentación de los hijos es una realidad cotidiana para muchas mujeres en la Argentina.

El reconocimiento de esta problemática es urgente y reclama la aplicación transversal de la perspectiva de género en todos los fueros judiciales, no sólo en la órbita penal y de violencia familiar. La formación de operadores judiciales, la simplificación de trámites, la garantía de celeridad procesal y la verdadera escucha activa son pasos fundamentales para transformar el derecho en una herramienta de equidad y cuidado, no de control y castigo.

Conclusión: Justicia sin violencia, en todos los procesos

Nombrar es visibilizar. El primer paso para evitar la violencia procesal y vicaria de género es reconocer que los procesos judiciales no deben convertirse en nuevos campos de batalla para quienes, históricamente, han sido relegadas al rol de cuidadoras solitarias. El desafío es hacer de la justicia un lugar de reparación y acompañamiento real, donde el acceso a derechos no implique nuevas formas de sufrimiento, sino que garantice igualdad, dignidad y protección para todas.