El terrible caso de Goli Kouhkan: la casaron a la fuerza a los 12, mató a su marido para defender a su hijo y ahora Irán la quiere ejecutar
La mujer fue obligada a contraer matrimonio con su primo a los 12 y fue madre a los 13. Tras años de violencia, fue condenada a muerte por un incidente en el que intentó defender a su hijo. La ONU advierte que su sentencia es una "profunda injusticia".
El sistema judicial de Irán se prepara para ejecutar este mes a Goli Kouhkan, una joven de 25 años cuya vida estuvo marcada por la violencia institucional y doméstica desde su infancia. Un grupo de ocho expertos independientes de las Naciones Unidas emitió este martes una alerta urgente para frenar la sentencia contra esta mujer de la minoría baluchí, quien permanece indocumentada y en el corredor de la muerte. Los especialistas calificaron el caso como un ejemplo brutal del sesgo de género sistémico que enfrentan las víctimas de matrimonio infantil en la República Islámica.
La tragedia de Kouhkan comenzó mucho antes del crimen que se le imputa: a los 12 años fue forzada a casarse con su primo y, apenas un año después, dio a luz a su hijo en su casa, sin ningún tipo de asistencia médica. Durante años, mientras trabajaba como jornalera agrícola, fue sometida a una violencia física y psicológica constante. Esta espiral de abusos culminó en mayo de 2018, cuando ella tenía 18 años y su esposo comenzó a golpearla brutalmente tanto a ella como a su hijo de cinco años.
La menor fue obligada a casarse cuando tenía 12 años... con su primo
Según la reconstrucción de los hechos citada por los expertos, la joven pidió ayuda a un pariente en medio de la agresión. Se desató entonces una pelea que terminó con la muerte del marido. Sin embargo, el proceso judicial que siguió estuvo plagado de irregularidades: Kouhkan, que es analfabeta y no tuvo acceso a una defensa legal real, fue obligada a confesar y asumir toda la responsabilidad por el homicidio, ignorando el contexto de legítima defensa.
La única vía legal que le queda para salvar su vida es el pago de "dinero de sangre" (diyeh), un mecanismo permitido por la ley islámica iraní que otorga a la familia de la víctima la potestad de perdonar al condenado a cambio de una compensación económica. Los familiares del esposo accedieron, pero exigieron una suma exorbitante: 90.000 dólares. Los relatores de la ONU denunciaron que este monto es "considerablemente más alto que la tasa recomendada" y está completamente fuera del alcance de una mujer empobrecida y marginada.
"Kouhkan se enfrenta a la ejecución no por justicia, sino porque no puede pagar por su vida", sentenciaron los expertos en su comunicado. Advirtieron que llevar a cabo la pena capital constituiría una violación grave del derecho internacional, ya que el Estado estaría matando a una sobreviviente que soportó años de violencia de género y que actuó para protegerse a sí misma y a su pequeño hijo.
Un patrón de criminalización contra las víctimas
El caso de Goli Kouhkan no es un hecho aislado, sino el reflejo de un patrón alarmante en la justicia iraní. Los expertos de la ONU señalaron que casi la mitad de las 241 mujeres ejecutadas en el país entre 2010 y 2024 fueron condenadas por homicidio, y en la mayoría de los casos las víctimas eran sus maridos o parejas íntimas. Muchas de estas mujeres, explicaron, eran víctimas previas de violencia doméstica o matrimonio infantil que actuaron en defensa propia.
"Su ejecución representaría una profunda injusticia", afirmaron los mandantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quienes subrayaron que el sistema penal iraní falla sistemáticamente al no proteger a las mujeres y niñas. La declaración pone de relieve cómo las leyes actuales terminan revictimizando a quienes ya sufrieron abusos
El contexto global agrava la preocupación: según organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Irán se mantiene como el segundo “verdugo” más prolífico del mundo, solo superado por China. La inminencia de la ejecución de Kouhkan volvió a poner el foco internacional sobre la aplicación de la pena de muerte en casos manchados por la falta de garantías y la discriminación de género.
TC/DCQ