Estados Unidos y Ecuador celebraron un ataque a un campamento narco, pero habrían bombardeado una finca lechera
La Alianza por los Derechos Humanos presentó una denuncia de 13 páginas a las autoridades ecuatorianas y a las Naciones Unidas afirmando que los militares atacaron a población civil.
A comienzos de marzo, las autoridades estadounidenses mostraron un video donde podía verse una gran explosión que destruía, supuestamente, un campo de entrenamiento de narcotraficantes en un área rural de Ecuador. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que luego de atacar durante meses a embarcaciones que "transportaban drogas", el ejército de Estados Unidos “ahora bombardea a narcoterroristas en tierra”. Sin embargo, una investigación afirma que, en realidad, destruyeron una finca ganadera y lechera.
Así lo asegura una investigación realizada por The New York Times. El prestigioso medio estadounidense entrevistó al dueño de la finca, a sus empleados, a abogados de derechos humanos y a residentes de San Martín, la pequeña localidad agrícola ubicada al norte de Ecuador donde ocurrió el bombardeo.
El ataque contra supuestas propiedades del narcotráfico en Ecuador
Cuatro de los cinco trabajadores de la granja describieron como un helicóptero con más de una decena de soldados ecuatorianos arribó al lugar el 3 de marzo y coparon la propiedad con las armas desenfundadas. Según estos empleados, todos colombianos, los militares les ataron las muñecas y los acusaron de esconder armas y drogas, en colaboración con los grupos narcotraficantes de la región. Además, les preguntaron por personas específicas, que ellos no conocían.
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El encargado de la finca aportó que los soldados le exigieron ver las “caletas” de la finca y él le respondió que se trataba de una granja.
Tras soltar a un trabajador de 66 años, los militares empezaron a golpear al resto de los empleados, uno de los cuales se desmayó dos veces cuando le metieron la cabeza dentro de un barril de agua y amenazaron con ahogarlo. Tras subir a los cuatro peones a un helicóptero, arrojaron nafta sobre dos viviendas y los cobertizos de herramientas y de fabricación de queso de la finca y los incendiaron.
Según los campesinos, fueron trasladados a lo que imaginan era una base militar a 20 minutos de distancia. Allí, los soldados los asfixiaron usando sus propias camisas y les aplicaron descargas eléctricas usano pistolas aturdidoras. Al amanecer los soltaron, ordenándoles que volvieran a Colombia.
Por su parte, habitantes de la localidad revelaron que los helicópteros regresaron a la hacienda el 6 de marzo y arrojaron explosivos sobre los restos quemados de la edificación. Los soldados ecuatorianos grabaron la escena y esas imágenes fueron las que luego funcionarios estadounidenses y de Daniel Noboa mostraron como prueba del bombardeo a un campamento de "narcotraficantes".
En un comunicado de prensa, el ejército ecuatoriano declaró que esa propiedad era usada por narcotraficantes para esconder armas, entrenarse y descansar. Tanto el propietario de la finca como los residentes locales negaron esas declaraciones.
Según los habitantes de San Martín, el ataque en realidad fue parte de un operativo mayor, porque los soldados ecuatorianos quemaron dos casas abandonadas a comienzos de esa semana y luego las bombardearon desde un avión. De acuerdo a los vecinos, ni la granja lechera ni las otras dos viviendas estaban vinculadas a actividades ilícitas.
El Gobierno ecuatoriano aseguró en un comunicado de prensa que había tenido el “apoyo” de Estados Unidos para atacar la finca, a la que definió como un campamento usado para entrenar a “aproximadamente 50 narcotraficantes”. Agregaron que, además, se trataba de una “zona de descanso” del líder de Comandos de la Frontera, un grupo colombiano que trafica cocaína en la frontera entre Ecuador y Colombia. También afirmaron que los soldados habían logrado recuperar armas y otros “indicios vinculados a las actividades ilícitas” en la propiedad, pero no mostraron pruebas de estas acusaciones.
Ante los fuertes cuestionamientos recibidos por el procedimiento, los militares ecuatorianos remitieron las preguntas al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien tampoco respondió, detalló The New York Times.
Kingsley Wilson, secretaria de prensa del Pentágono, confirmó que el ataque del 6 de marzo se realizó “conjuntamente” con Ecuador, afirmando que “debido a la seguridad de las operaciones, no hablaremos de tácticas específicas ni de detalles sobre los objetivos”.
Otras versiones sobre el ataque contra la finca y las dos casas de Ecuador
The New York Times habló con dos funcionarios estadounidenses que pidieron mantener su anonimato, quienes le aseguraron que las Fuerzas Especiales estadounidenses dieron orientación a los soldados ecuatorianos en el ataque a las dos viviendas abandonadas porque ambos ejércitos sospechaban que eran usadas por narcotraficantes. Uno de los oficiales agregó que el ejército estadounidense envió un helicóptero para ayudar a Ecuador en el ataque a la finca, pero no participó de manera directa en su destrucción.
El coronel retirado y exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano Mario Pazmiño explicó que era “un protocolo” destruir cualquier sitio usado por narcotraficantes colombianos en territorio ecuatoriano. Luego añadió que importantes cargos militares y de seguridad de Ecuador le habían revelado que el ejército había determinado que la propiedad era usada por el líder de los Comandos de la Frontera e integrantes de su organización para dormir.
Pazmiño validó los relatos de los residentes al reconocer que las fuerzas ecuatorianas interrogaron a cuatro personas en la propiedad, y usaron helicópteros para bombardear la finca, ataque en el que, según su testimonio, no intervino el ejército estadounidense.
Por su parte, un representante de los Comandos de la Frontera habló con el mencionado medio negando que su grupo hubieran usado esa propiedad para descansar o entrenarse.
El testimonio del dueño de la finca confundida con un campamento narco
Miguel, el propietario de la finca destruida, un carpintero de 32 años y padre de dos hijos, aseguró que compró el lugar de 350 acres seis años atrás por 9.000 dólares, y que en ella se crían más de 50 vacas usadas para producir leche y carne. Como prueba de sus palabras, les mostró a los periodistas el título de propiedad del terreno y fotos del lugar antes de ser bombardeado.
El hombre negó que el lugar se usara como campo de entrenamiento y se mostró sorprendido por la decisión del ejército de bombardearlo. La Alianza por los Derechos Humanos presentó una denuncia de 13 páginas a las autoridades ecuatorianas y también a las Naciones Unidas afirmando que los militares habían atacado población civil.
Por su parte, Vicente Garrido, vicepresidente de la junta de San Martín, aseguró que lo que quieren es que “se esclarezca la verdad”, remarcando que no se trataba de un campo de entrenamiento: “Son solo viviendas”.
La localidad, donde actualmente viven una veintena de familias, está ubicada en las orillas del río San Miguel, que separa Ecuador de Colombia. Según los residentes, deben convivir con patrullas militares que sospechan de ellos al considerarlos cómplices de los grupos armados que se mueven por la región, incluyendo los Comandos de la Frontera.
HM/ML