Guerrilla electoral entre oficialismo y oposición: crecen las denuncias de corrupción de unos contra otrosedu

(Desde San Pablo) El Brasil de la democracia, recuperada en 1985, tiene sus peculiaridades. Las elecciones presidenciales suelen dar lugar, al menos con un año de anticipación, a investigaciones de hechos de corrupción que terminan por involucrar a postulantes del oficialismo y de la oposición. A veces, se acusa en forma directa a los candidatos; en otras, en cambio, se los condena por relaciones con los personajes delictivos. 

Esa rutina acaba de volver con fuerza frente a los comicios de octubre de 2026: cuando faltan 7 meses para elegir presidente, gobernador y congresistas, afloran las presuntas conexiones de los políticos aspirantes a cargos oficiales, con casos delictivos resonantes. 

Tal vez, la diferencia en esta oportunidad se exprese con la notable polarización de la sociedad brasileña. Ese fenómeno estuvo presente en 2022, pero con una diferencia: Luiz Inácio Lula da Silva contó entonces con un sólido apoyo del centro y la centroderecha, una alianza que fue estimulada por el apoyo decidido de Joe Biden y el establishment norteamericano. 

Todo indica que en octubre próximo, Lula deberá competir mano a mano con otro Bolsonaro. Se trata de Flavio, hijo del ex mandatario y que ocupa una  banca en el Senado. Y las encuestas revelan ahora una paridad similar a la de cuatro años atrás, cuando la distancia fue menor al 2%. En este escenario, emergen dos procesos ventilados por los grandes medios; uno de ellos refiere a un banquero, Daniel Vorcaro, cuyas operaciones al estilo del financista americano Bernie Madoff, llevaron el Banco Master, de su propiedad, a la quiebra en 2025, con las consecuencias conocidas de clientes damnificados. 

Según evaluaba hoy Valor, el principal diario económico del país, “la expectativa es que haya, ahora, una delación premiada del banquero Vorcaro, lo que deja turbado al mundo político, y que puede impactar en las sesiones del Parlamento, además de exponer al Supremo Tribunal Federal a una grave crisis interna. Todo esto tiene el potencial de contaminar la elección presidencial”. 

La historia de ese fraude tiene sus raíces en el gobierno bolsonarista, cuando estaba al frente del Banco Central Roberto Campos Neto, pero también podría manchar alguna que otra figura de la actual gestión de Lula. El financista Vorcaro, como todos los de su laya, tuvo contactos con lo más granado de la vida pública brasileña: en su lista de relaciones figuran jueces del Supremo  el Tribunal Federal (la Corte), diputados, senadores y funcionarios del BCB.

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Hay un segundo proceso que disputa la escena y las notas periodísticas: se refiere a un gigantesco fraude en el Instituto Nacional de Seguridad Social, que se ocupa de los jubilados. Un esquema delincuencial permitió a una parte de la dirección del INSS apropiarse de fracciones de los salarios de los jubilados mediante “descuentos” ilegítimos. 

Las operaciones delictivas de funcionarios del INSS comenzaron durante el gobierno de Bolsonaro y siguieron durante el primer año de la tercera presidencia de Lula. Lo cierto es que la investigación, realizada por la Policía Federal, podrá repartir golpes a diestra y siniestra, en esta polarizada elección brasileña.

Para el actual líder brasileño, lo que más preocupa de esta historia es una presunta conexión de su hijo, Fabio Luis Lula da Silva, con personas que fueron parte del esquema criminal contra los jubilados. El bolsonarismo se apresuró a montar una Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación que debía resultar en un documento, con impacto perjudicial para el actual gobierno nacional. El último sábado fue presentado el informe final y el diputado que presidía la comisión pidió la prisión preventiva del hijo de Lula, a quien la prensa bautizó como “Lulinha”. Rápidamente, el oficialismo en el Congreso armó el rechazo a ese dossier y a la demanda de encarcelamiento preventivo de Fabio Lula da Silva.  

Pero también se apuró a montar una denuncia en las redes sociales, mediante la divulgación de un video donde incrimina a Flávio Bolsonaro, el candidato oponente, por presuntos contactos con el narcotráfico de Río de Janeiro.  El Partido Liberal, de la familia Bolsonaro, se apresuró a descalificar la versión: “Es la rutina de siempre: discurso de amor en la TV y la mano en el bolsillo del brasileño” declaró en una nota contra el PT. Esa sentencia vale también para los partidos y personajes políticos de la ultraderecha de Brasil.