Rockhopper desafía las sanciones “ilegítimas” de Argentina y seguirá explotando petróleo en Malvinas
La compañía británica participa del proyecto junto a la israelí Navitas, operadora de Sea Lion. Las perforaciones comenzarían en 2027 y producirían los primeros barriles de petróleo en las islas a partir de 2028.
La explotación de petróleo en las Islas Malvinas volvió a tensar la relación entre Argentina y las empresas que operan en la zona cuando, en su informe semestral presentado en la Bolsa de Londres, la británica Rockhopper ratificó que mantiene su plan para avanzar con el proyecto Sea Lion, que prevé comenzar a producir hidrocarburos en el primer trimestre de 2028. Además, calificó las medidas argentinas como “ilegítimas y carentes de justificación jurídica”.
A través del documento oficial, la petrolera hizo mención a la escalada de tensiones diplomáticas y judiciales impulsada por el Gobierno de Javier Milei en las últimas semanas en torno a la explotación de recursos en el archipiélago disputado. “Los comentarios y las posteriores amenazas del Gobierno argentino contra empresas y personas vinculadas con el sector de hidrocarburos de las islas Malvinas generaron un período de mayor atención mediática y política”, señaló.
Rockhopper además sostuvo que Navitas, la otra empresa involucrada en el proyecto Sea Lion, opera con licencias petroleras que considera válidas, otorgadas por el Gobierno de las Islas Malvinas.
En el mismo sentido, el director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, ratificó que el objetivo es alcanzar la primera producción de petróleo durante 2028 y remarcó que atraviesan “un período decisivo” para el proyecto.
Sea Lion es un proyecto de explotación petrolera offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas. La iniciativa está encabezada por Navitas Petroleum, de origen israelí, que tiene el 65% de participación y es la operadora, y Rockhopper Exploration, de origen británico, que conserva el 35%.
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La primera etapa del proyecto contempla 11 pozos y apunta a iniciar la producción durante el primer trimestre de 2028, con una capacidad prevista de hasta 55.000 barriles de petróleo por día.
A posteriori, la segunda etapa sumará otros 12 pozos y, más adelante, están previstas nuevas fases de desarrollo. Para las etapas posteriores, Navitas proyecta ampliar considerablemente la producción, con una capacidad de hasta 125.000 barriles diarios en el Área de Desarrollo Central.
Dicha iniciativa ya había recibido la decisión final de inversión en diciembre de 2025, por unos US$1.800 millones para desarrollar la primera fase. La perforación de desarrollo está prevista para comenzar a principios de 2027.
La respuesta de Argentina
La Cancillería argentina sostiene que las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio nacional y considera ilegítima la explotación de recursos naturales en esas áreas sin autorización argentina. Al hablar por cadena nacional, el Gobierno había advertido sobre el avance de Sea Lion y lo había definido como un “peligro concreto y urgente”, al sostener que el proyecto permitiría la extracción de un recurso que considera argentino.
Además, llevó el reclamo al plano internacional. Milei cuestionó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el avance de Sea Lion y sostuvo que “hoy, el proyecto Sea Lion avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina” mediante licencias británicas.
Desde el ámbito judicial, la Argentina también busca avanzar. En septiembre, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto hizo lugar a una medida cautelar presentada por excombatientes y organizaciones ambientalistas y ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o continuar determinadas actividades vinculadas con Sea Lion.
Borruto aclaró que la decisión no constituye un “pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal”.
El fallo estableció que la suspensión se mantendrá mientras avance el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad competente.
MV
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