Caso $Libra: el fideicomiso ‘The Libra Trust’ de Hayden Davis se lanzó en un paraíso fiscal y generó dudas por falta de información

El fideicomiso “The Libra Trust”, creado por Hayden Davis y vinculado al escándalo del token $LIBRA, se constituyó en una jurisdicción offshore no identificada públicamente, con opacidad total en registros, operaciones y cuentas bancarias. Ante esta falta de información, surgen sospechas de opacidad, riesgo legal y posibles irregularidades, incertidumbre sobre beneficiarios y procedimientos mientras se busca determinar cómo se canalizarán los fondos disponibles.

Simultáneo al lanzamiento, se produjo justo antes de una audiencia en Nueva York, con el objetivo declarado de canalizar recursos del token hacia pymes argentinas mediante subvenciones, aunque sin transparencia completa sobre su destino final ni supervisión oficial establecida. Aún así, no se detallan los procedimientos de selección, responsables ni mecanismos de trazabilidad, lo que deja abierta la posibilidad de irregularidades en la distribución de los fondos.

Así, el escándalo que involucra a Davis y al presidente Javier Milei, activo desde febrero de este año, suma ahora nuevas interrogantes. El lanzamiento del “trust” se produjo cinco días después de que la jueza federal Jennifer L. Rochon levantara el embargo preventivo sobre los fondos obtenidos por los demandantes en la demanda colectiva (“class action”), justo cuando se definía si se impondrían restricciones sobre los recursos en billeteras virtuales.

Ese mismo día, el experto informático Fernando Molina afirmó que la decisión de Davis de crear el fideicomiso comenzó a gestarse el 19 de agosto, cuando su equipo registró el dominio web del “trust”. Aunque la página estuvo lista desde entonces, la formalización y lanzamiento oficial se realizó recién el martes último, minutos antes de que la jueza Rochon iniciara la audiencia clave sobre la trazabilidad de los fondos.

Siguiente, en la audiencia, Mazin Ahmad Sbaiti, abogado de Davis, comunicó que el fideicomiso se constituyó offshore, fuera de jurisdicciones estadounidenses o argentinas. A partir del portal oficial, esto fue necesario por “los políticos de izquierda”, sin revelar el país elegido, garantizando máxima confidencialidad, protección legal y ventajas fiscales.

A pesar de que la defensa de Davis sostiene que el fideicomiso demuestra la legalidad del proyecto y asegura que los fondos llegarán a las pymes argentinas como se había anunciado al lanzar $LIBRA, afirmaron que 'todo se ha hecho con profesionales serios y verificados', aunque no dieron detalles sobre los beneficiarios ni los mecanismos de control.

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En contraste, críticos y querellantes consideran que el fideicomiso es una maniobra para evitar la supervisión judicial. “’Libra Trust’ no parece un proyecto genuino para ayudar a emprendedores. Surge justo en medio del proceso judicial, cuando los fondos podrían quedar bajo control de la Justicia”, advirtió el diputado nacional Oscar Agost Carreño, integrante de la comisión legislativa del Congreso. “No es el final del caso $LIBRA: es un intento de esquivar las consecuencias de un posible fraude en plena investigación”, agregó.

Qué papel tuvo Javier Milei según el informe final de la comisión investigadora

El informe final de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso $LIBRA concluye que el presidente argentino Javier Milei tuvo una “colaboración imprescindible” en la presunta estafa con criptomonedas. A través del documento, promocionó públicamente el token utilizando su investidura presidencial, sin controles previos ni advertencias de organismos estatales, ignoradas o no respondidas oportunamente.

Se documentan 16 reuniones con los organizadores, incluyendo a Hayden Davis, muchas de ellas facilitadas por Karina Milei, y la publicación de un contrato no público en redes sociales, lo que refuerza vínculos directos previos a la operación de “rug pull” que afectó a 114.410 billeteras digitales. Así, la comisión considera que estos hechos representan un grave entorpecimiento institucional sistemático, dado que el Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera no actuaron con la diligencia esperada.

A pesar de ello, el oficialismo calificó el documento como un “delirio” ilegal, sin presentar contrapruebas, pese a las 14 reuniones y 2.000 fojas que respaldan la investigación. Por su parte, los opositores enviaron el informe a la Justicia argentina, que ya investiga los hechos bajo la ley RICO en Estados Unidos.

MV/DCQ