Causa Cuadernos: los arrepentidos detallan la “Camarita” y apuntan a Cristina Kirchner

La causa Cuadernos volvió este jueves a exponer el entramado de vínculos entre funcionarios, empresarios y financistas durante los gobiernos kirchneristas. En la novena audiencia del juicio oral, el Tribunal Oral Federal 7 retomó la lectura de la acusación del tramo conocido como “la Camarita”, donde se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación y el pago de contratos de obra pública vial vinculados a la Cámara Argentina de Empresas Viales. 

En este contexto se repasaron los aportes de varios imputados colaboradores –entre ellos los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner, el financista Ernesto Clarens y el exsecretario de Obras Públicas José López–, que describieron un sistema de aportes exigidos a compañías constructoras para destrabar pagos del Estado y financiar la política, con menciones directas a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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“No se puede hacer política sin plata”: presiones a empresas viales

Según la acusación leída en la sala virtual, Roggio relató que fue presionado por la cúpula de Planificación para aceptar un esquema de aportes. Recordó que Julio De Vido le dijo en una reunión que “no se puede hacer política sin plata” y que, tras negarse a participar de ese circuito, a su grupo empresarial lo “ralearon” de las adjudicaciones más importantes y sufrió demoras prolongadas en el cobro de certificados, redeterminaciones de precios e intereses. Los pagos para “la política” se le habrían reclamado como condición para destrabar esas trabas administrativas. 

En la misma línea, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, otro de los arrepentidos clave, admitió que realizó pagos a Clarens para intentar sortear el ahogo financiero provocado por atrasos sistemáticos de Vialidad Nacional. Describió un contexto en el que las demoras y arbitrariedades en los pagos “crearon una situación muy complicada” para las empresas, que terminaron recurriendo a aportes que, según la acusación, funcionaban como sobornos.

Otros empresarios, como Miguel Aznar y Ángelo Calcaterra, también fueron citados en la lectura de sus descargos y colaboraciones. En esos tramos se detallan las entregas de dinero al entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, y el rol de Clarens como gestor para acelerar pagos atrasados, a cambio de retribuciones en efectivo, muchas veces de su propio peculio.

El rol de Clarens y la ruta del dinero hacia El Calafate

Uno de los pasajes más fuertes de la audiencia fue la lectura de la declaración del financista Ernesto Clarens, señalado como pieza central en el circuito de cobros. Según la acusación, Clarens recibía el dinero de las empresas, lo cambiaba a dólares y se lo entregaba a José López, quien coordinaba con Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner.

Clarens sostuvo que “el destino final del dinero siempre era El Calafate” y describió que los fondos se guardaban en archivos metálicos dentro de una bóveda ubicada en la casa del matrimonio Kirchner en esa localidad santacruceña. También relató que los viernes se trasladaban valijas con efectivo en aviones oficiales que despegaban desde el sector militar de Aeroparque hacia Río Gallegos o El Calafate.

El financista dividió el funcionamiento de la “Camarita” en dos etapas: una primera, entre 2004 y 2010, vinculada a la cartelización de las licitaciones –con un sobreprecio de alrededor del 20%, del cual un 10% se destinaba a coimas y otro 10% a generar dinero negro–, y una segunda fase, tras la muerte de Néstor Kirchner, en la que, según su relato, se reactivó la recaudación con foco en los pagos atrasados de Vialidad.

López, los bolsos y el vínculo con Cristina Kirchner

La audiencia de este jueves también retomó la colaboración de José López, quien ya había reconocido la existencia de un sistema de recaudación sobre obras viales. Entre otros puntos, se releyó el tramo en el que reconstruye la noche de junio de 2016 en que intentó esconder bolsos con casi 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez, episodio por el que fue detenido. López dijo que estaba “sumamente nervioso y paranoico” y que actuó siguiendo indicaciones que, a través de Fabián Gutiérrez, atribuía a Cristina Kirchner.

En su descargo, López afirmó que temía por su vida y la de su familia y definió a la expresidenta como “una persona muy vengativa”. Señaló, además, que en 2011 fue convocado por ella en Olivos, donde le habría pedido el listado de pagos de todas las obras del Ministerio de Planificación y, en particular, de Vialidad Nacional.

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Según esa versión, López elaboraba mensualmente un listado con los certificados de obra a pagar, en base a la información de Vialidad y al cupo presupuestario que fijaban De Vido y Roberto Baratta. Ese listado, dijo, se entregaba tanto al ministro como a la presidenta para su aprobación. Cristina, de acuerdo con la acusación, se concentraba en los montos destinados a cuatro empresas –entre ellas Austral Construcciones y Electroingeniería– y el resto se distribuía en forma proporcional entre las demás firmas.

López ubicó así a la entonces mandataria en la cúspide de la cadena de decisiones sobre qué compañías cobraban primero en un contexto de fuerte iliquidez de Vialidad. En paralelo, describió un flujo constante de entregas en efectivo –en sobres de entre 100 mil y 300 mil dólares– para De Vido y Baratta, con escenas que incluían sobres dejados en un baño del despacho ministerial.

Del otro lado, la lectura del requerimiento incluyó los descargos de exfuncionarios y empresarios que niegan haber participado de la asociación ilícita o del circuito de sobornos. El extitular de Vialidad, Nelson Periotti, rechazó haber integrado una estructura de recaudación y sostuvo que su firma en las resoluciones era parte de sus atribuciones administrativas. Un exfuncionario del organismo, Sergio Passacantando, se quejó incluso en plena audiencia de que se haya difundido públicamente su número de teléfono, que –dijo– sigue siendo el mismo. 

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Entre los empresarios, representantes del Grupo Cartellone negaron haber pagado coimas y afirmaron que, frente a los atrasos en los pagos, recurrieron al circuito formal de descuento de certificados en bancos. Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, también rechazó haber entregado dinero a Uberti o Clarens y planteó que se le impidió un careo con quienes lo señalan en el expediente. 

La causa Cuadernos llegó a juicio oral en noviembre y tiene como principal acusada a Cristina Fernández de Kirchner, junto con 22 exfuncionarios y 65 empresarios señalados por su rol en un entramado de recaudación ilegal entre 2003 y 2015. El tramo de la “Camarita” se concentra específicamente en la obra pública civil, energía y transporte, desprendida de la investigación original por los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Tras casi seis horas de audiencia, el TOF 7 dispuso un cuarto intermedio. El debate se reanudará el próximo martes 16 de diciembre, a las 13.30, con la continuidad de la lectura de las colaboraciones de los imputados arrepentidos y de los descargos de los acusados. La reconstrucción de la “Camarita” y del rol de cada uno de los protagonistas seguirá siendo uno de los ejes centrales del tramo judicial que mantiene a la expresidenta en el banquillo.