Juicio por el ARA San Juan: la defensa del exjefe de Submarinos tildó de nula la acusación y se aferró al enigma de los 120 minutos

¿Es posible condenar a un oficial por un misterio absoluto de 120 minutos en el fondo del océano? Sobre esa profunda incógnita se paró la defensa en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan en Río Gallegos, abriendo una enorme grieta frente a la acusación previa de los familiares de las víctimas. El debate oral ingresó en su etapa decisiva con un choque total de estrategias: mientras las querellas denunciaron una destrucción material anunciada por falta de mantenimiento, la defensa del exjefe de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, contraatacó asegurando que el colapso de la nave es un enigma técnico imposible de reprochar penalmente.

El abogado Juan Pablo Vigliero desplegó un acalorado alegato de más de dos horas ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz para voltear el pedido de cinco años de prisión que pesa sobre Villamide. De entrada, solicitó la nulidad de la acusación fiscal argumentando que el Ministerio Público jamás precisó qué omisión concreta cometió su defendido ni de qué manera eso incidió en el desenlace. "No conocemos las causas del estrago: ¿cómo defenderse de lo que no se conoce?", disparó el letrado frente a los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez.

El corazón de la defensa apuntó a ese gran bache de tiempo entre la última comunicación del submarino y la implosión. Vigliero subrayó que hay dos horas de un vacío total donde es un misterio lo que pasó a bordo. También marcó que los tripulantes no llegaron a activar ni un solo sistema de emergencia, como largar la radiobaliza o soplar los tanques. Para el abogado, ese silencio dejó en claro que sufrieron un evento fulminante que atrapó y dejó sin reacción a los marinos, por lo que consideró que no tiene sentido penal buscar culpables entre los jefes que estaban en tierra 

Apoyado en lo que calificó como una "tonelada de pruebas", el abogado repasó los testimonios de casi 90 especialistas y marinos que declararon bajo juramento a lo largo de las audiencias. Mencionó informes de ex comandantes que coincidieron en que las 33 novedades técnicas y las ocho pruebas pendientes no ponían en riesgo la seguridad náutica de la unidad. Además, recordó que apenas 72 horas antes de desaparecer, el sumergible funcionó como un "relojito suizo" al cumplir con éxito un complejo ejercicio de guerra frente a la Flota de Mar.

Durante el alegato, la defensa también buscó repartir las responsabilidades dentro de la Armada. Vigliero definió la operatoria del submarino como un trabajo en equipo donde metían mano miles de personas de distintas áreas. Además, bancó la autonomía del fallecido comandante Pedro Fernández para decidir si el buque estaba para salir o no, y recordó el caso de otro capitán que se plantó, frenó una zarpada y no sufrió ninguna sanción por eso. 

En el momento más emotivo, el defensor comparó a Villamide con un "Ulises moderno", que quedó tirado por la propia institución y por la política después de la tragedia. Al pedir que lo absuelvan de todo, miró fijo al tribunal y advirtió que muchas veces la sociedad prefiere buscar culpables rápidos en lugar de la verdad. "No podemos tapar una tragedia con una injusticia. Este hombre es inocente", remató.

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El choque con el reclamo de las familias

Esta defensa chocó de frente con lo que plantearon las abogadas de los familiares. En los alegatos anteriores, Lorena Arias y Valeria Carreras (que comparten querella con Fernando Burlando) pidieron la pena máxima: cinco años de cárcel efectiva y diez de inhabilitación para Villamide y otros tres altos mandos, incluido el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo.

Lejos de comprar la teoría del "accidente imprevisible", las representantes de las familias aseguraron que el naufragio fue el resultado de un desgaste material tremendo y de acostumbrarse a convivir con el riesgo. En su versión de la historia, apuntaron a la cúpula naval por hacer navegar al único submarino que tenían a mano, a pesar de que acumulaba fallas gravísimas y llevaba 44 meses sin entrar a dique seco para el mantenimiento básico.

Para la querella, el hundimiento fue producto de una cadena de malas decisiones y de ignorar alertas clarísimas. El punto clave de la acusación apuntó a la patrulla de julio de 2017. En ese viaje, el comandante Fernández avisó por escrito que entró agua justo en el sector de baterías de proa. Según las abogadas, las autoridades cajonearon ese informe clave y mandaron a los 44 tripulantes a una misión larguísima en el Atlántico Sur, con un clima extremo que terminó de desatar el desastre.

TC/AF