La Corte Suprema analizará el crimen de Julieta González y prepara un fallo clave sobre la figura del femicidio

Hace más de nueve años, el cuerpo de Julieta González fue hallado en un descampado de Cacheuta, en Mendoza, atado de pies y manos y con la cabeza golpeada por un piedrazo. Su crimen, por el que fue condenado el joven con el que salía, Andrés Di Cesare, volvió a ponerse en debate actualmente porque la Corte Suprema de Justicia comenzó a delinear una resolución que podría tener efectos decisivos en la interpretación judicial del femicidio en Argentina.

El Máximo Tribunal convocó a dos conjueces para intervenir en la causa, que desde su inicio generó un profundo debate jurídico y social sobre la existencia de un vínculo de pareja entre González y Di Cesare y un contexto de violencia de género al que la joven habría sido sometida. Los elegidos por sorteo fueron los jueces federales Rocío Alcalá (de Resistencia) y Gustavo Castiñeira (Mendoza), quienes ya fueron notificados.

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La decisión de convocar a los magistrados revela la magnitud institucional que adquirió el expediente dentro de la Corte, hoy integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Estas incorporaciones, previstsas para situaciones excepcionales, anticipa que los ministros mantienen posturas diferentes y que la sentencia podría definirse por una mayoría ajustada.

Di Césare, acusado principal, fue condenado a 18 años de cárcel por homicidio simple por el Tribunal Penal Colegiado Nº2 de Mendoza en un juicio oral que se realizó en septiembre de 2019. La Fiscalía solicitó que se hiciera lugar al agravante de "violencia de género", pero los jueces lo rechazaron al sostener que no había indicios suficientes para considerar un vínculo de pareja. El colectivo Ni Una Menos y distintos grupos feministas se manifestaron en contra del fallo, que fue apelado por la abogada de la querella, Carolina Jacky.

En 2021, tras una revisión de la Sala Segunda, la Suprema Corte de Justicia mendocina consideró que el asesinato de Julieta se dio en un contexto de violencia de género y agravó la pena contra el hombre a prisión perpetua.

La defensa del condenado recurrió entonces al Máximo Tribunal, mediante un recurso de "casación horizontal", que ahora deberá resolver la cuestión de fondo y determinar si corresponde mantener o no la calificación de femicidio, confirmada en 2021 y ratificada en 2022.

Un crimen que estremeció a Mendoza 

Julieta, de 21 años, desapareció el Día de la Primavera de 2016. Fue encontrada muerta en la montañosa localidad de Cacheuta, seis días después, atada de pies y manos en un descampado cercano al penal de Almafuerte. Su familia, que desde el primer momento señaló a Di Césare como sospechoso, había dicho que ambos tenían un vínculo cercano y se veían con frecuencia. La investigación comprobó que compartían salidas, mensajes y encuentros, pese a que ambos tenían otras parejas.

Rápidamente, se difundió por redes sociales la imagen del hombre al que la joven había presentado días atrás como su "novio". Era precisamente Andrés, hijo de un reconocido empresario del transporte de la provincia, que en ese momento tenía 26 años. No era un desconocido para la familia de Julieta, ya que su mamá, Susana, había contado que se conocían desde niños.

“Después de tantos años, cuando se reencontraron, mi hija vino un día, se río y me dijo ‘mamá, a qué no te imaginás con quien me crucé, estuvimos hablando y me invitó a salir: con el Andresito’. Estaban de novios con otras personas, pero se veían con frecuencia. Me decía que se encontraba con amigas y se iba con él, así durante más de un mes. Fueron a cenar al Hotel Hyatt, a comer comida peruana, venía y charlábamos. Hasta me contó que él le recordó cuando de chicos jugaron a la botellita y se dieron el primer beso", recordó la mujer.

El avance de la causa reveló elementos que incriminaron directamente a Di Césare: rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y la coincidencia de antenas telefónicas el día del crimen. También se descubrieron búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía "detectar ADN de fetos en cadáveres" y "cómo deshacerse de un cuerpo", lo que reforzó la hipótesis de que el agresor la había matado al enterarse de que estaba embarazada.

Según la principal teoría investigativa, la víctima le había contado a Di Césare que esperaba un hijo suyo, él se enfureció y la asesinó a golpes. Los jueces Mauricio Juan, María Alejandra Ratto y Jorge Coussirat descartaron en 2019 la existencia de un vínculo de pareja, lo cual provocó un fuerte rechazo social y movilizaciones de organizaciones sociales y feministas, que reclamaban el reconocimiento del femicidio.

Esta consideración sí fue tenida en cuenta por la Corte provincial. “La multiplicidad de lesiones y el modo en que fue agredido el cuerpo de la víctima son indicadores de una voluntad disciplinadora, de una toma de control por parte del agresor ante la resistencia de la víctima a ser sometida", afirmaron.

Por último, el tribunal mendocino concluyó: "Resulta innegable que existió una discusión, aun cuando se ignore el contenido preciso de la misma, y que Di Césare empleó todos los medios que tuvo a su disposición para imponerse ante la endeble defensa de Julieta González. Estas circunstancias evidencian una clara asimetría de poder, propia de la violencia de género”.

FP/fl