Semana caliente para la causa Andis: "desfasaje" de $ 158 mil millones y declara la ex de Cerimedo
La auditoría realizada sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad encontró "una diferencia" de 158.717.131,63 pesos en los registros de "deuda" de dos áreas del organismo. Y no se sabe lo que puede aportar Nadia Beller desde Bolivia este miércoles.
Una auditoría realizada sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los registros de deuda exigible del organismo, según surge del relevamiento realizado tras la intervención de la agencia. El hallazgo quedó incorporado a un escenario que ya se encontraba bajo investigación judicial por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos.
El informe analizó el funcionamiento de la entonces ANDIS hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que fue desplazado de su cargo el entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo. La revisión incluyó, entre otros puntos, pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas.
El Gobierno había dispuesto una auditoría integral luego de la intervención del organismo. En agosto de 2025, la ANDIS había informado oficialmente el inicio de una revisión destinada a relevar sus procesos administrativos, mientras que posteriormente señaló que el trabajo se desarrollaba bajo supervisión de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
La diferencia entre dos áreas de la ANDIS
El desfasaje de más de $158.700 millones surgió al comparar la información proporcionada por dos áreas centrales de la agencia: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS).
La primera tenía a su cargo los registros presupuestarios y contables, mientras que la segunda intervenía en programas vinculados con el acceso a prestaciones y servicios de salud, entre ellos Incluir Salud.
De acuerdo con el informe, los auditores solicitaron a ambas dependencias información sobre los pagos y las deudas existentes y encontraron una diferencia significativa entre los montos declarados. La DNASS fue el área que informó el nivel de deuda más elevado.
El documento precisó que se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la Deuda Exigible. El hallazgo, por sí solo, describe una inconsistencia entre registros internos: determinar su origen, alcance y eventual responsabilidad forma parte de las tareas posteriores de control y de la investigación judicial.
La propia auditoría también señaló que podían existir imprecisiones en la información aportada por la DNASS. Desde esa dependencia se indicó que los importes y su clasificación podían haber sufrido modificaciones como consecuencia de errores involuntarios en la carga de datos realizada por los prestadores.
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El mecanismo de “legítimo abono”, bajo la lupa
El relevamiento también puso el foco sobre la utilización de la figura de “legítimo abono”, un mecanismo mediante el cual pueden pagarse bienes o servicios que ya fueron entregados o prestados sin que hayan atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación.
Según el informe, esa modalidad continuaba utilizándose al momento del corte de la auditoría y solamente se habían iniciado seis procedimientos de compra relacionados con esos servicios. El relevamiento no pudo individualizar cuáles fueron específicamente los pagos realizados mediante ese mecanismo.
Al mismo tiempo, la auditoría registró que los prestadores de medicamentos e insumos habían recibido $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025. La cifra forma parte del relevamiento administrativo realizado sobre el funcionamiento de la agencia durante ese período.
La DNASS, además, aparece dentro de las áreas analizadas por el fiscal federal Franco Picardi en el expediente que investiga presuntas irregularidades en los procesos de adquisición de medicamentos. Según las acusaciones difundidas sobre la investigación, se analizan posibles sobreprecios y eventuales pagos indebidos, extremos que deberán ser establecidos por la Justicia.
Nadia Beller declarará el miércoles ante la Justicia argentina
Mientras avanza el análisis de la documentación administrativa, la causa tendrá esta semana otro movimiento relevante. Nadia Beller, expareja del consultor político Fernando Cerimedo, declarará como testigo ante la Justicia argentina el próximo miércoles 23 de septiembre a las 10, mediante una videoconferencia desde Bolivia.
La declaración será tomada por el fiscal federal Franco Picardi y tendrá carácter reservado. Debido a la situación de Beller, se solicitó además que fiscales bolivianos estén presentes durante la audiencia para resguardar su integridad. La abogada había sufrido un ataque a balazos en Bolivia el pasado 17 de agosto.
La convocatoria había sido solicitada por Picardi luego de que Beller realizara declaraciones públicas sobre el origen de los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS Diego Spagnuolo, que dieron origen a la investigación por presuntas coimas dentro del organismo.
Beller sostiene que tiene conversaciones grabadas con Cerimedo y que esos registros podrían aportar información sobre la filtración de los audios. En declaraciones anteriores, también señaló a Cerimedo y a Natalia Basil como las personas que, según su versión, estuvieron detrás de la difusión de esas grabaciones. Se trata de afirmaciones de Beller que deberán ser evaluadas y corroboradas por la investigación judicial.
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El teléfono que podría quedar a disposición de la Justicia argentina
El avance más reciente se produjo el 18 de septiembre, cuando Beller declaró ante la Justicia boliviana en una causa contra Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito y entregó su teléfono celular.
Según informó Noticias Argentinas, el dispositivo contiene las grabaciones y conversaciones que la abogada asegura haber mantenido con Cerimedo. Su abogado, Jerjes Justiniano Atalá, explicó que, si el fiscal Picardi lo solicita, la Justicia argentina podría requerir a la Fiscalía de Bolivia el acceso a esos archivos mediante un mecanismo de cooperación internacional.
De concretarse ese procedimiento, los investigadores podrían analizar el contenido del dispositivo y determinar si las conversaciones tienen relación con los hechos que se investigan en Argentina. El acceso a esos materiales no implica, por sí mismo, que su contenido quede acreditado como verdadero: primero deberán realizarse las pericias y verificaciones correspondientes.
La causa ANDIS continúa así con distintos frentes de investigación. Por un lado, el análisis de la documentación administrativa busca determinar por qué existió una diferencia de $158.717 millones entre los registros de deuda de dos áreas del organismo y si hubo irregularidades vinculadas con los procedimientos de contratación y pago.
Por otro lado, la Justicia avanza sobre el origen de los audios que involucraron a funcionarios y empresarios en denuncias por presuntas coimas y sobre las personas que participaron de su obtención y difusión. En ese marco, el testimonio de Beller y el eventual acceso a los archivos de su teléfono podrían aportar nuevos elementos a los investigadores.
CS