El fiscal Franco Picardi ordenó la declaración testimonial de Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo, en la causa por la presunta corrupción en la compra de insumos por parte de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La abogada boliviana dijo que tenía “información de pertinencia para la investigación”, y según fuentes con acceso a la investigación consultadas por PERFIL, la medida podría concretarse en los próximos 15 días.
Picardi dispuso que la declaración deberá concretarse “de manera virtual y reservada, en función de su estado de salud como consecuencia de los hechos que habría sufrido en dicho país”. Beller fue baleada el 17 de agosto en la puerta del hotel donde se alojaba en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Por el hecho está detenido Cerimedo, en principio por 180 días.
Qué podría aportar la declaración de Nadia Beller a la causa Andis
Según información a la que pudo acceder PERFIL, el fiscal pidió que durante la declaración testimonial estén presentes los fiscales bolivianos del caso y pidió colaboración a la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación a cargo de Eduardo Casal. Hace poco más de dos semanas, la diputada Marcela Pagano había pedido que se citara a Beller en el expediente ANDIS.
En la “solicitud de asistencia jurídica internacional en materia penal” a la que accedió PERFIL, se detalla que “la investigación versa sobre una serie de maniobras ilícitas desarrolladas -al menos- desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 dentro de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”, que dependía del Ministerio de Salud.
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“Durante ese período -detalla el requerimiento-, distintas acciones de corrupción fueron posibles gracias a acuerdos indebidos entre funcionarios/as de la propia ANDIS y actores del ámbito privado vinculados con droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (denominados PACBI), que por su especialidad, especificidad y valor no son vendidos en farmacias habituales”.
“Las personas involucradas, actuando de manera articulada y con roles definidos, conformaron una estructura delictiva que les permitió obtener sumas millonarias de forma ilegal, afectando directamente a la administración pública y, en particular, a un colectivo especialmente vulnerable: la población con discapacidad, enfermedades graves y crónicas y en situación de pobreza”, advierte el documento que ya está en manos de la Justicia boliviana.
Según el texto que envió Picardi a la Justicia de Bolivia, la ANDIS “funcionó como un centro de operaciones para la canalización de pagos indebidos a determinadas empresas que, a su vez, poseían acuerdos entre sí para la distribución de ganancias, observándose un direccionamiento de adjudicaciones y una marcada cartelización”.
La fiscalía detalló que durante la maniobra ilegal (i) se instauró un esquema discrecional para la contratación de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia que habilitó el direccionamiento de compulsas de precios a favor de un reducido grupo de proveedores vinculados con funcionarios/as de ANDIS; (ii) se verificó la intervención -formal o informal- de actores externos en la gestión interna de la ANDIS, en la asignación de pagos y en la selección de droguerías y firmas beneficiadas; (iii) se detectaron incrementos injustificados de precios en diversos medicamentos de alto costo, adjudicados a empresas integradas al entramado de relaciones personales y comerciales de los/as funcionarios/as involucrados/as; (iv) se identificaron beneficios indebidos otorgados a funcionarios/as públicos/as a cambio de su participación en la maniobra; y, (v) se observaron maniobras económicas y financieras compatibles con acciones de lavado de activos.
Picardi indicó que hasta el momento se identificaron a 49 personas físicas y más de 25 personas jurídicas vinculadas a las maniobras delictivas. El fiscal mencionó distintos tratados en los que se funda la “solicitud u ofrecimiento de reciprocidad”: el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur. Bolivia y Chile - Ley 26.004, la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal – Ley 26.139, la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
