RCE: La Corte dejó abierta la discusión sobre la ley de tierras y Bullrich cuestionó la estrategia oficialista

La discusión por la Ley de Tierras Rurales volvió al centro de la agenda después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había frenado el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó esa normativa. En Ronda de Editores, Claudio Mardones explicó que el máximo tribunal no resolvió sobre la constitucionalidad del decreto, sino sobre la legitimación del organismo que había iniciado la demanda.

El periodista recordó que el DNU incluyó numerosas reformas y que, dentro de ese paquete, el artículo 154 “anulaba directamente la Ley de Tierras”. La presentación contra esa medida fue realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

Qué decidió realmente la Corte

“Lo que sucedió en ese expediente es que la discusión fue: bueno, pero el CECIM puede, tiene legitimidad activa para presentarse y pedir la inconstitucionalidad de un decreto firmado por el Presidente”, explicó Mardones en +Perfil.

El planteo había obtenido decisiones favorables en instancias anteriores, pero la Corte revocó esas sentencias al considerar que el CECIM no tenía legitimación suficiente para promover la acción. Por eso, el tribunal no se pronunció sobre si la derogación de la Ley de Tierras mediante un DNU es constitucional o no. “La Corte dijo: ‘No, no nos vamos a expedir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad’. Sí vamos a resolver que finalmente el CECIM no está en condiciones de pedir esta inconstitucionalidad”, resumió.

Para Mardones, eso significa que la discusión judicial no necesariamente terminó. “Pueden existir otros planteos, se puede abrir otra etapa. La pregunta es, además, que esto es lo que nos dice la Corte, ¿en cuánto tiempo?”, señaló.

Una controversia que puede continuar

Santiago Llull puso el foco en esa posibilidad y preguntó qué ocurriría si otros actores con legitimación suficiente presentan nuevas demandas.“El comunicado de la Corte plantea una piedra libre sobre ese punto”, sostuvo Mardones. En los hechos, la resolución dejó nuevamente vigente la derogación de la ley que fijaba límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, mientras permanece abierta la posibilidad de nuevos cuestionamientos judiciales.

La controversia también se conecta con el proyecto oficial de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno y asociado especialmente al ministro Federico Sturzenegger. La iniciativa incluía originalmente cambios profundos al régimen de tierras rurales.

La crítica de Bullrich

Mardones destacó especialmente una declaración de Patricia Bullrich, quien cuestionó públicamente que el oficialismo hubiera avanzado con esa discusión legislativa mientras el expediente todavía estaba pendiente en la Corte.

“Lamento profundamente que nos hayamos apresurado en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, incluyendo los cambios en la Ley de Tierras, sabiendo que teníamos una controversia jurídica que ya estaba en la Corte”, citó el periodista.

Bullrich efectivamente calificó como apresurada la estrategia y sostuvo que el Gobierno debería haber esperado la resolución judicial antes de avanzar legislativamente.

Mardones interpretó esas palabras como una diferenciación dentro del oficialismo y las vinculó con la estrategia impulsada por Sturzenegger.

Los límites a la extranjerización

El proyecto gubernamental había buscado inicialmente eliminar restricciones para la compra de tierras por extranjeros. Durante la negociación parlamentaria, el oficialismo moderó su propuesta y llegó a plantear elevar del 15% al 25% el límite provincial, pero finalmente retiró todo el capítulo sobre tierras ante la falta de apoyo.

“Aun así, tuvieron que resignar ese punto”, señaló Mardones al describir las concesiones que debió realizar el oficialismo.

Para el periodista, las palabras de Bullrich mostraron una discusión que ya existía puertas adentro. “Hoy lo dijo en público y planteó no solamente una diferenciación, sino una crítica directa sobre quiénes deciden la estrategia legislativa y quiénes son las que después lo tienen que defender”, concluyó.