Día 1027: El fallo de la Corte y el efecto mariposa

El meteorólogo y matemático estadounidense Edward Lorenz demostró cómo el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede provocar una tempestad en Nueva York, se refería a cuestiones de orden financiero. Hoy vamos a tratar de explicar cómo un fallo favorable de la Corte a Milei puede producir un terremoto político en su contra y el desalojo de una jubilada en Madrid, convertido en un reclamo internacional de los inquilinos. 

El Gobierno pareció entrar en la fase en la que cualquier hecho puede desencadenar un terremoto en su contra. Cuando salió el fallo de la Corte que favorecía al Gobierno en el tema de la venta de tierras a extranjeros, muchos colegas interpretaron el hecho como una buena noticia para Milei, pero a medida que iban pasando las horas se evidenció que era exactamente lo contrario. ¿Por qué lo que parecía ser una buena noticia puede ser el puntapié de la oposición para unirse y poner en cuestión decenas de cambios que el Gobierno hizo en el país? 

Luego de la bandera desplegada en el partido con Inglaterra que decía "Las Malvinas son argentinas", la oposición y parte de la sociedad vincularon el reclamo por Malvinas a la defensa de la soberanía en relación con la venta de tierras a los extranjeros. Artistas populares se posicionaron contra la llamada extranjerización que planteaba el artículo que derogaba la Ley de Tierras y le quitaba límites a la compra de territorio nacional para los extranjeros. Efectivamente, se vivió un fervor nacionalista y soberanista en buena parte de la sociedad que se terminó canalizando en una oposición mayoritaria a la derogación de la Ley de Tierras. 

Fue en ese momento que Milei entendió que debía cambiar de política si no quería seguir perdiendo apoyo y quedar en minoría a un año de las posibles PASO. Podríamos decir que Milei cambió el switch anarcocapitalista por el nacionalista y en ese momento, estando en “Modo Soberanía Nacional”, le llega un fallo que le da la razón en un tema en el que la sociedad mayoritariamente está en contra. 

Fuertes críticas al fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras y reclamos contra el DNU de Milei

Además, lo hace a través de un recurso técnico, ni siquiera como tema de fondo. Con lo cual, la sensación de injusticia es mayor. La indignación corrió como reguero de pólvora y la oposición se reunió para asestarle un duro golpe que puede cuestionar casi todas las reformas del Gobierno. Para entender esto conviene hacer un poco de historia reciente. 

A diez días de asumir, Milei anunció el Decreto 70/2023, un mega DNU que modificaba o directamente derogaba más de 300 leyes, artículos o normas, y cambió gran parte del anclaje jurídico del país. Noten que estamos hablando de un decreto. Milei cambió, sin discutir con el Congreso, más de 300 leyes, artículos o normas dentro de las cuales estaba la derogación de la Ley de Alquileres, la liberación de los aumentos de las prepagas y la privatización de empresas públicas. En uno de esos artículos se establecía la derogación de la Ley de Tierras. Minutos después de la cadena nacional en la que Milei anunció este DNU, miles de personas se autoconvocaron en cacerolazos en los diferentes centros urbanos. Recordemos ese momento. Vamos a ver un video del 20 de diciembre de 2023 a la noche. 

Una de las críticas al DNU 70/2023 era que era inconstitucional porque, lógicamente, el Poder Ejecutivo pasaba por encima del Poder Legislativo. Las objeciones sobre su inconstitucionalidad se centraron en la violación del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, argumentando que el Ejecutivo usurpó facultades del Congreso sin la existencia de una emergencia inminente que impidiera el debate parlamentario. 

En ese contexto de fuerte oposición al decreto, los excombatientes de Malvinas de La Plata (el CECIM) presentaron un amparo contra la derogación de la Ley de Tierras —sancionada en 2011 y que ponía un tope del 15% a la compra de tierras por parte de extranjeros— y consiguieron que la Justicia les diera la razón. Fue así en las primeras dos instancias y el Gobierno apeló hasta llegar a la Corte. 

Mientras se estaba desarrollando este proceso, pasaron tres años y el Gobierno volvió a la carga para derogar la Ley de Tierras, esta vez en un artículo dentro de otra ley, la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Eso fue en agosto de este año, justo en el contexto del Mundial, el partido contra Inglaterra y el fervor nacionalista y soberanista por Malvinas. Recuerden que el Gobierno había quedado en offside por el tema, porque la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había hecho suya la prohibición de llevar banderas de Malvinas al partido. Además, lógicamente, el tema es incómodo para Milei tras haberse asumido como admirador de Margaret Thatcher y haber reconocido el derecho a la autodeterminación de los kelpers. 

Ahora veamos el cartel que sintetiza la operación simbólica y política que se realizó en buena parte de la sociedad y la oposición. 

“Las Malvinas son argentinas. El resto del territorio también”. Esta es una convocatoria de la CTA para la movilización en contra de la sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que contenía el artículo de derogación de la Ley de Tierras. 

Se plantea entonces que hay una continuidad en la defensa de la soberanía en Malvinas y la negativa a la venta de tierras a extranjeros sin tope. Evidentemente hay vinculaciones entre ambos temas, aunque no son exactamente lo mismo. Habitantes de un país pueden comprar tierras o empresas que se hacen cargo de la explotación de recursos de otro país y tratar de ganar poder político a partir de avanzar en el control económico. Pero la soberanía del país al que le compran las tierras sigue siendo de ese mismo país; es decir, las leyes por las que se rigen esas tierras o recursos siguen siendo propias. A pesar de esto, obviamente, Inglaterra no permite la compra de tierras por parte de argentinos en Malvinas, ni la compra mayoritaria de acciones de las empresas que explotan recursos en las islas por tratarse de naciones en conflicto. 

El debate sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros confronta dos visiones: la apertura al mercado libre para captar inversiones directas frente a la postura proteccionista que busca resguardar recursos estratégicos y el control del territorio nacional. Quienes impulsan las restricciones argumentan que vender grandes extensiones de suelo a capitales o Estados foráneos erosiona la soberanía territorial, compromete el acceso a recursos clave como acuíferos y minerales, y fomenta la especulación inmobiliaria que margina a los pequeños productores locales. Por ejemplo, en Brasil, la Ley 5.709 establece un límite máximo del 25% de la superficie de cada municipio para propietarios extranjeros, sumado a un tope del 10% para personas de una misma nacionalidad. En Estados Unidos no existe una restricción federal unificada, pero varios estados imponen topes cuantitativos específicos; por ejemplo, Pensilvania limita las propiedades agrícolas foráneas a aproximadamente 40 hectáreas (100 acres) y Wisconsin a unas 259 hectáreas (640 acres). Por su parte, naciones como Tailandia, Filipinas o Indonesia directamente prohíben la compra de suelo rural a no ciudadanos, permitiendo únicamente esquemas de arrendamiento. 

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Volviendo a la situación actual, lo que sucedió esta semana es que la Corte falló en contra del recurso de amparo que habían presentado los excombatientes de Malvinas de La Plata a aquel artículo del DNU 70/2023. Lo hizo bajo un argumento técnico: que los excombatientes no tienen legitimidad como parte afectada directamente para presentar un amparo. Un argumento técnico que no aborda la cuestión de fondo. Esto hizo que la oposición se reúna y planee votar en contra de todo el DNU, lo que implicaría no solo frenar la derogación de la Ley de Tierras, sino también todas las otras medidas, como la liberación del precio de las prepagas o la derogación de la Ley de Alquileres. 

Esto último es muy importante, porque abre una caja de Pandora a muy poco de las elecciones del año que viene. Es decir, se van a rediscutir medidas del Gobierno que prometían ser para favorecer las condiciones de vida de la población, tres años después de haberse tomado. Los precios de las prepagas se fueron por las nubes, los alquileres expulsan de las grandes ciudades a las personas que tienen ingresos promedio. Hoy, un trabajador formal, según datos de la Secretaría de Trabajo, gana en promedio 950 mil pesos de bolsillo por ocho horas de trabajo diarias, y un monoambiente cuesta entre 650 mil y 800 mil pesos por mes, sin contar expensas y servicios. Esto hace que el alquiler en las grandes ciudades sea una odisea prácticamente imposible para la mayoría de los jóvenes trabajadores, que terminan viviendo con sus padres. 

Sin embargo, la crisis habitacional no tiene un rostro único. A diferencia de lo que ocurre en metrópolis centrales como Nueva York o Berlín —o en la propia Ciudad de Buenos Aires, donde conviven tres millones de personas bajo la lógica del alquiler tradicional o de hipoteca—, el Conurbano bonaerense, donde viven más de 10 millones de habitantes, responde a otra dinámica histórica. Como explican los especialistas en marginalidad urbana latinoamericana, allí el déficit habitacional nunca se resolvió a través de créditos hipotecarios ni del mercado formal de alquileres, sino mediante la toma y ocupación de espacios sobre los cuales las familias fueron construyendo su propia vivienda a lo largo de décadas. 

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Esta particularidad vuelve a colocar al Gobierno en el centro de un choque doctrinal profundo. En el marco de la discusión por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Iglesia católica y diversas organizaciones sociales encendieron las alertas por el impacto que la iniciativa oficial puede tener sobre los más de 5.000 barrios populares del país. Mientras el proyecto busca blindar la propiedad e instrumentar desalojos acelerados, choca directamente con la realidad de millones de personas asentadas en terrenos no regularizados, es decir que no tienen la propiedad a su nombre y podrían eventualmente ser desalojados. Se trata, en definitiva, de distintas caras de un mismo drama. 

El problema del acceso a la vivienda es uno de los grandes asuntos del mundo y uno de los ejes de campaña de la izquierda que viene siendo exitosa en medio del auge de la extrema derecha. Estamos hablando de figuras como el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani, que ganó con la promesa de congelar los alquileres, o Die Linke, que también ganó las elecciones de Berlín con la misma propuesta y ahora se plantea la expropiación de 20 mil propiedades ociosas para ofrecerlas al mercado y bajar los precios de los alquileres. 

En España, el caso Maricarmen desató que los mismos indignados que en 2011 tomaban la plaza madrileña de la Puerta del Sol contra los bancos que se quedaban con sus casas por la crisis de las hipotecas, protesten ahora por la situación de los alquileres. 

Maricarmen es una jubilada madrileña de 78 años que alquilaba un departamento en el barrio de Retiro, en la capital española. El edificio en el que vivía fue adquirido por otro dueño y le subieron la renta a tal punto que ella no pudo pagarla. La terminaron desalojando y el hecho generó tanta indignación que se produjeron movilizaciones en España y el tema recorrió todos los medios del mundo hasta el punto de ser tapa del New York Times. Quien vinculó el caso Maricarmen con los hechos que desencadenan grandes acontecimientos políticos fue Marcelo Longobardi. Vamos a escucharlo. 

Efectivamente, el tema de los alquileres es central en la época y Argentina no es la excepción. Este tema se puede desatar si la oposición logra que se discuta el conjunto del DNU 70/2023. Por eso mismo decimos que es una caja de Pandora. 

Un fallo de la justicia favorable puede terminar en un desastre político y el desalojo de una jubilada en Madrid, en una rebelión internacional de los inquilinos. Así como la fragilidad de nuestra economía hace que cualquier cambio de situación haga subir nuestro riesgo país al 50%, la fragilidad del Gobierno puede convertir cualquier noticia en una mala noticia, así sea inicialmente buena. 

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi

MEG