Día 1045: Quién es el infiltrado

Parafraseando a Marx, podemos asegurar que un fantasma recorre Europa: el fantasma de la violencia política. Francia, Italia, Bélgica, Albania y España. Grandes movilizaciones contra el empeoramiento de las condiciones de vida, de estudio, la falta de acceso a la vivienda, que desembocan en destrozos, enfrentamientos con la policía y una escalada de violencia que no parece detenerse. Desde los gobiernos apuntan contra elementos infiltrados, sea de la ultraizquierda o el anarquismo. Otros, como Trump, plantean que los infiltrados provienen de la “inmigración descontrolada” y el dirigente de Vox, Santiago Abascal, apunta al “islamoizquierdismo”.

En Argentina, el gobierno de Javier Milei, por primera vez, reprimió la marcha universitaria y también se repitió la misma palabra: infiltrados. Tanto los convocantes a la marcha universitaria argentina como quienes asisten a las movilizaciones europeas señalan lo contrario: que quienes son verdaderamente los infiltrados que provocan la violencia son los agentes de inteligencia vinculados a las fuerzas de seguridad que se hacen pasar por manifestantes para producir destrozos y justificar la represión.

Hacia el interior de los movimientos de protesta, hay quienes legitiman la contraviolencia y la enarbolan como resistencia popular. ¿Quiénes son verdaderamente los infiltrados? ¿Quién volvió a poner a la violencia política a la orden del día en varios lugares del mundo? Como decía Oscar Wilde, la verdad raramente es pura y nunca es simple; todos tienen un pedacito de razón, aunque nada justifica la violencia, sea estatal o popular.

Europa vive una oleada de tensión social gatillada por el alza del costo de vida, los recortes presupuestarios en servicios públicos y descontentos estudiantiles que han mutado en graves disturbios callejeros.

El epicentro de esta convulsión es Francia, donde protestas masivas iniciadas por estudiantes por el deterioro escolar y la falta de recursos se extendieron a más de 140 ciudades, derivando en incendios, saqueos y ataques a edificios gubernamentales en Lille, Marsella y París.

Frente a la magnitud del caos, el gobierno del presidente Emmanuel Macron implementó toques de queda nocturnos localizados y restricciones de circulación en París, Lyon, Lille y Niza, una medida de emergencia coordinada junto al primer ministro Sébastien Lecornu para frenar el vandalismo y restringir la movilidad de los manifestantes.

La onda expansiva alcanzó de inmediato a sus vecinos. En Italia, las marchas contra los recortes en transporte y educación derivaron en choques violentos en Milán, Turín, Bolonia y Brescia, con barricadas y gases lacrimógenos. En Bélgica, concentraciones en Bruselas y Lieja contra las reformas educativas terminaron en autos volcados y pedradas.

En España, la indignación social se refleja en manifestaciones por la vivienda, el costo de vida y los recortes estudiantiles. Por su parte, Albania enfrenta un escenario feroz en Tirana, donde estudiantes y opositores incendiaron la sede del Ministerio de Educación y chocaron con la policía pidiendo la dimisión del primer ministro Edi Rama.

El malestar social también salpica a Portugal, donde la escalada del costo de vida y la crisis habitacional encendieron masivas protestas de jóvenes en Lisboa, Oporto, Faro y Funchal. Inspirados en las acampadas españolas y en las movilizaciones francesas, cientos de manifestantes levantaron un campamento en la céntrica Praça do Rossio de la capital para exigir el congelamiento de alquileres, la derogación de la nueva ley de arrendamientos y topes a la especulación inmobiliaria. La tensión escaló en Oporto tras el desalojo forzado de un campamento por parte de la policía municipal, choque que dejó cerca de 40 heridos y derivó en duras acusaciones contra el Ejecutivo del conservador Luís Montenegro por represión abusiva, al tiempo que las organizaciones juveniles presionan por una huelga general.

La narrativa sobre quién causa los destrozos es el principal punto de discordia. En Francia, Macron y sus autoridades atribuyen la destrucción a delincuentes comunes e infiltrados de grupos de extrema izquierda disidente y bloques negros (black blocs) que se mezclan en las marchas pacíficas para desatar la violencia. En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni denunció que sectores radicales encapuchados e infiltrados usan el reclamo legítimo como cobertura para atacar comercios y policías. En Bélgica, el ministro del Interior Bernard Quintin señaló la irrupción de grupos enmascarados ajenos al reclamo estudiantil. Como pueden ver, son mandatarios de diferentes orientaciones ideológicas, apuntando a un mismo fenómeno. Evidentemente, hay grupos políticos que enarbolan la violencia como recurso político y pueden desplegar su accionar en este tipo de movilizaciones masivas.

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Sin embargo, frente a estas acusaciones oficiales, en Francia, el histórico dirigente de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha denunciado públicamente que el Ministerio del Interior utiliza agentes de civil de la Prefectura de Policía como provocadores para generar desmanes, dividiendo a las columnas de marcha y justificar la intervención violenta. Lo mismo dijeron la secretaria general del Partito Democratico, Elly Schlein; en España, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, y en Portugal, Diogo Leão, portavoz de la red de jóvenes por la vivienda Vida Justa.

A su vez, en parte dando la razón a los gobiernos, sectores de la izquierda insurreccional, el anarquismo y el movimiento autónomo acusan a los líderes políticos y sindicales tradicionales de actuar como "policías del movimiento" y "bomberos del sistema" cada vez que denuncian la presencia de infiltrados. Para estas corrientes radicales, afirmar que la violencia es obra de provocadores policiales es una forma de pacificación y una traición que busca criminalizar la rabia legítima y desarmar la "contraviolencia popular" frente a la represión estatal.

En Francia, coordinadoras insurreccionales vinculadas al entorno de la Coordination des Luttes y grupos como la Fédération Anarchiste reprochan a Jean-Luc Mélenchon y a la CGT que pretendan encauzar el conflicto social hacia el plano electoral rechazando la acción directa. En Italia, la red de centros sociales como el Centro Sociale Cantiere y la organización Iniziativa Anarchica cuestionan a Elly Schlein y a la Unione degli Studenti por repudiar los disturbios en Roma y Milán, sosteniendo que la confrontación y el ataque a la propiedad privada son respuestas legítimas de la lucha de clases y no montajes policiales. En España, plataformas de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y la Coordinadora de Núcleos Autónomos atacan a Ana García y al Sindicato de Estudiantes por calificar la violencia de provocación, argumentando que al priorizar la paz social la izquierda moderada valida la narrativa represiva del Gobierno y deja indefensos a los manifestantes.

Esto es interesante. Los gobiernos señalan a grupos violentos, los manifestantes a infiltrados de la policía y los mismos grupos violentos acusan a los dirigentes del movimiento de no reivindicar su violencia y explicar que efectivamente hay gente que se defiende de la policía. Entonces: uno, es verdad que hay grupos violentos, porque ellos mismos lo admiten; dos, también es verdad que hay infiltrados de la policía; y tres, lo que no se problematiza: hay delincuentes que aprovechan la situación para saquear o son simplemente vándalos que disfrutan con la violencia, elementos marginales de la sociedad.

Por otro lado, frente a la escalada de violencia en las calles europeas, altas autoridades de derechos humanos señalan que el origen del conflicto no radica en bandas violentas sino en la negativa estatal de atender los reclamos sociales. Jean-Claude Samouiller, presidente de Amnistía Internacional Francia, denunció que los ejecutivos sustituyen el diálogo social por la fuerza policial, advirtiendo que los jóvenes no son vándalos sino ciudadanos que ejercen su derecho a protestar por mejores condiciones de vida frente a la austeridad. En esa misma línea, Gina Romero, Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la reunión pacífica, alertó sobre la creciente tendencia a encarar la protesta mediante prohibiciones y decretos de excepción, señalando que criminalizar las marchas por la vivienda y la inflación solo profundiza la espiral de violencia. Asimismo, Michael O'Flaherty, Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, sostuvo que la paz social se logra garantizando derechos socioeconómicos básicos y no mediante represión policial ni toques de queda.

En resumidas cuentas, estamos viviendo un deterioro del orden democrático en la cuna de la civilización occidental. ¿Por qué? Para tratar de responder esta pregunta, nos podemos hacer otra aún más primaria: ¿qué mantiene unida a una sociedad democrática? Thomas Hobbes planteaba que todos los ciudadanos cedemos el monopolio de la violencia a un Gobierno para poder estar a salvo. Si ese principio se empieza a resquebrajar, es tan lamentable como natural que empiece a perderse el mismo y la violencia se extienda, sea de manera espontánea por gente enojada, cansada de la represión policial, como por grupos de anarquistas que francamente no creen en el orden democrático. Eso es importante. Siempre hay un porcentaje de la sociedad marginal y fuera de la ley. Nunca el pacto democrático incluye al 100%. En un contexto de orden democrático y de paz, estos grupos o sectores se ven diluidos en la masividad de una sociedad pacífica. Cuando se resquebraja el orden democrático, los grupos ideológicos que no creen en él actúan y estos sectores delincuentes y marginales, también.

Pero además, gobiernos y sistemas democráticos que desalojan a jubiladas, hacen que la gente estudie en cada vez peores condiciones, vuelven la vida cada vez más cara y difícil para la mayoría, lo que provocan es incertidumbre. No sabemos si estamos a salvo, delegamos parte de las decisiones en un Gobierno que no satisface las demandas más elementales. Si a eso se le suma represión a las protestas, generalmente pacíficas al inicio, lo que hay es un caldo de cultivo para que la violencia se desate totalmente. Sea porque la gente responde, porque grupos violentos tengan más predicamento o porque simplemente haya gente esperando para saquear un supermercado o todas estas cosas juntas. Es obvio que quien rompe las vidrieras de un McDonald's y se lleva mercadería de una casa de ropa en Francia no está protestando contra el deterioro de la educación, simplemente aprovecha para robar o solo liberar su frustración de manera violenta. Esto es claro: hay efectivamente gente que es violenta, que canaliza sus sentimientos a través de la violencia y encuentra en este tipo de situaciones un escenario ideal.

Toque de queda parcial en varias ciudades de Francia ante la oleada de violencia

Una vez que el Estado se deslegitima, sea no articulando la demanda social con políticas públicas o reprimiendo de manera injustificada, se rompe la legitimidad necesaria y ahí hay sectores de la sociedad que empiezan a actuar como si efectivamente el contrato implícito del que hablaba Hobbes se rompiese.

En Argentina hay una contradicción interesante. Por un lado, si bien hubo represión y destrozos en la última marcha universitaria, los hechos de violencia no tienen nada que ver con Europa. Por el otro, en lugar de que los militantes que no creen en el Estado estén solo haciendo destrozos en la calle, los tenemos gobernando en La Casa Rosada. Por más extremo que suene, es efectivamente lo que piensa el Presidente, autodenominado anarcocapitalista.

Además, así se comporta cada vez que puede. En particular, en el caso del reclamo universitario, Milei se comporta como alguien que no cree en el Estado de derecho. Una ley, votada e insistida por ambas cámaras, con varios fallos judiciales a favor y un fallo de la Corte, no es aplicada por Milei. Esto es muy grave, porque si el Gobierno mismo rompe el contrato legal y viola las reglas del juego democrático, genera una situación de anomia que provoca efectivamente que grupos violentos avancen, con la justificación de que el reclamo pacífico e institucional se encuentra con el obstáculo de que el Gobierno no respeta las instituciones.

Esto sucedía en los noventa con Quebracho. Un grupo que se servía de algunos estudiantes universitarios y militantes ideologizados, que defendían el accionar violento argumentativamente, y otros elementos marginales que, sin entender demasiado, liberaban su violencia.

Volviendo a Milei, él mismo planteó que quiere destruir el Estado. Recordémoslo en el siguiente clip: "Amo ser el topo que destruye el Estado desde adentro".

Es efectivamente lo que está haciendo. Al no cumplir con las leyes que aprueba la oposición, al hacer megadecretos que rompen el principio de necesidad y urgencia, al perseguir a la prensa y tratar de desfinanciarla con la publicidad oficial, asignándola preferentemente a colegas que solo hablan bien de él, al utilizar la SIDE contra quienes no opinan como él y al destruir, mediante el vaciamiento de la obra pública, la infraestructura del país, hace que el Estado deje de dar respuesta a la población. Milei está rompiendo el pacto democrático, según el cual la población se comporta civilizadamente y espera resolver sus necesidades articulándose con el ámbito privado y el público, resolviendo sus diferencias votando, marchando, debatiendo en los diferentes medios. Si el Poder Ejecutivo insulta a quienes piensan distinto, pasa por encima del Poder Legislativo y el Judicial, se resquebraja toda institucionalidad.

Esto mismo plantearon el decano de Exactas y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. Si el Gobierno no da respuesta y aplica la ley legítimamente aprobada, da lugar a derivas violentas como en Europa. Desde que ambos dijeron eso mismo en este programa, pasaron días hasta que sucedió. Ninguno de los dos está de acuerdo con la violencia; simplemente describen un proceso tan lamentable como evidente.

En qué se parecen y diferencian las protestas actuales en Francia a las de Mayo del 68

El Gobierno no cumpliendo la ley y reprimiendo la marcha, inclusive con infiltrados de la policía. Grupos violentos respondiendo y el Gobierno redoblando la represión aún con más legitimidad. De esta manera, se deja de hablar del reclamo, que se resume en que un jefe de trabajos prácticos con 10 años de antigüedad gana 267 mil pesos de bolsillo por cátedra y un estudiante que cobra el Progresar percibe 37 mil pesos por mes. Todo esto da lugar a la violencia y, en ese sentido, gana el Gobierno.

Por todo esto, en Argentina Milei es el infiltrado más preocupante de todos. El topo que quiere destruir el Estado desde adentro, como él mismo lo dijo. Los estudiantes y docentes deben entender el juego y no caer en la trampa de la violencia. Además, los convocantes a las marchas en todo el mundo saben que hay grupos violentos porque efectivamente son los que los critican por hablar de infiltrados y no reivindicar lo que ellos consideran resistencia popular. Deben poder aislar a estos grupos del resto del movimiento tomando medidas de organización que limiten su accionar, sea convocando más temprano a las marchas u organizando seguridad interna que los identifique y los aparte de la gente que quiere manifestarse pacíficamente. De lo contrario, la policía siempre encontrará más justificación para seguir reprimiendo.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi.

MEG