Dura crítica de Gil Domínguez: “La Corte Suprema abdicó ser el control de la división de poderes”
El constitucionalista cuestionó el rol del máximo tribunal y analizó su impacto en el equilibrio institucional.
En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el constitucionalista Andrés Gil Domínguez analizó la reforma electoral impulsada por el Gobierno y el funcionamiento de la división de poderes.
Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Dirige programas de posgrado en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y es autor de numerosos libros y artículos sobre derecho constitucional, derechos humanos y nuevas tecnologías.
Tengo tantos temas para hablar con usted: el nuevo presidente del Colegio de Abogados, el pedido de per saltum en el caso del Poder Ejecutivo a la Corte, esta especie de acuerdo con la Corte en el que parece que no se van a nombrar nuevos integrantes y parece haber una romana entre el Ejecutivo y el máximo tribunal, la idea de eliminar las PASO y modificar el sistema electoral. Así que elija usted por dónde quiera comenzar.
Me parece que el tema de mayor impacto es la nueva reforma o el proyecto de reforma electoral que quiere impulsar el Gobierno. Porque siempre que un Gobierno impulsa un tipo de proyecto de estas características, uno tiene que tomar tres indicadores para analizarlo.
Primero, si en términos de progresividad y no regresividad amplía la participación democrática. Segundo, si permite un mayor conocimiento por parte del electorado de los candidatos y candidatas para, a la hora de emitir su voto, tener una opinión más formada de quién quiere votar. Y, por último, ver si es algo eventualmente coyuntural de un gobierno para ganar una elección o es un aporte para mejorar el sistema electoral más allá del propio Gobierno.
"Alhorni": el apodo que sus pares le pusieron Manuel Adorni
Me parece que, si uno analiza a grandes rasgos esta propuesta, es regresiva desde el punto de vista de la participación democrática porque quiere eliminar, por ejemplo, las PASO. Para mí es un instrumento muy importante de apertura de los partidos políticos, de posibilidad de armar frentes o alianzas, de quitar la opacidad al funcionamiento y a las internas de los partidos políticos y ponerlo a la luz de toda la ciudadanía el mismo día, a la misma hora, en las mismas condiciones.
Si uno lo ve desde el punto de vista del mayor conocimiento de los candidatos, observa que se quiere incorporar el tilde único para toda la boleta, de forma tal que si uno vota a Milei, vota todo lo que viene atrás sin saber quién está en esa lista, lo que es un enorme retroceso a la lista sábana o a la opacidad de no conocer a quién se vota votando al líder.
Y si se tiene en cuenta si es coyuntural o es para mejorar el sistema, esto es totalmente coyuntural: es para ganar una elección y, una vez ganada, se volverá a cambiar, porque las PASO tienen un sentido que le permitió a Juntos por el Cambio llegar al gobierno, que le permitió al propio Javier Milei llegar al gobierno y que ahora posibilitaría eventualmente la formación de un cordón sanitario para frenar este experimento de extrema derecha.
Entonces lo quiere eliminar, no es para mejorar el sistema, sino para impedir que pueda existir una herramienta con la cual se le pueda hacer frente en una elección presidencial. Y es realmente paradigmático que el ministro Santilli diga que las PASO, en vez de ser una inversión democrática para garantizar la participación, son un gasto, cuando él ha pertenecido hasta hace minutos a un frente electoral que llegó al poder gracias a la existencia de las PASO. Nunca hubiera llegado al poder sin ellas, porque le permitió dirimir la confluencia de distintos sectores que de otra manera hubiese sido imposible poder conformar.
¿Qué le dice a un constitucionalista ver que hay una ley que es votada, vetada, vuelta a votar, el Gobierno no la instrumenta y plantea un proyecto llamado contra el fraude de las pensiones por invalidez? O sea, finalmente un Gobierno que no cumple con las leyes. ¿Cómo se resuelve eso desde el punto de vista jurídico, político y cultural?
Lo que pasa es que, frente a la consumación de la autocracia en términos de la vida digital que estamos transcurriendo, donde nada es lo que es, el tiempo se evapora, si quienes encarnan el funcionamiento de la división de poderes no creen en ella, lo que ha quedado demostrado es que las salvaguardas del propio sistema no están sirviendo o no tienen ningún tipo de respuesta eficaz.
Porque si tenemos un Congreso que sanciona una ley, un presidente que la veta, un Congreso que insiste y un presidente que la promulga y la suspende —que esto es propio de la dictadura—, y hay que ir a la Justicia para que dicte una cautelar, se confirme la cautelar y no se siga cumpliendo, es muy difícil, porque estamos por debajo de cualquier presupuesto de anuencia democrática o de aceptación de las reglas mínimas del funcionamiento de la división de poderes.
Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es insistir con las viejas herramientas. Lo que pasa es que las viejas herramientas hoy no nos están dando una respuesta eficaz, porque la ley de financiamiento de las universidades no se está cumpliendo, porque los fallos que establecen que se debe resguardar el financiamiento para garantizar los derechos de las personas con discapacidad no se están cumpliendo. Es muy difícil cuando quien ejerce el poder, quien debiese ser el primero en cumplir la Constitución y el funcionamiento de las instituciones, lo desprecia, lo revierte y crea su propio entorno normativo sin tener en cuenta el funcionamiento constitucional y democrático.
Estamos en tiempos muy difíciles desde este punto de vista, porque hay un sector muy amplio de la sociedad que ha perdido o le ha quitado una adhesión espontánea, social, cultural y antropológica a la fuerza normativa de la Constitución y al funcionamiento de la República.
Ahora, Andrés, mi pregunta es: ¿hay alguna responsabilidad de la Corte Suprema? ¿Usted percibe cierta laxitud de la Corte Suprema de Justicia al hacer cumplir esa división de poderes?
Totalmente, porque esta Corte Suprema de Justicia, en una integración parcial, ha abdicado desde que asumió Milei de ejercer el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad en temas muy sensibles. Por ejemplo, no revisar todavía el decreto de urgencia 70/2023, que ahora va a cumplir casi tres años en la Corte Suprema de Justicia, o rechazar causas por falta de legitimación, o de alguna manera sumarse a la batalla cultural dictando fallos contra la gestación por sustitución o la triple afiliación, asumiendo la agenda antiwoke de este Gobierno.
Es un mensaje muy claro en cuanto a que no está funcionando y el mensaje que baja a los jueces inferiores: si la Corte no lo hace, ¿por qué nosotros lo vamos a tener que hacer? Además, hoy estamos frente a una situación muy particular: el Poder Judicial argentino está dividido en dos bandos, integrados cada uno por jueces de la Corte Suprema, por jueces de Comodoro Py, por servicios de inteligencia y por parte de la dirigencia de este Gobierno que pugnan por obtener lugares en la Justicia, por obtener cargos como la Procuración o el Ministerio de Justicia. Entonces es muy difícil seguir hablando de institucionalidad, seguir hablando de república.
¿Hay algún punto de contacto entre esos dos bandos en la disputa por la Procuración?
Acá está en disputa quién va a ser el procurador, quiénes van a ocupar los dos cargos que quedan en la Corte Suprema, cómo se van a cubrir las vacantes en el orden federal, el Ministerio de Justicia. No es que esté vacante, está en disputa porque hay un grupo que lo ha tomado y el otro está en desacuerdo.
Estamos hablando de dos bandas, de dos equipos integrados por miembros de la Corte, por jueces, por servicios de inteligencia y por miembros de este Gobierno, y también por otros sectores políticos. Quienes tendrían que estar dando justicia y poniendo un límite a este funcionamiento autocrático están pugnando para ver quién se queda con esos espacios.
¿Cómo se pueden caracterizar esos dos bandos? ¿Hay alguna ideología detrás? Alguna diferencia que los identifique, algún elemento en común que los aglutine, ya sea una perspectiva del derecho o de la política ¿Cómo se podría explicar el proceso de cohesión e identidad de esos dos bandos?
Para mí no hay diferencias en lo ideológico. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia ideológicamente votan todos juntos, pero cuando hay que discutir temas que no son jurídicos están divididos en estos dos grandes bandos. No creo que tengan ideología ni plan conjunto: están configurados para ver quién puede acceder al poder, mantenerse o completar cargos vacantes como una muestra de conformación de poder.
No comparten identidades ideológicas ni políticas, sino que los une la posibilidad de acceder a lugares de poder que hoy están vacantes. En vez de generar un mejor funcionamiento de las instituciones o buscar a los mejores candidatos, están buscando poner a quienes sean afines para configurar un polo de poder.
Andrés Gil Domínguez, muchísimas gracias.
GD