RIGI y Decretos

Harbour Energy: la petrolera sancionada por Malvinas que terminó dentro del RIGI

La empresa fue inhabilitada por Argentina en 2013 y hoy tiene el 15% de Southern Energy, beneficiaria del RIGI.

La planta de Harbour Energy en Tierra del Fuego Foto: Harbour Energy

En 2013, el Estado argentino sancionó a Premier Oil PLC por realizar actividades hidrocarburíferas sin autorización en la plataforma continental, en zonas próximas a las Islas Malvinas. La Resolución 481/2013 estableció una inhabilitación de 15 años, que en principio se extiende hasta 2028.

Ocho años después, en 2021, Premier Oil cambió su denominación a Harbour Energy PLC, manteniendo el mismo número societario británico.

El vínculo con el RIGI aparece en 2024. El 21 de noviembre, Southern Energy presentó su solicitud de adhesión al régimen mediante el expediente EX-2024-127875156-APN-SCEYM#MEC. El consorcio está integrado por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).

El 24 de abril de 2025, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 165/2025, mediante la cual autorizó la libre exportación de GNL a Southern Energy. El documento identifica expresamente a Harbour Energy entre los accionistas del proyecto.

Cinco días después, el 29 de abril, la Secretaría de Energía emitió el informe técnico IF-2025-44786532-APN-SE#MEC sobre el proyecto. Ese mismo día, el Comité Evaluador del RIGI emitió el Acta N.º 5, incorporada como IF-2025-45046683-APN-SLYA#MEC, y recomendó aprobar la solicitud.

También el 29 de abril, el ministro de Economía Luis Caputo firmó la Resolución 559/2025, que incorporó a Southern Energy al RIGI. El proyecto contempla inversiones por unos US$6.878 millones. El punto central de la investigación está ahora en esos expedientes: ¿aparecía el antecedente de Premier Oil? ¿Se consultó la Resolución 481/2013? ¿Se verificó la situación de Harbour Energy antes de aprobar el beneficio?

El interrogante cobra mayor relevancia tras el Decreto 868/2026, que reforzó los controles sobre el cumplimiento de la Ley 26.659 y sostuvo que sus disposiciones ya eran aplicables a los proyectos RIGI desde la creación del régimen. La investigación apunta a reconstruir quién vio qué, cuándo lo vio y qué hizo con esa información.


JCS