La explotación ilegal de los recursos naturales de las Islas Malvinas volvió a quedar bajo la lupa, en medio de acusaciones cruzadas en el arco político en relación con la supuesta utilización política de la Cuestión Malvinas y del factor geopolítico detrás, a medida que el presidente estadounidense Donald Trump continúa tejiendo su red de alianzas, donde el Atlántico Sur se convirtió en una pieza angular.
La exploración del proyecto Sea Lion se desarrolla en la cuenca norte de la isla Soledad
Mientras el Gobierno de Javier Milei endureció esta semana las sanciones contra las empresas que participen en actividades hidrocarburíferas en Malvinas a través de dos decretos, el proyecto León Marino, impulsado por un consorcio británico-israelí, avanza hacia la producción y prepara una ampliación que podría multiplicar su capacidad.
El proyecto se desarrolla en la cuenca al norte de la isla Soledad y apunta a explotar un yacimiento descrito como un recurso “de escala mundial”, ante la posibilidad de extraer cerca de 1.700 millones de barriles de petróleo. Si bien son cuatro las firmas que cuentan con permisos ilegales para explotar los recursos (incluida una empresa canadiense), el megaproyecto avanza a paso firme con vistas a 2027 de la mano de la israelí Navitas, que posee el 65% y es la principal operadora, y la británica Rockhopper, que conserva el 35%.
Más allá de la lectura política detrás del “giro” libertario en la Cuestión Malvinas (después de un primer tramo de gestión donde no existió una estrategia para inclinar la balanza en ese sentido, según reconstruyó PERFIL con base en fuentes del Palacio San Martín), la historia comenzó mucho antes de la cadena nacional donde Milei anunció la creación de una base en Ushuaia y, a través de los decretos 867 y 868, endureció las sanciones ya previstas en la ley 26.659, sancionada en 2011 durante el kirchnerismo.
En aquel momento, la ley intentó frenar una práctica ya habitual en las áreas circundantes al archipiélago de Malvinas, donde empresas fueron acrecentando la explotación de los recursos pesqueros desde 1982 con licencias otorgadas por la administración británica de facto que cuentan con el aval de Londres. Sin embargo, entre 2010 y 2011 Rockhopper descubrió y evaluó el yacimiento offshore a 220 kilómetros de la costa argentina, ubicando al punto más austral en el corazón del negocio energético en el Atlántico Sur.
Navitas y Rockhopper buscan extraer 150.000 barriles
de crudo diarios
En 2012 cedió parte del proyecto a Premier Oil, que durante los años siguientes destinó cientos de millones de dólares a ingeniería, exploración y evaluación. Estas maniobras son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de la ONU -la 20/65, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía, y la 31/49, que prohíbe cambios unilaterales en el territorio- y a la ley nacional 26.659, que prohíbe la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
En 2021, Premier Oil se fusionó con Chrysaor para crear Harbour Energy, que luego decidió abandonar León Marino. Allí apareció Navitas Petroleum, que acordó adquirir los activos de Harbour en Malvinas. La operación se completó en septiembre de 2022, con las autorizaciones regulatorias del Gobierno de las islas y del Reino Unido. Navitas pasó a controlar el 65% y la operación, mientras Rockhopper mantuvo el 35%.
Durante años, León Marino fue un proyecto de exploración y evaluación que no lograba atravesar el límite hacia la explotación comercial. Pero eso cambió en agosto de 2025, según reveló este medio, cuando Navitas y Rockhopper anunciaron desde Puerto Argentino el comienzo con la inversión destinada a desarrollar las primeras fases del área norte del yacimiento, a comenzar en 2027, tras la perforación y terminación de los pozos.
Un mes después, Cancillería argentina condenó el inicio del proyecto que continuó su curso y avanzó en una segunda etapa en agosto de este año, cuando Navitas redobló la apuesta al agregar una proyección de otros 150.000 barriles diarios de crudo, según información oficial, forzando a Rockhopper a ampliar la inversión de capital.
En medio de acusaciones cruzadas y el factor Trump como telón de fondo, la administración de las Islas continuó construyendo el marco administrativo para sostener la actividad petrolera y pesquera. Según su Boletín Oficial, publicado el 31 de agosto, si bien suspendió las licencias petroleras, siguió adelante con dos nombramientos clave en áreas vinculadas con la regulación offshore y los recursos naturales (incluida las licencias pesqueras) claves de cara a la competencia estratégica de los próximos años. n
