Reforma laboral: experto alerta que viola convenios internacionales sobre el derecho a huelga

Para Juan Manuel Ottaviano el Gobierno está atacando el problema “con soluciones mágicas” que “tienen las patas cortas”. El abogado laboralista afirmó que la reforma laboral que el Gobierno pretende aprobar este verano es “una tesis que no funcionó nunca”, y que busca “restringir un derecho fundamental del trabajo como es el ejercicio del derecho a huelga” con una iniciativa que “tiene mucho de mensaje y poco de derecho”. "El problema de la informalidad es que no cuentan con derechos laborales. Este proyecto, borrador hasta ahora, propone convalidar esa informalidad", explicó el abogado laboralista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). 

Juan Manuel Ottaviano es un abogado laboralista por la Universidad de Buenos Aires y asesor sindical, especialista en derecho al trabajo y la seguridad social. Es investigador del Centro de Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Además, fue asesor del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Se desempeña como abogado y consultor en relaciones laborales. 

Hoy comienzan a conocerse los detalles del proyecto de reforma laboral que el gobierno quiere aprobar, si se puede y logra los números en las sesiones extraordinarias durante este verano. ¿Qué observa usted de lo que plantea el Ejecutivo? ¿Qué puede decir sobre el espíritu de esta reforma laboral que el Gobierno envía al Congreso Nacional?

El gobierno viene planteando prácticamente desde que asumió Milei que busca una reforma laboral como la que intentó en el DNU 70/23 apenas asume la presidencia, inclusive con una reforma laboral que ya fue aprobada en el capítulo laboral de la Ley Bases, sostiene el gobierno una tesis que relajando protecciones laborales, flexibilizando condiciones de trabajo, removiendo obstáculos del régimen laboral y de los sindicatos, eso va a provocar un incremento del empleo, de la formalidad y del salario. Algo que me parece que se busca repetir en esta reforma. Y sabemos que es una tesis que no funciona nunca, tampoco va a funcionar ahora ni funcionará en el futuro.

Me parece que si se sigue sobreexigiendo a las regulaciones laborales, pidiendo a las regulaciones laborales que den lo que no pueden dar, eso va a provocar una frustración enorme. Porque estamos discutiendo una reforma laboral en un momento de contracción económica, falta de creación de empleo, y eso no obedece a los obstáculos del régimen laboral, sino, en todo caso, a que hay recesión económica y las actividades en las que se podría estar creando empleo no están creando empleo tampoco; más bien se está destruyendo. Me parece que ese es el contexto en el que se daría la discusión de la reforma.

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Uno de los puntos que hace mucho hincapié, sobre todo el sector empresario, con lo que pasa en cuanto a los juicios laborales ¿Qué está viendo de esto?

Me parece que es en el plano de lo discursivo, porque si tenemos que evaluar, más allá del calificativo de industria, ¿dónde está la litigiosidad laboral? Sabemos, por las estadísticas de las propias cortes provinciales y de la Justicia Nacional del Trabajo, que el 80% de los reclamos, de los litigios que están en curso hoy en la Argentina, son por riesgo del trabajo: por la cobertura o falta de cobertura, por las indemnizaciones por los accidentes, las enfermedades profesionales. Y, en verdad, el despido, o los problemas de despido, de contratación informal, contratación no registrada, que suele ser lo que es nombrado como el problema de la litigiosidad, es una ínfima parte de los litigios. 

Todo lo que está en los borradores de la reforma laboral está dirigido a sensibilizar el despido, evitar que los trabajadores puedan reclamar el cumplimiento de sus derechos por los despidos. Y nada se dice sobre el régimen de riesgo del trabajo que no es una ley de 1945 ni de 1970, ni siquiera del kirchnerismo, digo por decir un ejemplo. El régimen de riesgo es una ley que está vigente desde el año 2017. Entonces, ¿dónde están los problemas de litigiosidad? Me parece que se está discursivamente utilizando estos problemas reales que existen, que no hacen a los litigios, sino a la dificultad de las pequeñas empresas, por ejemplo, para afrontar los costos de despido.

Y sobre esto, en todo caso, hay soluciones en los borradores, un poco más innovadoras de lo que se decía hasta hace poco, que es este fondo de asistencia laboral para asistir a las empresas para que tengan fondos para despedir cuando necesiten despedir. ¿Pero de dónde saldrían esos fondos? Del sistema previsional. Me parece que tenemos que dejar de jugar con el discurso y con los mitos, y pasar a discutir cuáles son los problemas verdaderos que se están planteando sobre la mesa, y si se atacan o no.

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Uno los temas que se discuten  tiene que ver con el derecho a huelga y esta idea de los servicios esenciales, de qué actividad puede ser considerada esencial y, restringir ese derecho a huelga. Si esto se aprueba, ¿puede terminar en la Justicia?

Yo no tengo dudas de que, si el gobierno insiste, como insistió con este tema de la extensión de la declaración de servicios esenciales a prácticamente el 80% de las actividades económicas, eso va a ser judicializado. Cuando se ataca mal o con soluciones mágicas problemas que están en otra parte, generan más judicialización, no menos. Y esto sin duda sería judicializado porque no cumple con estándares internacionales, de convenios ratificados por la Argentina que son parte del derecho interno. Convenios de la OIT sobre los estándares mínimos que hay que respetar para declarar algunas actividades como servicio esencial. El estándar más claro es que solo se puede declarar como servicio esencial actividades que, de parar, de haber una huelga, puedan poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. Hospitales, seguridad pública, controladores aéreos, porque si paran, sencillamente se caen los aviones. En esos casos tiene que haber guardias mínimas.

Y la OIT te dice: “Si hay que agregar nuevas actividades a los servicios esenciales para restringir un derecho fundamental del trabajo como es el ejercicio del derecho a huelga, eso tiene que hacerse mediante un procedimiento tripartito y el control de una comisión de expertos precisamente para evaluar esos estándares”. Esto es ley internacional y nacional en la Argentina. Y si el gobierno intenta transgredir esas normas, naturalmente esto va a ser judicializado. Otra vez, con el ánimo discursivo de querer impedir los que efectivamente traen problemas, se ataca técnicamente con soluciones que tienen las patas cortas, porque no van a poder ser implementadas. Entonces queda como letra muerta o como mensaje simbólico; esta reforma parece tener mucho de mensaje y poco de derecho.

Me parece que sirve preguntarse, o preguntarle a quienes están proyectando esta reforma laboral, qué es la informalidad y por qué es un problema. La informalidad laboral es un problema porque las personas que están informales no tienen vacaciones pagas, no tienen acceso a la seguridad social, no tienen aportes previsionales, o deberían poder organizarse colectivamente, pero no se les respetan esos derechos. El problema de la informalidad es que no cuentan con derechos laborales. Bueno, este proyecto, borrador hasta ahora, propone convalidar esa informalidad. Es decir, establecer que toda persona contratada con un monotributo, aunque esté empleada por una empresa, sea considerada un monotributista, es decir, una persona informal. Que los trabajadores de plataformas que trabajan para las empresas de plataformas, que hoy no cuentan con derechos laborales, sigan así, no sean considerados empleados.

Indiscutiblemente se dice que se quiere atacar el problema de la informalidad, y la solución que se plantea es confirmar la situación de informalidad. Fijate qué curioso. Otra vez se repite esta cuestión del mensaje y las soluciones mágicas. En verdad, lo que busca el Gobierno es hacer como islas de regulación laboral para evitar la formalización de trabajadores. En este caso, de los trabajadores de plataformas, que hoy en día nadie duda que una persona que trabaja en una moto con una mochila de una empresa de plataforma obviamente trabaja para esa empresa de plataforma. Esto es una cuestión obvia. Bueno, lo que propone el gobierno es que los trabajadores se paguen su propia seguridad social, se paguen sus propios costos; confirmar la informalidad que existe.