La investigación por presunta trata de personas con fines de explotación sexual en Resistencia abrió nuevos interrogantes sobre las circunstancias en las que se encontraban dos jóvenes durante un allanamiento realizado el miércoles. Ambas tienen 20 y 22 años, no manifestaron haber sufrido maltratos y tampoco se reconocen como víctimas de un delito, según confirmó la subsecretaria de Género y Diversidad del Chaco, Sonia Valenzuela.
En declaraciones a Radio Libertad, la funcionaria explicó que el equipo provincial especializado en trata intervino a partir de un requerimiento de la Fiscalía Federal. Durante el procedimiento, las profesionales tomaron contacto con las mujeres, quienes, de acuerdo con la información recabada, ejercían la prostitución. Sin embargo, la ausencia de una denuncia o de un reconocimiento de la condición de víctima no descarta por sí misma una posible situación de explotación, una cuestión que deberá esclarecer la investigación judicial.
"Las víctimas no se ven como tales. Ellas creen o suponen que lo hacen porque quieren hacerlo, de una manera voluntaria, sin darse cuenta de la manipulación", sostuvo Valenzuela al describir las dificultades que pueden presentarse en estos casos. La funcionaria señaló que, para determinar si existe explotación, es necesario analizar las condiciones en las que se desarrolla la actividad y establecer si terceras personas obtienen beneficios económicos mediante mecanismos de sometimiento o aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad.
¿Existe una red de explotación sexual detrás del caso?
Uno de los principales interrogantes de la investigación es determinar si el inmueble allanado funcionaba como parte de una estructura organizada o si las actividades investigadas estaban vinculadas con una sola persona. Valenzuela evitó adelantar conclusiones y dejó en claro que, por el momento, no dispone de información suficiente para establecer el alcance del caso.
"Desconozco si esto es una red o es solamente una persona", afirmó la subsecretaria. También explicó que la utilización de viviendas proporcionadas por terceros y la eventual existencia de beneficios económicos son circunstancias que deben examinarse, aunque aclaró que esas situaciones no pueden darse por acreditadas en esta investigación.
La causa se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá determinar si existieron conductas compatibles con el delito de trata de personas y establecer las eventuales responsabilidades penales.
Cómo se encuentran las jóvenes y qué asistencia recibirán
De acuerdo con Valenzuela, las dos mujeres se encontraban en buen estado de salud cuando fueron asistidas por los equipos especializados. Durante el operativo también intervino personal sanitario para realizar una evaluación de su situación.
El acompañamiento continuará mediante profesionales de Trabajo Social, mientras que se pondrá a disposición de ambas jóvenes asistencia psicológica, respetando sus decisiones respecto de las intervenciones ofrecidas. La funcionaria también anticipó la posible participación de organismos nacionales especializados en el rescate y acompañamiento de víctimas de trata.
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Asimismo, mencionó la intervención del defensor oficial de víctimas de la Justicia Federal, Vargas, en las instancias correspondientes. Según explicó, el objetivo del abordaje es garantizar que las mujeres conozcan los recursos disponibles y puedan acceder a ellos sin imponerles una interpretación sobre sus propias experiencias.
Valenzuela indicó, además, que se trata del primer requerimiento de estas características recibido por el Punto Focal Provincial en Resistencia en el último tiempo. Como antecedente, recordó la asistencia brindada durante 2025 a una mujer oriunda de El Impenetrable chaqueño, en una investigación relacionada con una situación de explotación ocurrida en Buenos Aires.
Un detenido y dispositivos electrónicos bajo investigación
El expediente tuvo un avance importante durante el allanamiento realizado el miércoles en una vivienda ubicada en Necochea al 2420, en el barrio Complejos Malvinas Argentinas de Resistencia.
En ese procedimiento, efectivos de la Policía del Chaco detuvieron a un ciudadano venezolano, identificado mediante las iniciales Y.E.C.G., en el marco de una investigación por presunta infracción a la legislación nacional contra la trata de personas.
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La medida fue autorizada por la jueza federal Zunilda Niremperger, con intervención del fiscal federal Patricio Sabadini. Durante el operativo se secuestraron teléfonos celulares, una computadora portátil, chips de telefonía y documentación que será sometida a análisis.
El contenido de esos elementos podría aportar información sobre las actividades desarrolladas en el inmueble y permitir a los investigadores avanzar en la reconstrucción de los hechos.