Cambios en la Aduana: en qué consisten las nuevas medidas del Gobierno
La reforma se inscribe en una agenda de facilitación del comercio que busca alinearse con los estándares promovidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC), orientados a simplificar procedimientos, transparentar criterios y reducir barreras burocráticas.
El Gobierno nacional dispuso, en el comienzo del año, importantes modificaciones en el Código Aduanero (Ley 22.415), en línea con su estrategia de profundizar la desregulación y agilizar el comercio exterior, un eje que viene marcando el pulso de la política económica durante este ciclo. Las reformas apuntan a reducir tiempos, costos y márgenes de discrecionalidad en la operatoria diaria de importadores y exportadores.
Por medio del DNU 41/2026, publicado el lunes 26 de enero en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo introdujo cambios estructurales en la normativa vigente, con el argumento de modernizar un esquema que, según distintos actores del sector privado, acumulaba demoras, superposiciones administrativas y criterios dispares en su aplicación.
Cambios en el Código Aduanero: qué cambia para importadores y exportadores
Uno de los ejes centrales de la reforma es la incorporación de las denominadas “resoluciones anticipadas”. A partir de ahora, los operadores podrán solicitar dictámenes previos y obligatorios sobre tres aspectos sensibles de toda operación: la clasificación arancelaria, el origen y el valor de las mercaderías. La posibilidad de contar con esa definición antes de que la carga llegue a la frontera busca evitar controversias posteriores, rectificaciones sobre la marcha y eventuales sanciones.
Otra modificación relevante se vincula con los plazos. La Aduana o la Secretaría competente deberán emitir estas resoluciones en un máximo de 30 días. Si el organismo no responde en ese lapso, el importador o exportador podrá continuar con el trámite bajo garantía, lo que introduce un incentivo para la administración a cumplir con los tiempos y, al mismo tiempo, reduce la parálisis operativa que en ocasiones afectaba a las empresas.
En términos de seguridad jurídica, la norma establece mecanismos claros de impugnación frente a decisiones oficiales. Esto resulta especialmente significativo para el sector agroindustrial y exportador, donde la planificación financiera y logística depende de variables como aranceles, reintegros y reglas de origen. La previsibilidad, en este contexto, es un activo central.
Exportaciones PyME en récord: el balance económico de enero que destacó Luis Caputo
La medida también impide que, una vez que la mercadería arriba al puerto, un inspector modifique el criterio previamente establecido e imponga sanciones, siempre que no hayan cambiado las leyes ni la naturaleza del producto declarado. De este modo, se limita la discrecionalidad y se fortalece el principio de confianza legítima en la actuación administrativa.
Cuál es el impacto de los cambios para las empresas
Para las compañías, el impacto potencial es concreto: menor incertidumbre, reducción de costos asociados a demoras o litigios y mayor capacidad para estructurar contratos internacionales con información cierta. Saber de antemano cuánto se abonará en concepto de tributos o si se cumplen las reglas de origen permite definir precios, márgenes y condiciones de entrega con mayor precisión.
En definitiva, la reforma se inscribe en una agenda de facilitación del comercio que busca alinearse con los estándares promovidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC), orientados a simplificar procedimientos, transparentar criterios y reducir barreras burocráticas.
El desafío, hacia adelante, será verificar cómo se implementan estos cambios en la práctica y si logran traducirse en una operatoria más ágil y competitiva para el comercio exterior argentino.
(*) Especialista en Comercio Exterior, Gerente de Outland Logística.