Caso Loan: es momento de exigir el juicio oral

Este lunes 6 de abril a primera hora, en sus respectivos despachos, cuatro de los más altos funcionarios de la República recibirán una carta de singular trascendencia institucional, mediante la cual se solicita que se arbitren los medios necesarios para iniciar el juicio oral por el caso Loan Danilo Peña. El señor Presidente de la Nación, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el señor Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y el señor ministro de Justicia serán destinatarios de una nota suscripta por los padres del niño sustraído en la provincia de Corrientes el 13 de junio de 2024. 

Juicio justo, debido proceso y pleno resguardo del derecho de defensa, pero sin demoras

El contenido de dicha presentación no comporta una petición de naturaleza política ni una exhortación impropia, sino el ejercicio legítimo de un derecho: requerir que, en el ámbito de sus respectivas competencias y con el alcance que la Constitución y las leyes les asignan, se arbitren los medios necesarios para garantizar la realización del juicio oral en condiciones de celeridad, seriedad y eficacia.

Se trata, en definitiva, de que cada autoridad, desde el lugar que ocupa en la estructura republicana, contribuya a superar los obstáculos estructurales, institucionales, logísticos, económicos y jurídicos que, hasta el presente, han impedido que el proceso avance sin dilaciones indebidas desde su inicio hasta su conclusión.

El pedido es claro, respetuoso y profundamente institucional: que el sistema funcione. Que las herramientas que el orden jurídico prevé se activen. Y que la respuesta que la sociedad espera y que el derecho exige pueda ser finalmente construida en el ámbito que corresponde: el juicio.

Caso Loan: la Justicia no puede fallar sin reconstruir los hechos

Fundamentos normativos del derecho que ejercen los padres

En el ámbito de la formación jurídica de posgrado, resulta justo y necesario destacar la enseñanza sostenida y rigurosa de los profesores Sandro Abraldes y Eduardo Aboso, quienes, desde sus cátedras de especialización en derecho penal en la Universidad de Belgrano, han insistido con claridad metodológica en un principio tan elemental como exigente: toda cuestión jurídica debe comenzar por su fundamento normativo.

Antes de la interpretación, antes de la construcción dogmática, incluso antes de la valoración, corresponde siempre preguntarse por la norma, por su razón y por su alcance. Esa enseñanza transmitida con sobriedad, precisión y compromiso académico no solo ordena el pensamiento jurídico, sino que preserva algo más profundo: la integridad del derecho frente a la arbitrariedad. En tiempos en los que el ruido amenaza con desplazar la regla, ese enfoque recupera el sentido de la disciplina y reafirma que el derecho penal, en su expresión más seria, no puede apartarse de su base normativa sin perder legitimidad.

A ellos, por esa tarea silenciosa pero decisiva en la formación de juristas, corresponde un reconocimiento sincero y respetuoso.

El sustento normativo del derecho que los padres ejercen se encuentra plenamente previsto en el orden jurídico; no es improcedente ni antojadizo.

No es solo un reclamo moral: es el ejercicio de un derecho. Los padres de un menor sustraído no piden un favor: ejercen una garantía reconocida por la Constitución y por el derecho internacional. El artículo 18 de la Constitución Nacional asegura el debido proceso; el artículo 75 inciso 22 le otorga jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos que obligan al Estado a investigar, juzgar y sancionar con debida diligencia. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 8 y 25, establece el derecho a ser oído en un plazo razonable y a contar con recursos efectivos frente a violaciones graves.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: en casos que involucran niños, la obligación estatal se intensifica y no admite demoras injustificadas ni investigaciones meramente formales. En la misma línea, la Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que el derecho a la vida familiar y a un recurso efectivo exige que las autoridades actúen con rapidez real y eficacia concreta ante la desaparición de un menor.

En otras palabras: el derecho de los padres a exigir juicio no es una consigna. Es la manifestación directa de un deber jurídico del Estado. Cuando ese deber se demora o se diluye, no solo se afecta una causa: se compromete la responsabilidad internacional del país.

Cuatro cartas, una advertencia y una verdad que no puede perder contra el ruido

Los padres del niño desaparecido dirigieron comunicaciones a las máximas autoridades del país para garantizar un juicio oral serio, riguroso, legal y de realización urgente, con pleno resguardo de las garantías de todas las partes.

En paralelo, investigaciones internacionales —entre ellas las revelaciones del sitio británico especializado OpenDemocracy, junto a un consorcio de medios— expusieron una red de espionaje ruso que habría financiado la publicación de contenidos falsos en distintas plataformas digitales, lo que evidencia la existencia de campañas de desinformación con impacto también en la Argentina. Cuando el relato se organiza y la prueba se diluye, el riesgo ya no es mediático: es judicial.

Cuatro cartas y un pedido simple

En los últimos días, los padres de Loan decidieron hacer algo más que lo que hacen todos los días, que es reclamar por la aparición de Loan con vida, sano y salvo, algo que, en un contexto normal, no debería ser necesario.

Escribieron cuatro cartas. No a periodistas. No a la opinión pública. A las máximas autoridades del sistema: al Presidente de la Nación, al ministro de Justicia, al Presidente de la Corte Suprema, al Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. 

El contenido no fue retórico. Fue directo. Que el juicio oral se haga, que se haga bien y que se haga a tiempo. Nada más. Pero en la Argentina de hoy, eso ya es mucho.

El tiempo no es neutral

En un expediente, el tiempo es un dato. En la realidad, es otra cosa.

El tiempo enfría pruebas, deforma recuerdos y diluye responsabilidades. Y, sobre todo, los llena. 

El problema no es solo que el tiempo pase. Es con qué se llena ese tiempo.

Cuando el vacío se llena de relatos

Mientras el proceso judicial avanza —con sus ritmos, sus límites y sus tensiones— afuera ocurre otra dinámica. Una dinámica constante. Versiones. Hipótesis. Relatos. Algunos nacen del interés genuino. Otros, no.

Pero todos producen un efecto común: desplazan el eje. La pregunta central debería ser una sola: ¿Qué pasó con Loan?

Sin embargo, el espacio público empieza a poblarse de otras: disputas políticas, enfrentamientos personales, teorías sin verificación e interpretaciones que no pasaron por ningún control. Y así, sin necesidad de negar el hecho, el caso se corre.

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La desinformación ya no es local

En este punto aparece un dato que no puede ser ignorado. Investigaciones internacionales, difundidas por consorcios especializados en periodismo de investigación y basadas en documentos filtrados, identificaron la existencia de campañas de desinformación en Argentina a través de la publicación sistemática de contenidos en múltiples plataformas digitales.

No se trata de errores aislados. Se detectaron patrones: artículos sin autoría verificable, identidades no comprobadas, repetición de estructuras narrativas, difusión coordinada en distintos espacios. Centenares de publicaciones con lógica similar.

Sin afirmar (porque no corresponde hacerlo sin prueba judicial) que estas estructuras hayan incidido directamente en el caso Loan, lo cierto es que su existencia en el ecosistema informativo modifica el contexto. En causas de alta sensibilidad, el contexto importa. Y mucho.

Cuando la narrativa se organiza

La desinformación eficaz no grita. No niega. No impone. Sugiere. Repite. Amplifica. Y, sobre todo: organiza el ruido. 

Cuando aparecen contenidos con misma estructura, mismas hipótesis, mismos giros narrativos y misma velocidad de difusión ya no se está frente a una suma de casualidades. Se está frente a un sistema. Un sistema que no necesita probar nada: le basta con instalar.

El problema no es mediático: es jurídico

El riesgo no es que haya versiones. El riesgo es otro: que la prueba pierda centralidad. El derecho penal se rige por una regla tan simple como inexorable: lo que no se prueba, no existe.

Pero cuando el ruido se intensifica, aparece una zona peligrosa: lo probado y lo meramente dicho comienzan a confundirse. Y cuando se mezclan, el proceso se debilita.

Lo que no se ve también actúa

Este fenómeno tiene efectos concretos, aunque no siempre visibles: testigos que recuerdan dentro de un clima contaminado, relatos que incorporan información externa, hipótesis que nacen afuera pero condicionan la mirada adentro. Nada de eso queda registrado en un acta. Pero todo eso impacta en la causa.

Una causa que no puede convertirse en relato

Hay un punto todavía más profundo.

Cuando un caso deja de leerse como investigación penal y pasa a consumirse como historia mediática, ocurre algo grave: el hecho se vuelve secundario. La desaparición de un niño deja de ser el centro. Pasa a ser el telón de fondo de una trama más amplia: política, mediática, emocional.

Ese corrimiento no es inocente. Debilita la exigencia de verdad.

Por qué las cartas importan

En ese contexto, las cuatro cartas no son un gesto simbólico. Son una advertencia institucional. Un intento de volver a lo básico. Que el juicio oral sea el lugar donde la verdad se ordene y se verifique. Un juicio concentrado, serio, técnicamente sólido y basado en prueba. Porque si el juicio no ordena el caso, nada lo va a hacer.

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El 13 de abril: una oportunidad

Hay una fecha que aparece en el horizonte. El 13 de abril. La reconstrucción de los hechos. No es un trámite. No es una formalidad. Es uno de los pocos momentos donde el espacio habla, el tiempo se reconstituye y las versiones se enfrentan con la realidad.

Una reconstrucción bien realizada puede aportar más a la verdad que meses de especulación. Pero tiene que hacerse. Y tiene que hacerse bien.

Lo que se espera ahora

Las cartas ya fueron enviadas. El mensaje es claro. Ahora la expectativa es otra: que las autoridades estén a la altura. No para intervenir. No para presionar. Para garantizar que el sistema funcione, porque cuando funciona no necesita explicaciones, no necesita defensas, no necesita relatos. Se legitima solo.

El rol de la información

En medio de un escenario atravesado por la incertidumbre, la prensa y el periodismo serio de nuestro país vuelven a demostrar su carácter indispensable. No desde la estridencia ni desde la especulación, sino desde algo mucho más difícil: el compromiso sostenido con la verificación, la prudencia y la responsabilidad en el tratamiento de la información.

Desde estas mismas páginas y a través del trabajo constante de equipos editoriales, periodistas, productores y profesionales que comprenden el valor de su función se ha sostenido una línea clara: informar sin distorsionar, analizar sin contaminar y narrar sin ceder a la tentación de la ficción. 

Ese esfuerzo no es menor. Es, en este contexto, una forma concreta de solidaridad. Porque cuando el caso exige claridad, el periodismo que verifica ordena. Y cuando ordena, contribuye.

En este escenario, la información no es un detalle, es una variable estructural del proceso. Cuando verifica, ordena. Cuando no lo hace, desordena. Y cuando ese desorden escala —incluso a nivel internacional— el deber de rigor no disminuye: se vuelve imprescindible.

En ese punto, corresponde reconocer —con respeto y sin estridencias— a quienes han sostenido estándares de seriedad y excelencia en la cobertura. No como un gesto formal, sino como una constatación: sin ese periodismo, el camino hacia la verdad sería aún más difícil.

Colofón

La verdad no cae: se la empuja. No se pierde: se la desplaza. Y cuando el ruido se organiza, cuando las versiones se multiplican y la confusión avanza, hay un solo lugar donde la verdad puede volver a ponerse de pie: el juicio. 

Pero no cualquier juicio. Un juicio a tiempo. Un juicio serio. Un juicio con prueba.

Porque cuando la justicia llega tarde, no es justicia. Y cuando no llega, alguien decidió —por acción u omisión— que no llegara. Y si el juicio no llega a tiempo, si no se hace bien, si no se apoya en prueba, entonces no fracasa solo una causa, fracasa, sin atenuantes, la República misma.

ML