TRANSPARENCIA Y POLÍTICA

El activo que Milei no podía poner en juego

El escándalo que involucró a Manuel Adorni puso a prueba uno de los principales activos construidos por el oficialismo: su credibilidad.

Javier Milei, presidente de Argentina Foto: CEDOC

Hablar de imagen y de reputación en política nunca es sencillo. La imagen puede construirse con una buena campaña de comunicación, una entrevista acertada o una medida popular. La reputación, en cambio, es un capital mucho más difícil de conseguir. Se construye lentamente, a partir de la coherencia entre lo que un dirigente promete y lo que finalmente hace. Pero también puede romperse con una velocidad sorprendente. Se parece a un jarrón de porcelana: demanda años de trabajo para fabricarlo y apenas un instante para hacerse añicos.

Ese parece ser el principal aprendizaje que deja la gestión política de la crisis que involucró a Manuel Adorni. Más allá de las responsabilidades individuales o de las explicaciones que cada funcionario pueda ofrecer, el verdadero error estratégico del Gobierno fue poner en riesgo el activo más valioso que había construido desde su llegada al poder: la autoridad moral para denunciar la corrupción y presentarse como una alternativa distinta a la política tradicional.

Javier Milei no ganó únicamente por su programa económico. Ganó porque logró convencer a millones de argentinos de que representaba una ruptura con un sistema político desgastado por los privilegios, la falta de transparencia y la impunidad. Mientras otros gobiernos eran juzgados por la inflación, el déficit o la inseguridad, Milei edificó su legitimidad sobre una promesa diferente: terminar con las prácticas de la vieja política. Esa promesa se convirtió en el verdadero patrimonio de su gobierno.

Manuel Adorni y Diego Santilli, jefe de Gabinete saliente y entrante respectivamente.

Precisamente por eso, cuando comenzaron a aparecer situaciones capaces de generar dudas sobre la transparencia de algunos funcionarios, la respuesta oficial resultó desconcertante. En lugar de actuar con rapidez, despejar cualquier sospecha y preservar el capital reputacional del Gobierno, el oficialismo eligió cerrar filas, minimizar el problema y convertir la discusión en un nuevo enfrentamiento político. La gestión de la crisis terminó dañando aquello que pretendía proteger.

Los primeros indicios de ese desgaste ya aparecen reflejados en la opinión pública. Un estudio realizado por Reyes Filadoro y Enter Comunicación muestra un dato que merece atención. Entre los jóvenes de 18 a 35 años, la corrupción desplazó por primera vez a la inflación como principal preocupación. El 21 % menciona la corrupción como el problema más importante del país, mientras que solo el 10 % señala la inflación. Incluso entre quienes hoy apoyan a La Libertad Avanza, el 29 % considera que la corrupción se ha convertido en un problema central.

No deja de ser una paradoja política. El tema que durante años constituyó la principal bandera electoral del oficialismo comienza ahora a transformarse en uno de sus principales desafíos.

Sin embargo, el mismo estudio también demuestra que sería apresurado hablar de un derrumbe político. El 56 % de los jóvenes todavía preferiría mantener el rumbo del Gobierno hacia 2027 y apenas el 15 % de quienes votaron a Milei en 2023 afirma sentirse decepcionado. El respaldo electoral continúa siendo sólido y eso explica por qué el Gobierno conserva una posición competitiva.

Pero una cosa es conservar votos y otra muy distinta es conservar reputación.

La confianza comienza a deteriorarse mucho antes de que aparezcan las consecuencias electorales. Cuando un gobierno pierde el monopolio de la autoridad moral con el que llegó al poder, reconstruir esa credibilidad resulta mucho más complejo que recuperar indicadores económicos.

Otro dato del informe refuerza esa advertencia. Durante junio, el 57 % de las conversaciones digitales sobre el Presidente tuvieron un tono negativo y Manuel Adorni fue el funcionario con mayor nivel de exposición y el peor índice de sentimiento en redes sociales. Paradójicamente, uno de los mayores activos comunicacionales del oficialismo terminó convirtiéndose en el centro del desgaste político.

Existe además un sector que debería preocupar especialmente al Gobierno. El 43 % de los jóvenes manifiesta indiferencia o cansancio frente a la política y el 26 % asegura no identificarse con ningún partido. Es un electorado que no responde a las lealtades tradicionales, que vota según resultados y que suele ser mucho menos tolerante con las contradicciones entre el discurso y los hechos. Allí se jugarán buena parte de las próximas elecciones.

Javier Milei todavía conserva un importante respaldo social y los logros económicos obtenidos en materia de inflación siguen siendo reconocidos por una parte significativa de la sociedad. Pero justamente por eso sorprende que el Gobierno haya administrado una crisis reputacional utilizando mecanismos que durante años criticó en sus adversarios. Cuando la respuesta frente a un problema consiste en relativizarlo, descalificar al que pregunta o cerrar filas sin explicaciones suficientes, el riesgo no es solamente comunicacional. El riesgo es político.

La economía puede recuperarse con buenas decisiones. La reputación y la imagen no.

En los festejos del 4 de julio, Milei se sintió como en casa en la embajada de Estados Unidos

La reputación exige coherencia. Exige que la vara moral utilizada para juzgar a los gobiernos anteriores sea exactamente la misma que se aplica sobre el propio gobierno. Esa fue la promesa que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada y esa sigue siendo la principal expectativa de buena parte de sus votantes.

Los ciudadanos suelen perdonar los errores. Lo que no perdonan es descubrir que quienes prometieron ser distintos terminan pareciéndose demasiado a aquellos a quienes llegaron para reemplazar.