Intervenir lo que no se gana en las urnas

Hay proyectos que no nacen para resolver una crisis real, sino para fabricarla. La iniciativa de Francisco Paoltroni, presentada como una defensa de la República pero apoyada en una supuesta crisis institucional que no se verifica en los hechos, propone uno de los mecanismos más peligrosos para cualquier democracia federal: desplazar autoridades elegidas y poner a la provincia bajo tutela política.

El federalismo no es una consigna amable para discursos patrios. Es la arquitectura que impide que una decisión tomada lejos de un territorio reemplace la voluntad de sus habitantes. 

La intervención es un recurso excepcional. Solo procede cuando se encuentra alterado el funcionamiento de los poderes del Estado o vulnerados derechos esenciales. No puede ser utilizada como herramienta política ni como atajo frente a lo que no se dirime en las urnas.

Una intervención federal  no puede usarse como herramienta para saldar diferencias políticas. Es una medida extrema, reservada para escenarios extremos: cuando se quiebran los poderes públicos, se altera la forma republicana o los derechos esenciales quedan a la intemperie.

Nada de eso ocurre en Formosa, donde el Poder Ejecutivo gobierna, el Legislativo legisla y el Judicial ejerce sus funciones con normalidad. Hay división de poderes y plena vigencia del orden democrático. Y hay un pueblo que elige.Un pueblo que ha definido un rumbo y lo ha sostenido en el tiempo. Esa decisión es la base de toda legitimidad. Desconocerla o intentar reemplazarla desde afuera no solo es improcedente: es incompatible con el federalismo.

Puede haber debate, críticas, diferencias y oposición. Lo que no hay es vacío de poder, acefalía ni colapso institucional. Sin esa gravedad, hablar de intervención no es defender la Constitución: es forzarla.

La paradoja del proyecto es evidente. Dice proteger la República, pero propone remover al gobernador, al vicegobernador, a legisladores y poner en comisión a la Justicia provincial. 

En nombre de la institucionalidad, pretende suspender las instituciones. En nombre del orden democrático, busca desconocer el mandato popular.

Formosa tiene un pueblo que elige. Y esa decisión expresada en las urnas no puede ser relativizada porque incomoda a dirigentes que no logran construir una mayoría local.

Intendentes, organizaciones sindicales, entidades profesionales y distintos actores institucionales coincidieron en que no existen condiciones para una intervención y que avanzar en ese camino implicaría un atropello a la autonomía provincial. El rechazo ha sido claro y transversal.

Una intervención federal exige consensos amplios, razones contundentes y una prudencia institucional que aquí no aparece. Cuando una medida excepcional se presenta como gesto de campaña, la alarma debe encenderse antes de que el daño sea mayor.

La intervención federal no es una herramienta para dirimir peleas políticas ni está pensada para corregir gobiernos que no gustan.

Ninguna provincia argentina puede quedar expuesta a que sus instituciones sean puestas entre paréntesis por el desacuerdo de un sector. Hoy se habla de Formosa; mañana podría ser cualquier otra jurisdicción. Ese es el riesgo de naturalizar el atajo: convierte una herramienta de defensa constitucional en un arma de presión sobre gobiernos provinciales legítimamente constituidos.

La República no se declama: se respeta. Y respetarla implica aceptar que las provincias tienen autonomía, que sus ciudadanos eligen autoridades y que el Congreso no debe convertirse en un tribunal de conveniencias políticas. Intervenir Formosa sin quiebre institucional sería cruzar una línea que el federalismo no puede permitir.

*Diputado provincial y jefe del Bloque Justicialista en la Legislatura provincial.