En los próximos días el Congreso debe tratar el proyecto de reforma política enviado por el Poder Ejecutivo. A pesar de que el texto contiene una cantidad importante de propuestas de cambio, el interés periodístico se ha limitado a subrayar la intención de eliminar las PASO, de eliminar el aporte estatal a las campañas electorales, y la insistencia en la ficha limpia, pero no ha tomado estado público la voluntad del Ejecutivo de eliminar los debates presidenciales.
¿Por qué razón el gobierno está interesado en cancelar los debates? Es un misterio. Los fundamentos del proyecto son técnica y profesionalmente débiles, tanto por la ausencia de diagnósticos como por, consiguientemente, la vaguedad en las consecuencias técnicas de las reformas que propone. Pero es llamativo que no incluyan ni una palabra sobre los debates presidenciales que el articulado elimina.
¿Es todo perjudicial el proyecto? No, algunos puntos van en la dirección correcta, por ejemplo, la necesidad de que la normativa restrinja la cantidad de partidos con reconocimiento legal. Pero respecto de los debates ni siquiera se ha esgrimido el más que cuestionable argumento del costo para el erario público. Esa explicación, utilizada para denostar a las PASO, es inadecuada porque una reforma política debe estar orientada a mejorar la representación política y las instituciones democráticas, y no a equilibrar las cuentas fiscales. Lamentablemente, la democracia es cara, y si queremos mantenerla y mejorarla, los recursos, que son escasos en todo tiempo y lugar, pueden ser redireccionados desde otras partidas, que siempre las hay, sean públicas o reservadas.
Las campañas electorales son el momento más democrático de las democracias, porque es cuando los que detentan el poder ponen toda su atención en los ciudadanos comunes, que recuperan su poder el día de la elección, y los debates son el momento cúlmine de las campañas. Y no podría pensare que son un gasto superfluo: por ejemplo, el debate Macri-Scioli en 2015 fue una de las transmisiones más vistas de la historia de la televisión argentina, con picos de 58,2 puntos de rating, una marca que superó a la de la final del Mundial 2014 que disputaron Argentina y Alemania.
Es que los debates, que hoy ya se realizan en 85 países, cumplen una función democrática única, porque los electores pueden asistir en vivo a la discusión, que es un rasgo esencial del principio democrático, de todos los candidatos en un mismo lugar y bajo las mismas condiciones. Es una fuente de información inigualable para la ciudadanía, que además profundiza el interés de los votantes en la política: aunque la atención de los medios de comunicación suele centrarse en quién ganó el debate y cada elector ve como ganador a su propio candidato, la gente cuando ve un debate acuerda, disiente, argumenta, postea, lee comentarios de otros, e incluso, en el extremo, puede cambiar de opinión o de preferencia electoral.
Sobre todo en contextos de devaluación del debate político y fake news, una mayor cantidad de información de campaña es condición necesaria para que la ciudadanía vote a conciencia. Los debates nacieron en Suecia en 1958, pero han demostrado gran poder de adaptación al mundo actual, e incluso las redes sociales los han fortalecido: el uso de los celulares como segunda pantalla, complementaria a la de la televisión, aumenta y transforma la atención y la discusión de la audiencia.
En 2015, la Argentina fue el penúltimo país de América Latina en incorporar los debates presidenciales, gracias a un esfuerzo mancomunado de la sociedad civil liderado por la organización Argentina Debate. El debut fue tan bienvenido por la ciudadanía que al año siguiente el Congreso dictó una ley para convertir a los debates presidenciales en una obligación para los políticos, y otorgó la responsabilidad de su organización a la Justicia electoral, que lo ha hecho más que bien en 2019 y 2023.
Teniendo en cuenta todo esto, sorprende que, casi de manera oculta y sin ninguna explicación, el gobierno busque suprimir una instancia democráticamente relevante y valorada por la sociedad, que es, antes que nada, una herramienta de examen para los políticos por parte de la ciudadanía.
*Politólogo, presidente de la Fundación Poder Ciudadano.
