En política, las caricaturizaciones construyen realidades, qué duda cabe, y, por lo mismo, sería un error menospreciarlas. Bien lo sabe el gobierno de José Antonio Kast que ha descartado tajantemente que su llamado Plan de Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica esté inspirado en la Ley Ómnibus de Javier Milei, aunque tiene varias similitudes que hacen difícil un desmarque total.
Al igual que la emblemática y polémica ley transandina, la mega-reforma chilena agrupa una serie de cambios legales ambiciosos y busca (en un solo golpe) lograr un rediseño estructural de su modelo económico, que en las últimas décadas ha caminado hacia el progresismo.
El proyecto chileno contiene más de 40 medidas que abarcan desde rebajas tributarias, incentivos a la inversión, modificaciones regulatorias y ajustes al gasto público, que buscan que la tasa crecimiento de la economía se ubique en torno al 4% y que la tasa de empleo bordee el 6,5%, al final del periodo. Metas ambiciosas en un contexto político y geopolítico complejo, a propósito de la crisis de los combustibles, que ha generado el conflicto en Medio Oriente, y que, de prolongarse hasta fin de año, podría derivar en una nueva crisis económica mundial, tan profunda como la crisis subprime y la que generó recientemente la pandemia.
Pero más allá de los objetivos económicos y sociales que persigue esta ley, lo que aquí está en juego es algo más profundo y que tiene que ver la reinstalación de un marco económico que busca revalidar (y actualizar) el modelo neoliberal, en tensión desde el estallido social de Chile en 2019, y revisado en los dos últimos procesos constituyentes, que fueron rechazados por la ciudadanía, y, por lo mismo, terminaron revalidando la hegemonía del sistema político, económico y social vigente.
Dicho de otro modo, la reforma a la reconstrucción es la madre de todas las batallas, el sigma de la batalla cultural entre las fuerzas más radicales de derecha e izquierda, donde el triunfador puede (dependiendo de quien sea) coronar o debilitar estructuralmente el modelo neoliberal chileno.
¿Qué plantea el proyecto? Para reactivar el crecimiento el gobierno propone una reducción del impuesto corporativo (de 27% a 23%), junto con incentivos a la inversión y repatriación de capitales. Aunque la mayor tensión del Plan está en su pilar de ajuste fiscal: la propuesta contempla un recorte transversal cercano al 3% del gasto en la mayoría de los ministerios, junto con reducciones en programas sociales y una revisión del gasto estructural del Estado. En la práctica, el modelo apuesta por financiar el crecimiento a partir de una contracción del Estado, eventualmente, erosionando los niveles de protección social conquistados por los gobiernos de centro izquierda durante las últimas décadas. Una idea audaz, el intentar instalar condicionar la reactivación a la disminución de beneficios sociales, especialmente en el actual contexto económico y, considerando, que el gobierno se gastó gran parte de su aprobación en los cambios al mecanismo de estabilización de los combustibles que significaron un alza de casi el 40% en los precios de los combustibles, nivel inédito en el Chile de las últimas 4 décadas.
Además, la apuesta del gobierno es particularmente arriesgada en el marco del actual sistema político chileno, caracterizado por alta fragmentación y baja capacidad de generar acuerdos transversales. Mientras estas condiciones se mantengan, el plan enfrenta un horizonte potencialmente acotado a un solo ciclo gubernamental. En ese escenario, es altamente probable que la próxima administración, como ha sido la tónica en las últimas dos décadas, busque desmantelar o reconfigurar lo avanzado, reeditando un patrón de reformas pendulares que prolonga la incertidumbre, erosiona la credibilidad de las políticas públicas y dificulta la consolidación de una estrategia de desarrollo de largo plazo.
Uno de los efectos más relevantes —y probablemente no previstos— del Plan de Reconstrucción ha sido su impacto en la oposición. En un escenario marcado por la fragmentación, el proyecto ha operado como un factor de convergencia política. Les ha regalado unidad de propósito. La centroizquierda y la izquierda más dura han encontrado un punto común en la crítica al diseño de la reforma, particularmente en relación con el que “retroceso” que asegura se generará en materia de derechos sociales. La caracterización del gobierno como un “gobierno de los ricos” es parte de una estrategia para enmarcar el proyecto como una reforma regresiva, que prioriza incentivos al capital por sobre la protección social.
Pero lo más relevante es que esta convergencia podría no quedarse solamente en el plano político. Y es que existes señales incipientes de que el mundo social (gremios, organizaciones territoriales y actores sindicales) podría comenzar a alinearse en torno a esta lectura, especialmente si los recortes en programas sociales se traducen en efectos concretos en el corto plazo. De ser así, el conflicto podría escalar desde el Congreso hacia la calle, replicando dinámicas que han marcado la política chilena en la última década.
Por otro lado, el gobierno también enfrenta resistencia dentro de su propio bloque. Su estrategia de construir mayorías mediante acuerdos parciales ha generado fricciones con sectores particularmente en el mundo libertario que cuestionan las concesiones realizadas y el carácter negociador del Ejecutivo. Este punto es clave. Porque la lógica de una ley ómnibus requiere cohesión política para sostener su tramitación. Y en este caso, esa cohesión está lejos de estar garantizada.
A pesar de la mayoría que tiene el Ejecutivo en el Congreso, la tramitación del proyecto anticipa un escenario complejo. Su amplitud obliga a una discusión en múltiples comisiones, lo que aumenta los puntos de veto y fragmenta la negociación.
A esto se suma la posibilidad —ya evaluada por sectores de oposición— de recurrir al Tribunal Constitucional, lo que introduce un componente adicional de incertidumbre institucional.
De esta manera, será nuevamente el Congreso el principal campo de disputa política del gobierno, donde se definirá no solo el destino del proyecto, sino también la capacidad del Ejecutivo para imponer su agenda.
Después de años en que el debate público se desplazó hacia mayores demandas de protección social, el gobierno de Kast propone volver a poner el crecimiento, la inversión y la iniciativa privada en el centro del modelo. Pero ese giro no ocurre en el vacío. Ocurre en un contexto de desconfianza institucional, expectativas sociales elevadas y fragmentación política.
Por eso, la comparación con la ley ómnibus de Milei no es simplemente retórica. En ambos casos, se trata de proyectos que buscan avanzar rápido, con alta concentración de cambios y en escenarios de debilidad relativa del sistema político. La diferencia es que Chile no está en crisis económica aguda. Y eso cambia el margen de tolerancia social frente a reformas de esta naturaleza.
El principal riesgo del gobierno no es solo que el proyecto sea rechazado o diluido, es que su diseño genere una sobrerreacción política y social que termine debilitando su propia agenda. Si la oposición logra consolidar una narrativa coherente y el mundo social se activa, el Plan de Reconstrucción podría transformarse en el eje de un nuevo ciclo de conflictividad. Y, en ese escenario, lo que hoy se presenta como una estrategia para recuperar el crecimiento podría terminar reabriendo el debate sobre el modelo de desarrollo en Chile. Ese es un terreno donde el gobierno no tiene garantizada la ventaja.
En conclusión, el Plan de Reconstrucción sintetiza la apuesta estratégica del gobierno de Kast: reactivar el crecimiento como eje ordenador del sistema político y económico, incluso a costa de reabrir tensiones que parecían contenidas tras el ciclo de crisis iniciado en 2019. Su diseño, ambicioso, concentrado y fiscalmente exigente, busca generar un punto de inflexión, pero al mismo tiempo expone al Ejecutivo a un nivel de riesgo político elevado.
El gobierno enfrenta así un dilema estructural. Si modera el proyecto para asegurar su aprobación, arriesga diluir su señal política y perder coherencia programática. Si insiste en su diseño original, aumenta la probabilidad de bloqueo legislativo y escalamiento del conflicto. En ambos escenarios, el margen de maniobra es estrecho.
En definitiva, más que una reforma económica, el Plan de Reconstrucción es una prueba de capacidad política. No solo para aprobar una agenda, sino para sostenerla en un entorno de fragmentación, desconfianza y alta sensibilidad social. El resultado de ese proceso no solo definirá el desempeño del gobierno, sino también el rumbo del modelo chileno en los próximos años.
*Director Comsulting.
