La calma de Milei, el vacío opositor y el deterioro de las reglas

Hay momentos en la política argentina donde todo parece desacoplarse. Los gestos no coinciden con los procesos, las formas no reflejan el fondo y los actores se mueven en direcciones que no terminan de construir un rumbo claro. Estamos, otra vez, en uno de esos momentos.

En los últimos días, el presidente Javier Milei mostró una versión inusual de sí mismo. Más calmo, más contenido, incluso cordial en algunas intervenciones públicas. Una escena que contrasta con el estilo que lo llevó al poder, basado en la confrontación, la intensidad y una narrativa de ruptura permanente.

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Ahora bien, la experiencia indica que estos cambios no deben leerse como transformaciones profundas. En política, y sobre todo en liderazgos de alta intensidad, el estilo no se modifica: se administra. Puede ralentizarse, puede disimularse, pero difícilmente se altere en su esencia. Y en el caso de Milei, el estilo no es un accesorio; es parte constitutiva de su identidad política.

Mientras tanto, aparece una paradoja interesante. El Gobierno no cuenta con niveles mayoritarios de aprobación. Distintas mediciones lo ubican en torno a un tercio de apoyo, con una mayoría que se declara crítica o directamente opositora. Sin embargo, ese descontento no encuentra hoy una traducción política eficaz.

No hay, por ahora, un liderazgo opositor capaz de capitalizar ese malestar. La oposición está fragmentada, desordenada, sin dirección. Y en ese vacío, ocurre algo que la Argentina ya conoce: otros actores comienzan a ocupar el lugar que la política deja libre. Entre ellos, la Justicia.

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El Poder Judicial aparece, una vez más, como un límite y, en cierto modo, como una forma indirecta de oposición. No necesariamente por vocación, sino por ausencia de alternativas. La proliferación de causas, las sospechas de irregularidades y los cuestionamientos institucionales colocan a los jueces en el centro de la escena pública.

Un ejemplo reciente resulta particularmente ilustrativo. La decisión de retirar un pliego judicial por razones vinculadas a relaciones familiares expone un problema que va más allá del caso puntual. Si un candidato puede ser vetado por su vínculo personal con alguien del entorno del poder, entonces lo que está en discusión no es ese nombre, sino el criterio con el que se gobierna.

Las reglas institucionales existen precisamente para evitar ese tipo de discrecionalidad. Los pliegos judiciales siguen un procedimiento: interviene el Ministerio de Justicia, luego el Senado. Alterar ese recorrido por motivos personales introduce un factor de arbitrariedad que erosiona la confianza en el sistema.

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Y acá aparece una contradicción evidente. El oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre la idea de romper con las prácticas de la “vieja política”. Sin embargo, cuando se observan este tipo de decisiones, la frontera entre lo nuevo y lo viejo empieza a volverse difusa.

A esto se suman otros elementos que complejizan el cuadro: demoras en obligaciones de transparencia, tensiones en designaciones, observaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional sobre la calidad institucional. Señales que, tomadas en conjunto, configuran un escenario que merece atención.

Pero hay un dato todavía más inquietante. La creciente desconexión entre la economía y las reglas institucionales. Es posible —y hay ejemplos en el mundo— que ciertos indicadores funcionen razonablemente bien mientras los estándares democráticos se deterioran. Ese desacople, que antes parecía excepcional, empieza a volverse más frecuente.

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En la Argentina, esa tensión aún no terminó de resolverse. El descontento social existe, pero no se organiza. El oficialismo enfrenta límites, pero no una alternativa clara. Y las instituciones, en ese contexto, quedan sometidas a una presión creciente.

La pregunta, entonces, no es solo qué tan sólido es el Gobierno. La pregunta es algo más incómodo: qué tan preparado está el sistema político para ofrecer una alternativa, para sostener reglas estables y para evitar que la discrecionalidad se convierta en norma.

Porque cuando la política no ordena, alguien más lo hace. Y en la Argentina, esa sustitución nunca termina bien.