La República del Paraguay, impulsada por el crecimiento de sus exportaciones de carnes y granos, y su preeminencia en el transporte de materias primas y productos a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, ha consolidado un cambio estructural. A partir de la transformación de langostinos argentinos para su posterior exportación, el país vecino se ha transformado, en los hechos, en un Estado con litoral marítimo en el Atlántico Suroccidental, independientemente de su rol en el Mercosur. Ante la pregunta de si falta que haga negocios con las islas Malvinas, la respuesta es negativa: también los hace.
La Argentina, desde la época del Virreinato y tras su independencia en 1816, tuvo clara la importancia estratégica del Río de la Plata y del comercio fluvial. Nadie hubiera imaginado que doscientos años después Paraguay asumiría un rol protagónico en la comercialización de productos regionales argentinos y, menos aún, en la industrialización de la pesca del Atlántico Sur. No hay nada que recriminarle al Paraguay; la situación responde a las deficientes políticas del Gobierno argentino.
Un repaso histórico por la soberanía regional
Entre 1825 y 1828, la Argentina disputó con Brasil el control de la Banda Oriental. En línea con una política de invasión y control de negocios manifestada previamente en 1806 y 1807, el Reino Unido intervino para evitar que cualquiera de las dos potencias locales controlara el Río de la Plata. Al presionar a ambos contendientes, promovió la independencia de Uruguay como un «Estado tapón», lo que se consolidó con la firma de la Convención Preliminar de Paz el 27 de agosto de 1828 y la posterior Constitución uruguaya de 1830.
Años más tarde, el 20 de noviembre de 1845, se produjo la Batalla de la Vuelta de Obligado, hito al que se le asigna la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. En esa ocasión, el gobierno de Juan Manuel de Rosas, a través del general Lucio Norberto Mansilla, intentó frenar el avance de una flota anglofrancesa que buscaba monopolizar el comercio con los pueblos de los ríos interiores de la Confederación Argentina.
Posteriormente, el 12 de noviembre de 1864, se inició la guerra de la Triple Alianza (o Guerra Grande), uno de los conflictos más sangrientos de Latinoamérica. Tras más de cinco años de enfrentamientos, Paraguay perdió el 40 % del territorio que reclamaba, quedó fuertemente endeudado y sufrió una trágica pérdida demográfica. En 1991, con la firma del Tratado de Asunción y la creación del Mercosur, el país vecino inició un camino orientado al dominio comercial del eje Paraná-Paraguay, avanzando recientemente sobre la explotación de recursos argentinos en el Atlántico Sur. Técnicamente, sus políticas comerciales hoy compiten con las de actores globales como China, España, Estados Unidos y el Reino Unido en la captación de los recursos naturales argentinos.
Evolución comercial y asignaturas pendientes en la marina mercante
Hace cincuenta años, en 1976, la Argentina era el exportador más importante de la región en carnes, granos y pescados, con cifras muy superiores a las de Paraguay. El país registraba una producción de 25 millones de toneladas de granos, mientras que Paraguay escasamente exportaba unas 240 000 toneladas. En el rubro de carnes rojas, la Argentina exportaba unas 8000 toneladas, frente a registros irrelevantes del lado paraguayo. En 2026, si bien la Argentina se mantiene por encima con un estimado de 870 000 toneladas, Paraguay se ubica dentro del top 10 mundial de exportadores de carne con 450 000 toneladas, mientras que sus ventas externas de granos alcanzan las 10 millones de toneladas.
Gran parte de estas cifras están vinculadas al uso de la bandera paraguaya para la exportación de productos. Con el objetivo de equiparar las condiciones impositivas de ambos países, se elaboraron junto a Fabián Lugarini dos proyectos de ley para el entonces senador Fernando «Pino» Solanas: la Ley de Marina Mercante y Fluvial (Ley 27.419) y la Ley de Industria Naval Pesquera (Ley 27.418). A pesar de haber sido aprobadas por unanimidad en el Senado de la Nación para promover la industria naval argentina y la soberanía fluvial, el presidente Mauricio Macri vetó los artículos centrales que resolvían la problemática de fondo.
Por otra parte, interviniendo en la jurisdicción de las provincias del litoral, el Estado nacional llamó a licitación para concesionar por 25 años prorrogables la administración (dragado, mantenimiento y señalización) de la hidrovía Paraná-Paraguay, vía por la cual sale el 85 % de las exportaciones argentinas. Esta medida debilita la soberanía fluvial y la integración fluvial-marítima, convirtiendo a Montevideo en un paso obligado para el tránsito de la producción local, en un esquema que evoca las decisiones británicas de 1828.
El fenómeno del «Paraguay Marítimo» y el reprocesamiento pesquero
A este escenario se suma el fenómeno del «Paraguay Marítimo» mediante la exportación paraguayo-española de langostino salvaje argentino (Pleoticus muelleri). En 2025, la Argentina exportó aproximadamente 120 000 toneladas de esta especie a un valor estimado de 7250 dólares la tonelada. Actualmente, una empresa nacional exporta al Paraguay langostino congelado sin valor agregado. En el país vecino se realiza el proceso de valorización (pelado, desvenado, producción de colas y envasado) para su posterior reexportación a mercados tradicionalmente abastecidos por la Argentina, como Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón. De este modo, se transfieren al extranjero la mano de obra local y el consumo de insumos de empaque.
La planta importadora, construida en la localidad de Hohenau (Paraguay) —a pocos kilómetros del río Paraná y de la ciudad de Posadas— con una inversión de entre 20 y 30 millones de dólares, proyecta generar unos 400 empleos bajo la denominación de South Atlantic Company SA. La firma está integrada por las sociedades españolas Pamape SL y el Grupo Worldwide Fishing Company (WOFCO). Este último holding poseería el 42 % del paquete accionario de Conarpesa, empresa de capitales españoles radicada desde hace cincuenta años en Chubut y líder en la exportación de langostinos en la Argentina.
WOFCO promociona sus operaciones en revistas especializadas locales definiéndose como «líderes en gambón argentino». Según fuentes del sector, el grupo operaría además en las islas Malvinas a través de firmas conjuntas (joint-ventures) con socios locales mediante la empresa Polar Seafish Limited, la cual captura calamar loligo bajo licencias emitidas por el gobierno británico de las islas. Al comercializar dicha especie en el mercado europeo, se utiliza el rótulo genérico de producto capturado en la región FAO 41 bajo el nombre de «Calamar Patagónico», lo que altera la trazabilidad y el origen real del recurso ante los consumidores. De confirmarse estos vínculos, las empresas mencionadas estarían infringiendo los artículos 7, 9, 23 y 27 bis de la Ley Federal de Pesca (Ley 24.922), así como la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Asimismo, WOFCO opera como una multinacional con socios en España, Ecuador, Vietnam y China, habiendo utilizado plantas en territorio chino para el reprocesamiento del langostino argentino a través de su socio fundador Kunming Yang.
Factores clave detrás de la triangulación comercial
Existen tres argumentos centrales que explican por qué una empresa radicada en la Argentina, con autorizaciones de captura en aguas nacionales, traslada el recurso al Paraguay para su procesamiento, a pesar de la distancia de 2318 kilómetros que separa a Puerto Madryn (Chubut) de Hohenau (Itapúa), lo que representa un viaje estimado de 30 horas en camión:
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Falta de idoneidad en la administración de los recursos públicos: Los recursos pesqueros (peces, crustáceos y moluscos) pertenecen al dominio del Estado nacional o provincial, a diferencia de la producción ganadera privada. Al otorgar concesiones de explotación, el Gobierno debe asegurar la obtención del máximo valor agregado por cada especie capturada, evitando la exportación de materia prima en bruto que transfiera el empleo y los insumos a terceros países.
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Asimetrías macroeconómicas y costos operativos: El Estado debe garantizar condiciones macroeconómicas estables y costos internos competitivos para que las concesiones pesqueras sean sustentables en territorio nacional. La falta de competitividad fomenta la desocupación y el desarraigo en las ciudades portuarias de la Patagonia, una región estratégicamente vulnerable. Las empresas que trasladan su producción al Paraguay aprovechan las ventajas del «régimen de maquila»: arancel cero a la importación, costos operativos un 35 % menores, cargas laborales reducidas en un 17 %, costos energéticos competitivos (40 USD por MWh), IVA del 10 % y una tasa única del 1 % a la reexportación, quedando exentos de retenciones.
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Control fiscal y trazabilidad: Es necesario que los organismos competentes investiguen si estos procesos de triangulación comercial ocultan maniobras de subfacturación en las exportaciones originales desde la Argentina. Asimismo, el bloque regional aún no define con precisión las normas de origen y trazabilidad para este tipo de productos industrializados bajo regímenes especiales.
Como señala el refrán popular: «La culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer». Una máxima aplicable a la estrategia paraguaya de expandir su desarrollo industrial y empleo utilizando recursos naturales cedidos por las deficiencias de la política económica argentina.
(*) Experto en Atlántico Sur y Pesca – Ex Secretario de Estado
Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)
cesarlerena.com.ar
