La Justicia no se mejora llenando casilleros

Durante años repetimos una verdad incómoda: una Justicia con cientos de juzgados vacantes no puede funcionar bien. Los expedientes se acumulan, las respuestas tardan y los ciudadanos terminan pagando el costo de un sistema que llega tarde. Por eso es importante que la cobertura de cargos avance. Pero resolver un problema puede dejar al descubierto otro.

El reciente comunicado del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires volvió a poner la atención sobre una cuestión que merece una discusión seria: qué peso tienen realmente el mérito y la idoneidad cuando llega el momento de elegir a quienes serán jueces.

Un concurso judicial tiene distintas etapas. Los candidatos rinden un examen, se analizan sus antecedentes, pueden formular impugnaciones y luego atraviesan una entrevista. Finalmente, el Consejo de la Magistratura decide quiénes integrarán las ternas que serán enviadas al Poder Ejecutivo.

Esa última instancia necesariamente supone valoración. Elegir un juez no puede reducirse a sumar puntos en una planilla. Pero tampoco puede ocurrir lo contrario.

El mérito no puede ser importante hasta el momento en que deja de resultar conveniente"

Si una persona llega muy bien posicionada después del examen y de sus antecedentes y, luego de una entrevista, cae varias posiciones, la decisión debe tener una explicación clara. Lo mismo sucede si para cubrir nuevas vacantes se recurre a listas complementarias y se altera el orden que el propio concurso había construido.

El mérito no puede ser importante hasta el momento en que deja de resultar conveniente. La discusión, además, viene de antes.

En 2022 impulsamos en el Consejo una reforma integral del sistema de concursos que proponía, entre otras medidas, realizar concursos anticipados tanto para la justicia nacional como para la federal. El Consejo finalmente avanzó con ese mecanismo para la justicia nacional.

En el Consejo de la Magistratura se toman decisiones que pueden cambiar la vida profesional de un candidato y, mucho más importante, determinar quién tendrá el poder de resolver sobre la libertad, el patrimonio y los derechos de miles de personas"

La lógica es sencilla: si los candidatos pueden ser evaluados antes de que una vacante concreta quede disponible, no sólo se gana tiempo. También se evita que las características particulares de ese cargo condicionen el proceso de selección.

Después presentamos otras iniciativas destinadas a reducir los espacios de discrecionalidad que fuimos encontrando durante el procedimiento: mayor publicidad sobre los exámenes y su corrección, parámetros más objetivos para evaluar, reglas para los antecedentes y criterios concretos para las entrevistas.

Este año la propia Corte Suprema entró en la discusión. Mediante la Acordada 4/2026 remitió al Consejo una propuesta de reforma que vuelve a colocar el mérito y la idoneidad en el centro del sistema y busca reducir algunos márgenes actuales de discrecionalidad. No coincide en todo con nuestras propuestas y creemos que puede mejorarse. Pero adherimos formalmente porque representa un avance respecto del régimen vigente. 

Hay además algo más sencillo, pero igualmente importante.

Quienes integramos el Consejo tomamos decisiones que pueden cambiar la vida profesional de un candidato y, mucho más importante, determinar quién tendrá durante años el poder de resolver sobre la libertad, el patrimonio y los derechos de miles de personas.

Esa responsabilidad exige poder dar explicaciones. No se trata de eliminar la capacidad de decidir. Se trata de asumir que cada decisión importante debe poder ser entendida, controlada y defendida públicamente.

Argentina necesita cubrir sus vacantes judiciales. Y necesita hacerlo rápido. Pero una Justicia mejor no se construye simplemente llenando casilleros. Se construye eligiendo bien. Y pudiendo explicar por qué.

*abogada, Consejera de la Magistratura de la Nación