La necesidad de los indultos y el mal absoluto

En los últimos años, cada vez que se acerca el aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, reaparece desde ciertos ámbitos civiles, militares y algunos abogados el insistente reclamo de lo que llaman “memoria completa”. Bajo esa consigna, que pretende presentarse como equilibrada, se intenta reinstalar una vieja tesis: que el golpe de 1976 habría sido una reacción inevitable frente a una supuesta guerra interna y que, medio siglo después, correspondería cerrar definitivamente ese capítulo mediante un indulto general.

En las últimas semanas incluso volvió a circular la posibilidad de un indulto, ya que quienes defienden abiertamente a los militares detenidos —como Cecilia Pando y otros— insisten en reclamar una amnistía o el perdón presidencial para los condenados por crímenes de lesa humanidad. El planteo no es nuevo. Cuando asumió la presidencia Mauricio Macri, el diario La Nación llegó a publicar un editorial en el que sostenía que debían terminar los juicios y lo que todavía hoy algunos califican como “persecuciones” contra los militares. El argumento que se repite es siempre el mismo: se enumeran los atentados y crímenes de las organizaciones guerrilleras y se intenta presentar la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas como una reacción casi desesperada frente al desorden y la violencia política. Pero esa interpretación, además de simplista, omite deliberadamente un dato fundamental: el golpe de Estado no fue una reacción improvisada sino un proyecto cuidadosamente preparado.

Las investigaciones de Carlos Osorio, director del Proyecto de Documentación del Cono Sur del National Security Archive, basadas en documentos desclasificados en Estados Unidos, muestran con claridad que los mandos militares ya planificaban la toma del poder desde 1975. Y eso ocurría cuando el gobierno de Isabel Perón había puesto en marcha una persecución implacable contra la guerrilla a través del Operativo Independencia. Es decir, el argumento de que el golpe fue una reacción inevitable frente a la violencia pierde sustento frente a la evidencia documental. No sólo existían reuniones sistemáticas entre los altos mandos militares para discutir cómo debía organizarse el poder después del golpe. También operaba el llamado “grupo Azcuénaga”, encabezado por Jaime Perriaux, donde economistas, empresarios y militares debatían el programa económico que debía aplicarse una vez consumada la ruptura institucional. La dictadura que comenzó en 1976, por lo tanto, no fue simplemente una intervención militar frente al caos: fue la puesta en marcha de un proyecto político, económico y social previamente diseñado.

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La dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 no fue un simple recurso desesperado frente al “caos subversivo”, sino un proyecto político cuidadosamente preparado, para esa “reorganización nacional" de la que se hablaba en secreto. Los propios documentos militares hablaban con la expresión que luego daría nombre al régimen: "Proceso de Reorganización Nacional". No se trataba únicamente de derrotar a organizaciones armadas, sino de transformar de raíz la estructura económica y social del país, lo que se hizo bajo la conducción económica de José Alfredo Martínez de Hoz. Bien se sabe cuáles fueron los resultados de la política instrumentada a partir de 1976. La Argentina experimentó una apertura financiera radical y un endeudamiento externo sin precedentes: la deuda pública pasó de unos 7.800 millones de dólares en 1976 a más de 45.000 millones en 1983, lo que demuestra que el golpe tuvo objetivos mucho más amplios que una simple “campaña antisubversiva”.

A esto se suma el escándalo de favorecer a los empresarios privados transfiriendo sus deudas mayormente ficticias al Estado, la destrucción de la estructura productiva, la apertura indiscriminada de las importaciones, una “tablita” diseñada para los negocios que llevaría la denominada “patria financiera” multiplicándose en bancos y cajas de crédito, que terminaron en quiebras y liquidaciones que debió afrontar el Banco Central como garante de los depósitos. Precisamente, en una investigación realizada en el año 1992, por decisión del expresidente Menem se pudo determinar las enormes pérdidas sufridas por la autoridad monetaria, que debió responder ante la debacle del sistema, calculándose una pérdida superior a los 50.000 millones de dólares hasta 1983, sin perjuicio de las erogaciones que debieron afrontarse posteriormente ante la liquidación de muchas entidades financieras. Esa investigación, a pesar de lo que mostraba, fue archivada sin consecuencias.

Los apologistas de la dictadura —relato del que con frecuencia se nutre el actual presidente Javier Milei— pretenden instalar la idea de que el golpe de Estado en Argentina de 1976 fue una reacción trágica pero necesaria frente a la violencia guerrillera. Pero la evidencia histórica demuestra algo muy distinto. El golpe no fue una reacción desesperada, sino un proyecto cuidadosamente planificado para reorganizar el país en todos sus órdenes. La represión no fue un exceso ocasional sino un sistema clandestino y metódico, dirigido desde el propio Estado. Y las víctimas no fueron únicamente combatientes armados: lo prueban miles de casos documentados. Por eso los juicios que hoy se realizan no constituyen un acto de revancha política como muchos sostienen, sino la aplicación del derecho frente a crímenes de lesa humanidad, que por su naturaleza son imprescriptibles. La vicepresidenta Victoria Villarruel también participa de los criterios del exceso, y ha tratado de fundamentar vanamente esta supuesta persecución.

Basta mirar algunos ejemplos para desmontar el argumento justificatorio. ¿Qué tenían de guerrilleros los estudiantes secundarios secuestrados en La Noche de los Lápices en La Plata, cuyo único “delito” había sido reclamar el boleto estudiantil? ¿Qué tenían de subversivos los sacerdotes y seminaristas asesinados en la Iglesia de San Patricio, conocidos por su trabajo pastoral en el barrio? ¿Qué amenaza representaban para el Estado los obispos Enrique Angelelli y Nicolás Ponce de León, víctimas también de la violencia de los grupos de tareas? ¿Qué tenían de combatientes el diplomático Hidalgo Solá, la funcionaria Elena Holmberg Lanusse o el periodista Edgardo Sajón? La lista podría continuar durante páginas enteras, pero esta escasa enumeración basta para revelar la falsedad del argumento: la represión ilegal no distinguió entre guerrilleros y ciudadanos comunes. Persiguió estudiantes, religiosos, diplomáticos, periodistas y opositores de toda índole.

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Por eso, medio siglo después, el debate no gira en torno a la “venganza” o el “perdón” como muchos pretenden instalar. Se trata de algo mucho más elemental: afirmar que ningún Estado, bajo ningún pretexto, puede secuestrar, torturar y hacer desaparecer personas sin responder ante la ley. Esa es, precisamente, una de las bases sobre las que se sostiene la democracia argentina desde el retorno institucional de la democracia en Argentina de 1983.

No resiste el menor examen histórico la proclamada idea de que el país se hallaba inmerso en una guerra comparable a un conflicto armado clásico. En una guerra existen prisioneros, tribunales, registros y normas mínimas de trato. Lo que ocurrió en la Argentina fue otra cosa: una red clandestina de secuestros, torturas y desapariciones organizada desde el propio Estado. La CONADEP, creada en 1983 por el presidente Alfonsín, documentó miles de casos de desapariciones forzadas y más de 300 centros clandestinos de detención. Su informe, publicado como Nunca Más, dejó establecido que la represión no se limitó a combatientes armados: alcanzó a estudiantes, sindicalistas, periodistas, religiosos y militantes políticos de las más diversas tendencias. 

Como resulta imposible negar los hechos ocurridos en los años de la dictadura, se recurre al eufemismo reiterado de “los excesos de la represión”, como si las torturas, las violaciones de mujeres indefensas, los robos de propiedades y mobiliarios, la desaparición de bebés, las ejecuciones y los vuelos de la muerte hubieran sido nada más que daños colaterales. Hay que tener un gigantesco grado de cinismo y de maldad visceral para intentar disimular el delito en sus expresiones más horrorosas.

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Las organizaciones guerrilleras —como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo— existieron y cometieron actos violentos que deben ser juzgados por la historia con la misma claridad moral. Los asesinatos lo son, más allá de quién los haya cometido y los razonamientos que utilizan ciertos grupos militantes para justificarlos resultan francamente despreciables, ya que están nutridos de puro ideologismo. Es de sobra conocido que en 1976 muchas de las organizaciones guerrilleras ya estaban severamente debilitadas. Diversos estudios señalan que el ERP estaba prácticamente destruido tras 1975, y Montoneros había perdido gran parte de su estructura interna, sin embargo, la represión se expandió masivamente hacia personas que solo tenían ideas diferentes, como docentes, investigadores y los que señalé anteriormente. La represión que siguió al golpe no fue una respuesta proporcional a un enemigo militar equivalente, sino un sistema de terror extendido sobre amplios sectores de la sociedad. Por esa misma razón, los juicios iniciados tras la recuperación democrática no constituyeron una “venganza ideológica” y el histórico Juicio a las Juntas demostró, con pruebas y testimonios, la responsabilidad directa de los comandantes del régimen que instrumentaron el plan para desaparecer no solo a los que enfrentaran al régimen, sino aun a aquellos que solo se limitaran a cuestionarlo. 

La Justicia argentina actuó después de la restauración democrática, y el Juicio a las Juntas fue reconocido internacionalmente porque fue la primera vez que una dictadura militar era juzgada por tribunales civiles en su propio país. Décadas después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina declaró inconstitucionales las leyes de impunidad (2005), reabriendo procesos por crímenes de lesa humanidad. Y eso no es revanchismo, sino aplicar el principio jurídico universal de que esos crímenes no pueden quedar impunes.

El derecho internacional es claro en este punto. Los crímenes de desaparición forzada, tortura sistemática y apropiación de niños son considerados crímenes de lesa humanidad, lo que significa que no prescriben ni pueden ser amnistiados. A veces se utilizan comparaciones con amnistías políticas de otras transiciones —como la española de 1977— lo que resulta un error: allí se trataba de decisiones políticas internas; aquí se trata de delitos que el derecho internacional obliga a investigar, y  ese modelo es hoy muy cuestionado incluso dentro de España. Organismos como Amnesty International y Human Rights Watch han señalado repetidamente que esa amnistía impide investigar los crímenes del franquismo. De hecho, el propio Estado español aprobó en 2022 la Ley de Memoria Democrática para comenzar a corregir esa situación.

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También abogados de militares detenidos y figuras políticas vinculadas a LLA han esgrimido el paso del tiempo como argumento para el indulto, como si eso resolviera la cuestión moral y jurídica. El tiempo puede atenuar las pasiones, pero no transforma un crimen en un hecho irrelevante. Si algo ha demostrado la experiencia argentina es que la democracia no se fortalece olvidando, sino esclareciendo. La verdadera reconciliación no nace de borrar responsabilidades, sino de asumirlas. Pretender cerrar el pasado mediante el olvido sería repetir una vieja ilusión argentina: la de que los conflictos desaparecen cuando se los oculta bajo una capa de silencio. La historia demuestra lo contrario. Las sociedades que han logrado superar sus tragedias no lo hicieron renunciando a la verdad, sino enfrentándola. La reconciliación durable solo puede apoyarse en la verdad y la justicia, no en olvido. Incluso en el caso de Sudáfrica que algunos citan, la comisión dirigida por Desmond Tutu otorgaba amnistías solo a quienes confesaban públicamente sus crímenes, algo que casi nunca ocurrió en el caso argentino. Los comandantes en jefe, y los distintos generales que encabezaron la represión jamás pidieron perdón por sus crímenes, muy por el contrario, reivindicaron la lucha que habían ejercido a través de la feroz represión

Las cifras oficiales que se conocen muestran una realidad distinta a la que muchos recurren para dar la impresión de pobres ancianos que se pudren en las cárceles. De los 539 detenidos, solo hay 63 en una prisión VIP en Campo de Mayo, 22 en cárceles provinciales, y 454 tienen arresto domiciliario. Hubo 1202 condenados y 213 absueltos y 177 liberados por falta de mérito, todo lo cual no parece propio de actos de venganza, sino de condenar hechos, de la manera más justa posible.

Cincuenta años después de la dictadura, la cuestión no es aceptar que se está ejerciendo venganza sobre los enjuiciados y condenados, sino algo mucho más simple y profundo: si el Estado puede secuestrar, torturar y hacer desaparecer personas sin responder ante la ley. El paso del tiempo de ninguna manera extingue el delito, porque no se trata de acciones comunes sino de lesa humanidad, que son imprescriptibles.

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Quiero recordar unas palabras de un célebre antiperonista que con extrema lucidez que pudo ver un horror que no puede ser indultado, porque —insisto— jamás pidieron perdón por sus crímenes. Jorge Luis Borges el 22 de julio de 1985 después de asistir a una de las audiencias del Juicio a las Juntas Militares escribió: “He asistido, por primera y última vez, a un juicio oral. Un juicio oral a un hombre que había sufrido unos cuatro años de prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura. Yo esperaba oír quejas, denuestos y la indignación de la carne humana interminablemente sometida a ese milagro atroz que es el dolor físico. Ocurrió algo distinto. Ocurrió algo peor. El réprobo había entrado enteramente en la rutina de su infierno. Hablaba con simplicidad, casi con indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la logística, de los turnos, del calabozo, de las esposas y de los grillos. También de la capucha. No había odio en su voz. Bajo el suplicio, había delatado a sus camaradas; éstos lo acompañarían después y le dirían que no se hiciera mala sangre, porque al cabo de unas ‘sesiones’ cualquier hombre declara cualquier cosa. Ante el fiscal y ante nosotros, enumeraba con valentía y con precisión los castigos corporales que fueron su pan nuestro de cada día. Doscientas personas lo oíamos, pero sentí que estaba en la cárcel”.

“Es de curiosa observación que los militares, que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores. Tengo la sensación de que he asistido a una de las cosas más horrendas de mi vida. Espero que la sentencia sea ejemplar. Siento que he salido del infierno… Este hecho no puede, no va a quedar impune”.

Ese célebre jurista que fue Carlos Nino definió a la dictadura como el mal absoluto, porque lo ocurrido reveló extremos de perversidad en el ejercicio de la represión que la historia argentina apenas había conocido. Ese mal no puede ser objeto de indulto ni de olvido: sólo puede ser recordado con lucidez y responsabilidad. Mantener viva la memoria de lo sucedido no es un gesto de resentimiento, sino una condición indispensable para que aquella trágica experiencia no vuelva nunca más a repetirse.

*Director del Observatorio de la Deuda Pública.

ML