En esta decisión de destruir al Estado Nacional, y seguir incondicionalmente con lo que decide EE.UU. la actual “Oficina de respuesta” del gobierno de Javier Milei no es una innovación ni una originalidad criolla: es, sin más, una copia tardía y servil del dispositivo comunicacional que Donald Trump instrumentó durante su presidencia.
El mismo reflejo defensivo, la misma lógica de confrontación permanente, la misma apelación a enemigos difusos —la prensa, la política, el “sistema”— y, sobre todo, la misma subordinación absoluta a un liderazgo extranjero asumido como faro ideológico y autoridad última. La diferencia es decisiva: mientras Trump lo hace desde el centro del poder imperial, Milei lo reproduce desde una periferia que renuncia a toda dignidad soberana.
Este mimetismo no es meramente estético ni comunicacional. Es la expresión visible de una política exterior que, por primera vez en la historia argentina, ha abandonado toda pretensión de autonomía para someterse sin disimulo a los lineamientos de los Estados Unidos y de Israel. Ya no se trata de alineamientos estratégicos, discutibles pero negociados, sino de una relación de vasallaje explícito, donde la Argentina “se compromete” mientras la potencia “podrá” hacer o no hacer, según su conveniencia. No hay reciprocidad, no hay igualdad jurídica, no hay simetría política: hay obediencia.
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El reciente y humillante acuerdo con los Estados Unidos es una prueba elocuente de esta claudicación. El lenguaje mismo del documento revela la asimetría: la Argentina asume obligaciones concretas, verificables y exigibles; los Estados Unidos, en cambio, se reservan la facultad discrecional de actuar, cooperar o abstenerse. En términos diplomáticos, esto no es una alianza ni una asociación estratégica: es una relación colonial encubierta bajo el ropaje de la “libertad” y el “mundo occidental”.
Milei no actúa como jefe de Estado de una nación soberana, sino como un virrey moderno, un administrador local que gestiona lo permitido y espera autorización para cada gesto relevante. Su política exterior no se diseña en función del interés nacional, de la historia diplomática argentina ni de la tradición de no alineamiento activo que supo darle al país prestigio y voz propia en el concierto internacional. Se diseña, en cambio, mirando hacia Washington —y Tel Aviv— como quien espera instrucciones, validación y aplauso.
La Argentina no fue siempre este país dispuesto a inclinar la cabeza para ser admitido, de manera simbólica y subordinada, en un bloque que jamás la considerará un par. Existió una tradición diplomática —con tensiones, contradicciones y límites, pero real— que supo afirmar una voz propia aun frente a las grandes potencias.
En 1889, durante la Primera Conferencia Internacional Americana, Roque Sáenz Peña se enfrentó sin ambigüedades al proyecto panamericanista impulsado por James G. Blaine, advirtiendo que aquella supuesta integración hemisférica no era más que un dispositivo de subordinación política y económica a los Estados Unidos. Su célebre afirmación, “América para la humanidad”, no fue una consigna retórica, sino una definición política destinada a marcar un límite frente a la pretensión hegemónica norteamericana.
Esa misma tradición había tenido una expresión especialmente nítida, durante la gestión de Carlos Saavedra Lamas como canciller. En la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz de 1936, con la guerra del Chaco ya formalmente detenida, el eje del debate fue el intento de los Estados Unidos de avanzar en un proyecto de panamericanización de la legislación y de los mecanismos de seguridad colectiva, orientado a institucionalizar su hegemonía sobre el continente. Ese proyecto, había sido hecho llegar confidencialmente al gobierno de Justo a través del embajador argentino en Washington, para que la Argentina lo presentara, y luego EE.UU.lo apoyaría.
En la conferencia Saavedra Lamas se opuso con claridad y firmeza a esa iniciativa, defendiendo la igualdad soberana de los Estados y rechazando que la cooperación interamericana se transformara en tutela política o subordinación jurídica. Sostuvo, en ese marco, que la paz no podía construirse por imposición ni bajo dirección ajena, sino mediante acuerdos libres entre naciones independientes. La obtención del Premio Nobel de la Paz no fue un reconocimiento personal aislado, sino la validación internacional de una política exterior capaz de decir no a las presiones hegemónicas y de ejercer liderazgo sin renunciar a la soberanía.
Esa vocación de autonomía reapareció con fuerza tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Juan Atilio Bramuglia, como canciller argentino, desempeñó un papel destacado en los primeros años de la Organización de las Naciones Unidas. En 1946 y 1947, al presidir el Consejo de Seguridad, Bramuglia actuó como mediador entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en un momento en que la Guerra Fría comenzaba a perfilarse como una confrontación abierta.
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En un escenario de extrema polarización, la Argentina logró erigirse en un interlocutor respetado, capaz de promover soluciones diplomáticas sin alineamientos automáticos ni obediencias previas. Esa actuación le valió el reconocimiento explícito del general George C. Marshall y del propio presidente Harry S. Truman, confirmando que el país podía ejercer influencia internacional desde una posición de independencia.
Podrían sumarse otros antecedentes como la doctrina formulada por el Canciller Luis María Drago, por instrucciones del Presidente Julio A. Roca en 1902, que rechazó el uso de la fuerza para el cobro de deudas soberanas, estableciendo que la deuda pública no justifica la intervención militar ni la ocupación de territorio en los países americanos por parte de potencias extranjeras.
Esta doctrina, nacida para frenar la coerción europea contra Venezuela, defendió la soberanía económica y política, promoviendo la diplomacia sobre la fuerza. Además hubo siempre una negativa argentina a acompañar alineamientos automáticos durante buena parte del siglo XX; incluso la resistencia a ingresar acríticamente en bloques militares o estratégicos diseñados desde los centros de poder global. En todos esos momentos, con gobiernos de distinto signo, existía al menos una convicción compartida: la soberanía no era una palabra vacía ni una mercancía negociable.
Ese hilo histórico es el que hoy se ha cortado. La política exterior del gobierno de Javier Milei no representa una actualización pragmática de esa tradición, sino su negación lisa y llana. Allí donde la Argentina supo decir no, hoy se apresura a decir sí; allí donde defendió márgenes de autonomía, hoy exhibe obediencia como virtud; allí donde fue interlocutora, hoy se ofrece como satélite.
El alineamiento automático con los Estados Unidos —y con Israel— no es una estrategia: es una claudicación. Milei no actúa como presidente de una nación soberana, sino como un virrey contemporáneo, atento a no contrariar a su mandante externo, dispuesto a comprometer al país en acuerdos asimétricos donde la Argentina se obliga y las potencias “podrán” decidir si cumplen o no.
No se trata de nostalgia ni de épica vacía, sino de una constatación política: ningún país puede aspirar a respeto internacional si renuncia a su independencia. La Argentina ya demostró, en otros momentos de su historia, que podía tener voz propia aun frente a los poderosos. La tragedia del presente es que ese legado no se discute ni se problematiza: simplemente se abandona. Y cuando la soberanía se entrega sin resistencia, lo que se pierde no es solo margen diplomático, sino dignidad nacional y futuro.
Hoy, en cambio, la subordinación se disfraza de pragmatismo; la entrega, de realismo; la renuncia, de modernidad. Allí donde antes hubo diplomáticos capaces de decir no, aun pagando costos, hay ahora un gobierno que confunde la obediencia con virtud y la dependencia con lucidez. La Argentina se presenta ante el mundo como un país dispuesto a abdicar de su soberanía a cambio de aprobación externa, rompiendo no solo con una tradición política, sino con una memoria histórica que alguna vez la hizo respetable.
Pero no hay modernidad en la sumisión ni realismo alguno en la obediencia ciega. No hay pragmatismo en arrodillarse ni lucidez en confundir entrega con sensatez. Lo que se presenta como adaptación a los tiempos no es más que una peligrosa resignación colectiva: la renuncia a ser sujeto político para aceptar, mansamente, el papel de objeto administrado por decisiones ajenas, dictadas desde fuera o desde arriba.
Cuando un país naturaliza ese lugar subalterno no solo reduce su margen de maniobra: abdica de su dignidad, rompe con su tradición histórica de luchas y deliberación, y compromete su porvenir. Pierde la capacidad de pensarse a sí mismo, de decidir su rumbo y de defender aquello que lo constituye como comunidad política.
El imperativo democrático, entonces, es nombrar esta deriva por su verdadero nombre, denunciarla sin eufemismos ni cobardías retóricas, y recordar que ningún gobierno —por más votos que exhiba— posee mandato alguno para liquidar la soberanía nacional ni hipotecar el futuro común. Callar, en este contexto, no es una forma de prudencia ni de neutralidad: es una forma activa de complicidad, y nos hace responsables de lo que pueda ocurrir en el futuro, sino nos oponemos a estas peligrosas decisiones que están llevando a la Nación a una sostenida decadencia institucional y al abandono explicito de su condición soberana.
