El control de la vida cotidiana durante la última dictadura militar no se limitó a la persecución política directa, sino que alcanzó una dimensión simbólica a través de la censura de objetos culturales. Libros infantiles, álbumes de rock, películas de estreno y hasta juguetes quedaron bajo la lupa del Ministerio de Cultura y Educación y de la Secretaría de Información Pública. El criterio oficial se basaba en la detección de "veneno ideológico" o contenidos que atentaran contra los "valores de la moral cristiana".
Uno de los casos más paradigmáticos fue la prohibición del libro infantil "Un elefante ocupa mucho espacio", de Elsa Bornemann. A través del Decreto 3155/77, el gobierno de facto argumentó que la obra tenía una "finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria a la tarea de captación ideológica propia del accionar subversivo". La historia, que narraba una huelga de animales en un circo, fue considerada un peligro para la formación de los menores de edad en el país.
La censura no discriminaba géneros ni autores consagrados. El libro "El Principito", de Antoine de Saint-Exupéry, fue retirado de circulación en diversas jurisdicciones bajo la sospecha de que su mensaje sobre lo esencial e invisible fomentaba un pensamiento apartado de la autoridad. Los militares consideraban que cualquier texto que estimulara la imaginación sin un control rígido podía ser un vehículo para la "infiltración marxista" en las escuelas primarias.
Los decretos contra el rock y la música popular
La música fue otro frente de batalla para los censores del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. El Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) confeccionó listas negras que incluían a artistas nacionales e internacionales. Canciones como "Viernes 3 AM" de Serú Girán fueron prohibidas por "incentivar al suicidio", mientras que temas de Queen, como "Get Down, Make Love", se vetaron por su contenido considerado lascivo o contrario a la decencia pública.
En 1979, la circular 24-S detalló una nómina de temas que no debían difundirse por radio ni televisión. Entre ellos figuraban "Cara de tramposo, ojos de atorrante" de Cacho Castaña y "Loco por tu culpa" de Palito Ortega. La restricción alcanzaba también a figuras internacionales como Joan Baez, Camilo Sesto y John Lennon. El objetivo era limpiar el espectro radioeléctrico de cualquier mensaje que se apartara del orden familiar y la jerarquía militar.
El testimonio de exbibliotecarios de la época coincide en la práctica del "descarte". Ante el miedo a las requisas, muchas instituciones educativas optaron por destruir o esconder catálogos enteros. "Tuvimos que enterrar los libros de sociología y psicología en el jardín de una casa en City Bell porque sabíamos que tener a Freud o a Marx era una condena a muerte", relata una docente que sobrevivió a las intervenciones en la Universidad Nacional de La Plata.
Operativos contra la "pedagogía subversiva"
El ámbito educativo fue intervenido mediante documentos como "Subversión en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo)", un manual distribuido en 1977. Allí se instruía a los padres y docentes a denunciar cualquier material que utilizara términos como "explotación", "lucha de clases" o "compromiso social". Incluso el uso de la matemática moderna fue cuestionado en algunas provincias por considerarse que el estudio de conjuntos facilitaba la comprensión de la organización colectiva.
En el cine, el Ente de Calificación Cinematográfica, dirigido por Miguel Paulino Tato, prohibió más de 700 películas entre 1974 y 1980. Obras como "Último tango en París" o "La naranja mecánica" fueron censuradas totalmente. Además, en las películas autorizadas se llegaba al extremo de cortar escenas de besos o diálogos que cuestionaran la institución matrimonial, según consta en los registros de actas del organismo que dependía del Ministerio del Interior.
Asimismo, la quema de libros de la editorial Centro Editor de América Latina en junio de 1980, en un baldío de Sarandí, es el registro visual más crudo de este proceso. Cerca de un millón y medio de ejemplares fueron incinerados por orden judicial. Entre las cenizas quedaron colecciones de historia, literatura clásica y enciclopedias técnicas que habían sido calificadas como "material cuestionable" por los peritos militares encargados de la revisión bibliográfica.
Incluso los juguetes fueron blanco de regulaciones indirectas. Se prohibió la importación de ciertos juegos de mesa de países del bloque socialista y se fomentó el uso de juguetes que reforzaran los roles de género tradicionales y la disciplina militar. Los operativos en jugueterías buscaban retirar aquellos artículos que pudieran tener "mensajes ocultos" o que no se alinearan con la estética nacional y cristiana promovida desde la Casa Rosada.
Hacia el final de la dictadura, el desgaste del régimen permitió que algunos materiales circularan de forma clandestina. Los "libros prohibidos" se pasaban de mano en mano forrados en papel de diario o con tapas de otros títulos menos peligrosos. Esta resistencia cultural permitió que gran parte del acervo bibliográfico que no llegó a ser quemado sobreviviera en bibliotecas privadas y dobles fondos de estanterías hasta la vuelta de la democracia en 1983.
El 10 de diciembre de 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín, se iniciaron los procesos para derogar los decretos de censura y desmantelar los organismos de calificación. Las listas negras del COMFER fueron formalmente dadas de baja, permitiendo que artistas exiliados como Mercedes Sosa o Horacio Guarany volvieran a sonar en las radios locales. El sistema de censura administrativa que funcionó durante siete años dejó un registro de más de 200 resoluciones específicas contra libros y discos.
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