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La pregunta que atraviesa la coyuntura es tan simple como inquietante: ¿este modelo económico estalla? La preocupación no es exagerada. La aparente estabilidad lograda en los últimos meses tiene exclusiva relación con maniobras coyunturales sobre el dólar. Lo que vimos fue una sucesión de medidas extraordinarias, casi improvisadas, que lograron contener la presión cambiaria sin resolver los problemas de fondo.

El Gobierno recurrió a un arsenal de recursos: primero un fuerte freno a las importaciones, luego un blanqueo, más tarde un nuevo acuerdo con el FMI, una baja temporal de retenciones, el inesperado salvataje de Estados Unidos y finalmente la venta de empresas estatales para cerrar el año. A esto se sumaron dos herramientas claves: aumentos tarifarios administrados y techos en las paritarias. El resultado fue una economía estancada, con apenas el agro y el sector financiero mostrando algo de dinamismo. La inflación volvió a los niveles precrisis de deuda, pero los datos mensuales llevan ocho meses en alza y los vencimientos de deuda amenazan con desatar nuevas tensiones.

Es cierto que todavía pueden aparecer más “conejos de la galera”: otro repo, emisiones privadas en el exterior, canjes de deuda o colocaciones exitosas. Pero detrás de esa ilusión de estabilidad se esconde un daño estructural y, lo que es más grave, un cambio cultural profundo. Estamos retrocediendo en la carrera del desarrollo: permitimos que se queden con nuestros recursos sin pedir nada a cambio, no implementamos inteligentemente las nuevas tecnologías, no discutimos cómo mejorar nuestro sistema de salud o cómo aprender mejor, no hacemos nada por el bienestar. Todo se destruye, nada se construye. Y el país se está convirtiendo en un lugar cada vez más hostil para la vida cotidiana, un país sin clase media. Y esta preocupación parece estar fuera del radar. 

La clase media, entendida como ese amplio sector que no depende de la asistencia directa del Estado pero tampoco puede prescindir de él, está siendo golpeada de manera sistemática. Los aumentos más fuertes se concentran en rubros ineludibles: servicios públicos, alquileres, transporte, combustibles, internet y salud privada. Mientras la inflación promedio fue del 266%, la luz y el gas subieron casi el 600%, los alquileres más del 570% y el transporte público el 500%. Son gastos imposibles de esquivar.

Los asalariados públicos sufrieron un recorte real del 20% en sus ingresos, los privados perdieron empleos y poder adquisitivo, y las pymes enfrentan un derrumbe del consumo. Las ventas minoristas cayeron en diciembre un 5,2%, la capacidad instalada de la industria está en mínimos y hasta el turismo interno muestra señales de retroceso. Pese al discurso oficial, los impuestos tampoco alivian: se acabaron las devoluciones de IVA, el impuesto al cheque sigue vigente y se restituyó la cuarta categoría de Ganancias.

Pero lo más preocupante es lo que no se revierte con un aumento de ingresos. La educación pública está siendo desfinanciada: salarios docentes recortados con el fin del Fonid, programas nacionales eliminados y universidades al borde de la parálisis. La ciencia y la investigación, que alguna vez fueron orgullo nacional, se deterioran a una velocidad alarmante. No es posible recuperar docentes que nunca se formaron, científicos que se fueron y líneas de investigación abandonadas solo volviendo a subir recursos. Lo mismo ocurre con la salud pública: programas desmantelados, caída en la cobertura de vacunas y hospitales de referencia sin insumos suficientes. La infraestructura también se resiente: rutas sin mantenimiento, obras paralizadas y servicios básicos encarecidos de manera desproporcionada. Lo que cuesta un dólar mantener cuesta cinco reparar.

La apertura comercial indiscriminada amenaza con destruir capacidades productivas locales. No se trata de eficiencia, sino de supervivencia: competir contra salarios ínfimos o escalas gigantes sin una política comercial que proteja la industria es condenarla al cierre. Estamos destruyendo capital.

Instituciones históricas como Anmat, INTA o INTI están siendo debilitadas. Los mecanismos de defensa del consumidor prácticamente desaparecieron. Y como frutilla del postre, la reforma laboral erosiona la estabilidad y la seguridad del trabajo formal, reduciendo derechos y precarizando aún más la vida de los trabajadores. Y eliminando las posibilidades que tenía un trabajador de reclamar por aquello que no se cumplía. Había que lograr que se cumplan los derechos que tienen –pero no gozan– los asalariados informales, no empeorar el empleo formal.

Estamos transitando un retroceso que nos acerca a una “prenación”, un país que, en vez de recuperarlos y actualizarlos, renuncia a los logros que alguna vez lo distinguieron. La pregunta ya no es si el modelo económico puede sostenerse, sino qué tipo de sociedad quedará en pie cuando termine este experimento.

*Economista, coordinadora del Cedaf y exministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.