Los recientes recortes de los gobiernos de países donantes a la ayuda exterior han provocado en todo el sur global dolorosas medidas de austeridad (límites a las prestaciones sociales, congelamientos de salarios, recortes a subsidios, etc.). Este cambio de políticas tuvo un enorme impacto en las mujeres (que perdieron puestos de trabajo, servicios y protecciones) y está causando amplios problemas económicos en muchos países en desarrollo.
En este contexto de falta de visión de futuro, el lema del Día Internacional de la Mujer de este año, “dar para recibir”, nos recuerda los enormes beneficios de invertir en las mujeres. Como dijo en cierta ocasión el expresidente del Banco Mundial Robert B. Zoellick: “La igualdad de género es lo correcto. Y también es inteligente desde el punto de vista económico”.
Los presupuestos nunca son neutrales: decisiones de formulación de políticas como dar apoyo a industrias extractivas o debilitar los sistemas sanitarios pueden restar medios de subsistencia a las mujeres, hacer más gravoso el trabajo de cuidado personal no remunerado y aumentar los índices de pobreza. Hoy 708 millones de mujeres están fuera de la fuerza laboral porque tienen la responsabilidad de cuidar a otras personas, lo que evidencia falta de reconocimiento o valoración de ese trabajo por parte de las autoridades.
Además, el Fondo Monetario Internacional constató que la presupuestación con perspectiva de género mejora la asignación de recursos y la transparencia al redirigir fondos asignados a políticas perjudiciales hacia áreas prioritarias como el apoyo económico a las sobrevivientes de violencia, el cuidado de los niños y la seguridad en el lugar de trabajo. Mientras los presupuestos nacionales no tengan en cuenta los derechos de las mujeres, los marcos fiscales seguirán creando vulnerabilidades.
Los derechos de las mujeres comienzan con la seguridad física. ONU Mujeres calculó que en 2016 la violencia de género costó unos 1,5 billones de dólares al año, es decir, alrededor del 2% del PIB mundial en ese momento. La violencia en la pareja puede costar por sí sola entre 1,2 y 3,7% del PIB, más de lo que muchos países gastan en educación. Y el acoso y la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo causan pérdidas globales por valor de seis billones de dólares al año.
Usando las estrategias adecuadas, las autoridades pueden cortar de raíz estas pérdidas y generar beneficios compartidos. Pero un obstáculo importante es que las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres (las mejor posicionadas para abordar la dimensión de género de la pobreza y de la violencia) padecen un déficit persistente de financiación. Cuando los grupos que tienen más contacto con los problemas dejan de recibir apoyo básico flexible y plurianual, cualquier iniciativa de reforma resulta insuficiente.
El apoyo económico a las organizaciones que buscan eliminar obstáculos al trabajo digno, la participación económica y la igualdad social es una solución probada. Con financiación directa, estos grupos, que tienen la confianza de las comunidades, pueden codiseñar proyectos, dar una respuesta rápida a necesidades emergentes, garantizar el mantenimiento de servicios esenciales, apoyar a las trabajadoras informales y movilizar acciones colectivas que impulsen cambios estructurales duraderos. Eso es “dar para recibir” en acción.
Ejemplos de este tipo de intervenciones no faltan. El Fondo Africano para el Desarrollo de la Mujer ayuda a organizaciones rurales femeninas en África a luchar contra el acaparamiento de tierras y a aumentar sus ingresos mediante la creación de cooperativas. En América Latina y el Caribe, el Fondo de Mujeres del Sur apoya a sindicatos de trabajadoras domésticas y a cooperativas que generan ingresos para ex-reclusas, con el fin de mejorar el acceso a los derechos laborales y al empleo digno. El Fondo de las Mujeres de Asia complementa iniciativas de trabajadoras migrantes e informales que se organizan para exigir salarios justos y protección social. El Foro Internacional de Mujeres Indígenas financia campañas para la defensa de territorios indígenas, el apoyo a las economías locales y la conservación de ecosistemas naturales.
Estos cuatro fondos de mujeres dirigen la organización Leading from the South, una alianza filantrópica feminista que se dedica a aplicar este modelo de organización de base a la solución de desafíos que los donantes de ayuda tradicionales suelen pasar por alto. Mediante la provisión de capital paciente para gastos básicos, LFS refuerza la continuidad, que es esencial para la eficacia de las acciones filantrópicas. Esto permite a las organizaciones locales mirar más allá de las necesidades inmediatas, aprender de las experiencias de otros países, sistematizar servicios y convertir proyectos piloto en políticas.
Para que la equidad de género, la protección y la Justicia tengan un lugar central dentro de la política económica, se necesita un reordenamiento de las inversiones de los donantes. Esto implica garantizar que las organizaciones de derechos de las mujeres (que hoy reciben mucho menos del 1% de la ayuda oficial al desarrollo y sólo el 0,4% de las ayudas destinadas a cuestiones de género en los últimos años) obtengan una parte significativa de la financiación asignada a temas de género, en la forma de subvenciones flexibles y plurianuales.
Una financiación adecuada y plataformas como LFS, con su infraestructura para la colaboración transfronteriza y la organización de base, pueden facilitar la inversión donde más se necesita. Por ejemplo, invertir en el liderazgo y la autonomía económica de las mujeres indígenas es muy importante, por el papel fundamental que tienen en la protección de la biodiversidad y de la tierra para las generaciones futuras.
Con este fin, los donantes deben condicionar sus compromisos generales de provisión de fondos a que se asignen ciertos porcentajes a la financiación básica, a grupos liderados por el sur global y a programas centrados en la entrega de cuidados, seguridad y acceso a ayudas. Los marcos para medir el impacto de la presupuestación con perspectiva de género deben incluir indicadores que puedan mostrar avances en aspectos relacionados con la violencia de género, por ejemplo el acceso de las sobrevivientes a apoyo económico y el cumplimiento de normas de seguridad en los lugares de trabajo.
Por su parte, las autoridades deben centrarse en institucionalizar la presupuestación con perspectiva de género. Todos los ministerios deben adoptar indicadores presupuestarios que muestren de qué manera el gasto promueve la igualdad de género; revisar el impacto del gasto público y publicar los resultados; y asignar una parte significativa de los ingresos tributarios y del gasto público en general a iniciativas tendientes a eliminar las divergencias en materia de cuidados y ampliar el acceso de las mujeres a recursos. Esto implica ampliar las prestaciones para sobrevivientes de violencia doméstica (ayudas económicas y para el cuidado de los hijos y medios de transporte seguros) y clasificarlas como servicios esenciales. Por último, deben colaborar con organizaciones feministas para codiseñar políticas y hacer un seguimiento de los resultados.
Los beneficios económicos de mejorar la inversión en organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y garantizar que las decisiones financieras y presupuestarias refuercen la seguridad y la autonomía de las mujeres están sobradamente probados. El Banco Mundial calcula que cada dólar gastado en empoderar a las adolescentes africanas puede generar diez dólares de beneficios en términos de crecimiento económico. Invertir en los derechos de las mujeres no es caridad: es una forma de dar con enormes beneficios para todos.
Este comentario incluye aportes de Françoise Moudouthe, directora ejecutiva del Fondo Africano para el Desarrollo de la Mujer.
*Anisha Chugh es directora ejecutiva del Fondo de las Mujeres de Asia. Laura Leonelli Morey es subdirectora del Fondo de Mujeres del Sur. Teresa Zapeta Mendoza es directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas.
Copyright: Project Syndicate, 2026.
www.project-syndicate.org
