Por qué no se nombran fiscales

Víctimas de delitos ejercidos con violencia piden Justicia en movilizaciones populares y redes sociales, cientos de miles de mujeres marchan con la consigna “Ni Una Menos” porque hay un femicidio cada 34 horas y por el aumento de la trata de mujeres, el narcotráfico como delito federal penetra cada día más las fronteras y afecta la salud pública de una parte de la población, los delitos de cuello blanco siguen impunes.

Para todo esto, sería importante ampliar la capacidad del sistema de Justicia. O, al menos, utilizar la existente. Sin embargo, pese a que cuentan con presupuesto asignado, no se abren concursos.

Vayamos a las cifras que son contundentes. Según números provistos por el Ministerio Público Fiscal, de las 334 fiscalías existentes, actualmente 123 están vacantes.

De esas, 14 se encuentran a estudio del Poder Ejecutivo y 35 se encuentran en trámite de concurso. Es decir que 104 vacantes ni siquiera fueron convocadas a concurso.

Entre las vacantes sin cubrir hay 16 de Tribunales Orales Criminales de CABA, cuatro fiscalías ante el fuero Penal Económico y muchas fiscalías en regiones del país actualmente muy sensibles. Así, por ejemplo, hay tres fiscalías federales vacantes en Rosario cuyos titulares debieran estar actualmente combatiendo el narcotráfico. O en la fiscalía federal de Bariloche, jurisdicción en el que se debate la legalidad de asentamientos de pueblos originarios, renunció la fiscal federal subrogante.

Advertimos también que no están cubiertos varios de los cargos de fiscales en Jujuy y Salta, justamente las dos jurisdicciones que iniciaron el cambio de procedimiento al sistema acusatorio.

En un país en el cual la criminalidad económica es un problema de tanta trascendencia, que haya vacantes en tres de los cuatro Tribunales Orales en lo Penal Económico y en cuatro de los once juzgados es de una gravedad inusitada. Seguramente, estos son algunos de los motivos por los cuales no se persiguen delitos de guante blanco en Argentina.

Que no tengan titular las fiscalías no implica solamente un problema de tiempo disponible para la función (los subrogantes generalmente tienen otro cargo del que ocuparse) sino, principalmente, de independencia, autoridad y capacidad.

Como posibles explicaciones imaginamos las dificultades propias de la pandemia y la provisionalidad del Procurador Interino, Eduardo Casal. Ambas son poco convincentes. Por un lado, la experiencia del Consejo de la Magistratura demostró que se pudieron continuar los concursos durante buena parte de 2020. Por el otro, la ciudadanía no puede esperar a los tiempos que requiere conseguir la mayoría de 2/3 del Senado para designar a un titular permanente. Por eso, la ley contiene la previsión de que la función la cumpla un funcionario transitorio y que la responsabilidad de los concursos es de jurados designados por sorteo, más allá de cómo esté dirigido el organismo.

Para explicar el mantenimiento del status quo por muchos años, se da la particularidad de que los fiscales subrogantes no presionan para que se aceleren los concursos debido a que cobran un 30% más por su función adicional. En tiempos en los que ese plus genera un salario total en mano de más de un millón de pesos, es comprensible que no haya muchas quejas de parte de quienes se encuentran realizando funciones en las fiscalías vacantes.

A su vez, más allá de que existen regulaciones para las designaciones de fiscales subrogantes, la enorme cantidad de posiciones a cubrir le permiten al actual Procurador un margen más amplio de discrecionalidad sobre quiénes serán los que tomen transitoriamente el rol. Si el argumento de que no se inician concursos es la provisionalidad del Procurador General, son mayores las facultades que adquiere ese funcionario o funcionaria en las designaciones de subrogantes.

*Abogado y co-fundador de ACIJ.