Semanas atrás, en una conversación que pretendía ser estrictamente académica con un joven estudiante de Ciencia Política, nos encontramos con una de esas anomalías que, por haber sido largamente naturalizadas, han dejado de ser percibidas como tales.
Lo que comenzó como un examen teórico sobre sistemas de gobierno para la tesis que él se encuentra redactando derivó rápidamente en la identificación de una patología muy concreta del funcionamiento institucional argentino. Bastó correr el velo de la abstracción para advertir que uno de los problemas más persistentes —y menos discutidos— de nuestra vida democrática reside en el modo en que organizamos el acto electoral.
Ese desplazamiento del diálogo no fue casual. Cuando se observan con detenimiento los engranajes reales del poder, queda en evidencia que la arquitectura electoral argentina se ha convertido en un factor de desorden, de gasto innecesario y de fragmentación política. En un contexto de restricción económica severa y de deterioro de la confianza pública, sostener un calendario electoral disperso, errático y multiplicado en el tiempo deja de ser una disfunción del sistema para transformarse en un problema estructural del sistema político.
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Bajo esta premisa, resulta indispensable avanzar hacia la unificación de los comicios en una sola jornada. No se trata únicamente de una discusión de ingeniería electoral o de conveniencia estratégica; estamos frente a una cuestión de racionalidad institucional y de responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
Si atendemos a la evidencia empírica, nuestro país ostenta un récord penoso: posee uno de los calendarios electorales más imprevisibles, fragmentados y costosos del continente. Se ha instalado un verdadero “carnaval” de fechas —si se me permite el término— en el que gobernadores e intendentes, en un reflejo defensivo cada vez más evidente, desacoplan sus elecciones de la nacional.
El resultado es un despropósito logístico: el Estado, en cualquiera de sus niveles, monta el mismo operativo gigantesco tres, cuatro y hasta cinco veces en un mismo año.
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Para dimensionar la magnitud del dispendio, y considerando que la ley de las PASO continúa vigente, basta señalar que se multiplican los pagos a autoridades de mesa, la impresión de padrones, el despliegue de fuerzas de seguridad y toda la maquinaria administrativa asociada. En una nación que cuenta cada peso para no profundizar su crisis, dilapidar recursos millonarios para que cada caudillo patético y anacrónico tenga su propio “domingo de gloria” constituye una afrenta directa al contribuyente. Es, en definitiva, la apropiación de lo público para la supervivencia de facciones y proyectos de poder de alcance limitado.
Sin embargo, reducir el problema a su dimensión económica sería un error. El gasto excesivo es apenas la superficie del fenómeno; el daño más profundo —el que erosiona el sistema a largo plazo— es la fragmentación de la política.
En efecto, esta dispersión cronológica produce una atomización nociva del sistema de partidos, ya que la falta de simultaneidad termina por “desnacionalizar” la discusión política. Al separar las elecciones no se fortalece el federalismo; por el contrario, se lo vacía de contenido y se promueve una lógica de feudalización. Se rompen los vasos comunicantes entre municipio, provincia y Nación, y los liderazgos locales se repliegan deliberadamente para no rendir cuentas sobre el rumbo general del país, “alambrando” sus territorios para evitar el contagio de la discusión nacional.
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Por consiguiente, resulta imperioso que la Argentina recupere la capacidad de articular proyectos políticos integrales. Es necesario que un intendente, un gobernador y un presidente compartan una misma escena electoral y se vean obligados a inscribir sus propuestas en una visión de país debatida en conjunto. El desdoblamiento permanente funciona, en consecuencia, como el combustible ideal de la grieta: dinamita los espacios de síntesis y consolida archipiélagos políticos inconexos. Al votar por separado, renunciamos a discutir un modelo integral de sociedad y nos resignamos a la disputa de fragmentos de poder, para lo cual ya no hacen falta dirigentes con vocación estratégica, sino apenas punteros hábiles, capaces de acomodarse a las circunstancias con la elasticidad que les permite la delgadez de su moral y de su lógica.
Conviene, entonces, detenerse frente a un espejo ineludible. Estados Unidos, una democracia federal que se aproxima a los dos siglos y medio de existencia, no dilapida tiempo ni recursos en votaciones perpetuas. Allí rige el Election Day: el primer martes después del primer lunes de noviembre de los años pares, el ciudadano elige desde el presidente hasta el sheriff del condado, todo en un solo acto.
La experiencia estadounidense demuestra que la autonomía federal no es sinónimo de caos logístico. Muy por el contrario, la unificación electoral opera como un mecanismo de alineación entre las distintas esferas del Estado. En la Argentina, en cambio, hemos optado por vivir en campaña permanente. Este estado de tensión electoral continua inhibe la gestión y bloquea el diálogo político, porque no existen incentivos reales para gobernar cuando siempre hay una elección aguardando a la vuelta de la esquina.
Durante décadas, la dirigencia encontró una coartada técnica para sostener este esquema: el temor al llamado “efecto arrastre” de la lista sábana. Sin embargo, ese argumento ha quedado definitivamente superado. La adopción a nivel federal de la Boleta Única de Papel (BUP) modificó de manera sustancial la morfología del voto y desactivó esa excusa.
Gracias a este instrumento, se habilita una suerte de simultaneidad sin dependencia. Cada categoría se vota de manera autónoma, sin arrastre físico del papel. El elector puede acompañar un proyecto integral o realizar una selección precisa de candidatos. En este nuevo escenario, es posible votar todo el mismo día, reducir drásticamente los costos y obligar a la dirigencia a pensar el país como un todo orgánico y no como una suma de partes desconectadas.
Mirando hacia adelante, la aspiración razonable es que hacia 2026 podamos corregir este rumbo. Para ello, sería saludable que desde el Congreso y desde la sociedad civil surgiera la voluntad de acordar un nuevo contrato electoral. Resulta indispensable dejar de subordinar las reglas institucionales a las necesidades tácticas del poder circunstancial.
En definitiva, la propuesta es clara: eliminar definitivamente las PASO, adoptar la Boleta Única de Papel en todas las jurisdicciones y establecer un día inamovible para las elecciones generales. El último domingo de octubre —fecha que remite al renacer democrático de 1983— aparece como una referencia simbólica y operativamente adecuada.
Si esta idea logra ganar volumen, quedarán expuestas ante la opinión pública las maniobras de quienes manipulan el calendario electoral para su conveniencia. Es tiempo de poner orden. La política debe dar el ejemplo: la austeridad no es solo un ajuste contable, es abandonar un sistema irracional que degrada el acto democrático de elegir. Unifiquemos las elecciones para recuperar coherencia. Un solo día para votar y el resto del tiempo para intentar gobernar una Argentina que necesita integrarse para volver a crecer en todas sus partes.
(*) Vicegobernador de Río Negro
