Realidad

Según las estimaciones mundiales publicadas el año pasado por la OIT y Unicef, en 2024 había cerca de 138 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil. De ese total, 54 millones realizaban trabajos peligrosos, con riesgo para su salud, seguridad o desarrollo. 

En Argentina, el trabajo infantil está prohibido y constituye una grave vulneración de derechos. Sin embargo, conocer su magnitud real sigue siendo un desafío. La principal referencia estadística nacional continúa siendo la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes, realizada por el Indec entre 2016 y 2017. Este informe demostró que el fenómeno afecta de manera desigual a chicos y chicas según la edad, el territorio y las condiciones de vida, con mayor incidencia en zonas rurales y en contextos de mayor vulnerabilidad.

Que la información oficial más completa tenga diez años de antigüedad no es un detalle menor. Sin datos actualizados, resulta más difícil diseñar políticas públicas, identificar territorios prioritarios, evaluar respuestas y prevenir situaciones riesgosas. La falta de información también puede contribuir a que el problema permanezca fuera de la agenda pública, aun cuando sus causas sigan presentes en la vida cotidiana de muchas familias.

El trabajo infantil no siempre se muestra bajo las formas más visibles y públicas. A veces se expresa en tareas domésticas intensivas, en actividades de cuidado de hermanos menores, en ventas callejeras, en trabajo rural o en tareas que se presentan como “ayuda”, pero que terminan afectando la escolaridad, el descanso, el juego y la salud. Cuando un niño trabaja, pierde algo más que tiempo. Pierde oportunidades de aprendizaje, recreación y socialización. Pierde, muchas veces, la posibilidad de vivir su edad sin cargas adultas. Y cuando esas experiencias se sostienen en el tiempo, también se debilitan las posibilidades de construir un proyecto de vida con mayor autonomía.

En muchos hogares, el trabajo infantil aparece como una última respuesta frente a una necesidad concreta. La pobreza es una de las causas principales, pero no la única. También inciden la informalidad laboral de las personas adultas, la falta de redes de cuidado, las trayectorias educativas interrumpidas, la desigualdad territorial y la ausencia de políticas de acompañamiento sostenido.  Por eso, erradicarlo exige mirar más allá de la conducta individual de una familia.

La ley vigente es necesaria, pero no puede dedicarse únicamente a sancionar: debe estar acompañada por políticas sociales, educativas y laborales que reduzcan las condiciones que empujan a niñas, niños y adolescentes al trabajo. Prevenirlo implica fortalecer los ingresos del hogar, asegurar la permanencia escolar, ampliar los espacios de cuidado, acompañar a las familias y mejorar las oportunidades laborales de las personas adultas.

Pero también, la escuela, los centros de salud, los espacios comunitarios y los sistemas de protección pueden detectar señales tempranas, acompañar y activar respuestas antes de que la situación se profundice. Para eso necesitan recursos, formación y canales claros de articulación.

Ningún niño, niña o adolescente debería trabajar para sostener una vida que el mundo adulto no pudo garantizar. Su lugar debe estar en la escuela, en el juego, en el descanso, en los vínculos y en la posibilidad de crecer con cuidado, protección y futuro. Por eso, en esta fecha renovamos nuestro compromiso colectivo con los chicos y chicas de nuestro país, con el objetivo de ponerle fin a esta problemática y construir un futuro libre y digno para cada uno de ellos y ellas. 

* Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina.