Como especialista en políticas de infancias y juventudes, pero sobre todo como ciudadano que asiste con profunda indignación al goteo constante de vidas jóvenes truncadas, me veo en la obligación ética de alzar la voz. No podemos permitir que la muerte de una adolescente de 14 años sea reducida a un expediente judicial frío o a una crónica policial de consumo masivo. Lo que ocurrió con Agostina es la definición exacta, de manual, de la manipulación psicológica, el grooming en entornos virtuales y la absoluta desprotección estatal.
Llegamos tarde. Llegamos dolorosamente tarde porque las instituciones miran para otro lado, dejando a sujetos peligrosos sueltos y desamparando por completo a los chicos antes de la tragedia.
Para entender la dimensión real de este fracaso institucional, es indispensable desmenuzar los tres ejes críticos que confluyeron en este desenlace fatal: la desconexión judicial en el territorio, la obsolescencia de los tiempos policiales frente al delito digital y la deshumanización comunicacional de las fiscalías.
La impunidad penal y las alertas vecinales desoídas. En primer lugar, debemos hablar de la alarmante desconexión de la Justicia territorial con la realidad de los barrios. El principal sospechoso de este crimen no era un desconocido para el radar estatal ni un emergente fortuito; el detenido ya acumulaba sospechas vecinales recurrentes y denuncias graves por violencia y privación ilegítima de la libertad. ¿Cómo es posible que un individuo con semejantes antecedentes penales circulara libremente, sin ningún tipo de control, monitoreo o medidas restrictivas eficientes?
La calle se convierte en un territorio hostil cuando el Poder Judicial abdica de su función protectora y otorga, por omisión, una carta de impunidad implícita a quienes ya han demostrado ser un peligro para la sociedad. Las alertas de la comunidad existían, pero la burocracia judicial habita a menudo en un termo blindado, impermeable al clamor y al peligro latente que denuncian los vecinos.
Esta ceguera estatal es reversible si se pasa de la reacción espasmódica a la política pública sostenida. Me tocó vivir de cerca ese cruce institucional entre el dolor y la acción legislativa cuando ejercí como director del Observatorio de Familias y Juventudes en la Cámara de Diputados de la Nación (2019-2023); desde allí nos involucramos activamente en el impulso de la Ley “Mica Ortega” (Ley 27.590) de prevención del grooming. Esa experiencia nos demostró que las herramientas legales pueden construirse, pero mueren en el papel si no se militan en el territorio y en las aulas de forma permanente.
Por eso, la respuesta no es solo punitiva, sino educativa y comunitaria. Es el camino que hoy trazamos de manera sostenida desde la Fundación LEA y ACEP a través de charlas y jornadas de concientización para instituciones educativas, deportivas y culturales, y que debatimos académicamente en la Diplomatura de Ciudadanía Digital en la UdeMM donde dicto clases como docente. La prevención del entorno virtual requiere sembrar capacidades locales todos los días, no solo acordarse del peligro cuando el algoritmo nos devuelve una tragedia.
Existe una preocupante ineficacia en los sistemas de ejecución penal y en el control de liberados en Argentina. La falta de un registro interconectado y de un seguimiento real en territorio fragmenta la información estatal, permitiendo que los agresores operen con total impunidad a la vuelta de cualquier esquina. La desconexión entre los despachos judiciales y el asfalto de los barrios no se resuelve con reformas penales de corte demagógico, sino con una justicia de proximidad que escuche a la comunidad antes de que se consume el delito.
Cronómetros analógicos frente a delitos digitales. En segundo lugar, la lentitud y la falta de preparación de las fuerzas de seguridad ante las nuevas modalidades de delincuencia virtual constituyen un cuello de botella mortal. En el caso de Agostina, las horas críticas que la burocracia policial perdió desde el momento de la denuncia de su desaparición hasta el despliegue efectivo de los rastrillajes territoriales y virtuales representan una negligencia imperdonable. Seguimos aplicando protocolos analógicos, lentos y pesados para dinámicas criminales que se mueven a la velocidad de la fibra óptica.
Cada minuto que el Estado demora en reaccionar ante una alerta de desaparición de un menor es ventaja que se le regala a la delincuencia. En la era de la hiperconectividad, las fuerzas policiales no pueden tardar horas en iniciar un rastreo de antenas, solicitar la geolocalización de un dispositivo o entrecruzar datos digitales que podrían salvar una vida en tiempo real. La formación en ciberdelito y la agilización extrema de los mecanismos de búsqueda urgente no son lujos técnicos o prerrogativas de divisiones de élite; son herramientas básicas de supervivencia en el mundo contemporáneo.
El modus operandi: la ilusión del secreto en WhatsApp. Esta falencia operativa nos introduce de lleno en el análisis del modus operandi del captador, un aspecto que exige una profunda reflexión colectiva sobre la vulnerabilidad de las infancias en los entornos virtuales. El agresor utilizó la plataforma de mensajería WhatsApp para imponer un férreo pacto de secreto a una niña de 14 años, valiéndose del engaño de una supuesta “sorpresa” familiar. Este mecanismo constituye el núcleo duro del grooming: la construcción asimétrica de un vínculo de falsa confianza y manipulación emocional orientado a aislar a la víctima de su entorno protector primario.
Los adultos solemos creer erróneamente que las pantallas son espacios de entretenimiento seguro o meras herramientas pedagógicas, ignorando que se han transformado en la principal ventana de vulnerabilidad desregulada para los menores. La manipulación psicológica digital es sofisticada; rompe los canales de comunicación tradicionales entre padres e hijos e inocula la culpa, la vergüenza y el secretismo en el menor.
No podemos dejar a los chicos solos en el ciberespacio, pero tampoco podemos exigirles que detecten por sí mismos el peligro cuando los adultos responsables, las plataformas corporativas y el propio Estado fallan en desmantelar estas redes de captación.
Es imperioso instalar de forma urgente planes federales de alfabetización digital ciudadana. La familia no puede quedar sola en la trinchera de la supervisión de las pantallas. Debemos dotar a los docentes, a los clubes de barrio y a las familias de herramientas conceptuales claras para identificar las señales de alerta temprana: cambios drásticos de conducta, aislamiento repentino, la insistencia en una privacidad extrema o la recepción de regalos inusuales.
La deshumanización de la comunicación judicial. Por último, es imposible soslayar la profunda falta de empatía en la comunicación judicial, un componente que revictimiza de forma sistemática a la familia en el momento de mayor vulnerabilidad. El manejo comunicacional de la fiscalía interviniente ha generado un justificado y profundo malestar social. Se ventilan datos técnicos, pericias preliminares e hipótesis sobre el móvil del crimen con una frialdad espantosa, priorizando el impacto mediático, la rigidez del tecnicismo legal o la urgencia de “cerrar el tema” por encima del dolor de la familia y el respeto irrestricto a la dignidad de una víctima menor de edad.
La justicia penal no solo debe ser eficiente en la recolección de pruebas materiales para sostener una acusación; debe ser profundamente humana en su trato y en su comunicación pública. Un proceso judicial que deshumaniza a la víctima y trata su trágico final como un mero reporte de laboratorio o una estadística forense está fallando en su misión más elemental: traer paz, certidumbre y orden social. La difusión de detalles escabrosos que nada aportan a la causa penal solo sirve para alimentar el morbo de las audiencias y dañar de forma irreparable la memoria de la víctima.
Conclusión: hacia un compromiso real. Cuidar a los chicos en la Argentina actual no puede seguir siendo un eslogan vacío de campaña electoral, una frase para la tribuna o una bandera que se levanta únicamente cuando el daño ya es irreparable. Exige una transformación estructural profunda, un compromiso ético inquebrantable y una reingeniería institucional integral.
Requerimos fiscales empáticos y sensibles que entiendan el dolor ajeno como un motor de Justicia, policías rápidos y capacitados que no duden un solo segundo en salir a buscar ante la menor alerta, y una comunidad activa y prevenida que aprenda a romper los secretos virtuales de los captadores. La prevención debe ser la regla de oro estatal.
La dimensión tecnológica nos obliga también a exigir que el Estado nacional lidere mesas de concertación con las grandes corporaciones transnacionales que administran las redes sociales para diseñar canales de respuesta rápida y entrega de datos bajo sospecha de riesgo inminente de vida. No podemos depender de la burocracia de una corporación extranjera para geolocalizar el teléfono de una niña que está siendo retenida contra su voluntad. La soberanía digital del Estado debe expresarse en su capacidad real de proteger a sus ciudadanos dentro del territorio virtual que hoy cohabitan de forma masiva.
La muerte de Agostina Vega debe marcarnos un límite ético definitivo. Su memoria nos exige transformar la indignación colectiva en política pública permanente y la crítica legítima en acción estatal concreta. De una vez por todas, los programas de infancias deben dejar de ser el pariente pobre de los presupuestos públicos y pasar a ser la máxima prioridad institucional.
*Abogado y docente especialista en Ciudadanía Digital.
