Remediar: la Emergencia Sanitaria Nacional continúa

En 2002, en medio del colapso económico y social más profundo de la historia reciente de Argentina, el Estado nacional inició la compra de medicamentos esenciales de manera centralizada y a distribuirlos gratis en más de 8.000 centros de atención primaria de salud (CAPS)  del país. Dos décadas después, ese programa —Remediar— pasó de cubrir 75 principios activos a solo tres: losartán con amlodipina, furosemida y rosuvastatina, todos para enfermedades crónicas no transmisibles. 

El ajuste, aplicado entre abril y septiembre de 2026, redujo también de 8.100 a 800 los centros habilitados para recibir botiquines y representó una caída real del 72% en el presupuesto ejecutado respecto de 2023.

Remediar la emergencia sanitaria

Remediar nació del Decreto de Necesidad y Urgencia 486/2002, que declaró la Emergencia Sanitaria Nacional en el peor momento de la crisis de 2001-2002 —caída del PBI del 10,9%, pobreza del 53%, devaluación cercana al 280% que encareció críticamente el precio de los medicamentos. 

El Estado Nacional pasó a unificar la demanda de todas las provincias y comprar medicamentos a través de licitaciones públicas nacionales e internacionales para generar economías de escala y obtener importantes descuentos por volumen ante los laboratorios. 

Los pliegos obligaban a los adjudicatarios a imprimir en el envase de forma indeleble la leyenda de prohibición de venta y canales de denuncia, garantizando la trazabilidad y la naturaleza gratuita del medicamento, con lo cual, los botiquines se distribuían gratis y sin intermediarios a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Pensado para durar 18 meses, se sostuvo sin interrupciones durante veinte años, bajo gobiernos de signos opuestos. Hacia 2022 llegaba a 8.042 CAPS y distribuyó 183.360 botiquines y 37,9 millones de tratamientos, con un ahorro del 87% frente al precio de venta al público. En sus primeros veinte años acumuló 4,3 millones de botiquines y 685 millones de tratamientos, con un ahorro histórico del 85,8%, consolidándose como la principal infraestructura de distribución de insumos del primer nivel de atención.

El programa Remediar pasó de cubrir 75 principios activos a solo tres: losartán con amlodipina, furosemida y rosuvastatina, todos para enfermedades crónicas no transmisibles"

El desfinanciamiento del Plan Remediar comenzó con el cambio de gestión a fines de 2023. Las compras de ese último año dejaron un stock que amortiguó el impacto durante 2024 y buena parte de 2025, lo que explica por qué el faltante se hizo visible recién ahora. 

El 31 de marzo el Ministerio de Salud comunicó verbalmente a las provincias el fin de la modalidad vigente. Remediar quedó discontinuado el 1° de abril, se sostuvo con una compra de emergencia, y desde julio el vademécum se redujo en etapas hasta quedar, desde septiembre, limitado a los tres fármacos mencionados. De los casi  8.100 centros que recibían botiquines, solo 800 siguieron haciéndolo, y la cantidad entregada por cada 100 habitantes cayó de 3,5 unidades a apenas 1.

El Ministerio de Salud sostiene que el programa no se elimina, sino que se relanza: concentra la compra en las enfermedades crónicas de mayor impacto —hipertensión, cardiopatía isquémica, ACV, responsables del 73% de las muertes en el país— y delega en cada provincia la compra de medicamentos de bajo costo y venta libre. 

Organismos técnicos como el CIIPS-IECS describen, en cambio, un desabastecimiento no formalizado: los cambios no fueron comunicados por escrito ni plasmados en ningún instrumento normativo publicado.

El ministerio concentracompras para enfermedades crónicas de mayor impacto:hipertensión, cardiopatía isquémica, ACV, responsables del 73% de las muertes en el país; y delega en cada provincia la compra de medicamentos de bajo costo y venta libre"

Las dos lecturas no son excluyentes. Si se retiene solo el 9,88% de los centros de salud y, dentro de ellos, el 4% del vademécum histórico, la cobertura combinada se contrae un 99,6% respecto de la vigente hasta 2023. 

Eso no equivale a que la población pierda todo acceso —las provincias pueden compensar con presupuesto propio—, pero mide la escala de lo trasladado hacia 24 jurisdicciones con capacidades fiscales muy desiguales. 

Las fuentes consultadas identifican como grupos más expuestos a la pérdida de cobertura gratuita a la población pediátrica (antibióticos, antifebriles, analgésicos), las personas gestantes (suplementación con hierro durante el control prenatal, prevista en la Ley 27.611 de los “1000 días”), las personas con enfermedades crónicas no incluidas en las tres moléculas remanentes —diabetes, hipotiroidismo— y las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (CIIPS).

Ese repliegue del instrumento de compra centralizada no ocurre en el vacío: coincide con el debilitamiento o desarticulación  de todo otro mecanismo de contención de precios como instrumentos que distintas gestiones utilizaron para moderar el precio de los medicamentos. Desde diciembre de 2023, en el marco de la desregulación general dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 los precios de venta al público quedaron liberados a la dinámica del mercado. 

Ese mismo proceso alcanzó, de manera adicional, a la población de PAMI —no beneficiaria de Remediar ni afectada por su supresión, al tratarse de un universo con cobertura de obra social propia—, a través de instrumentos específicos como la Resolución PAMI 1758/2024 y la Disposición ANMAT 3228/2024.

Una descompensación por discontinuidad de un tratamiento crónico, una infección respiratoria no tratada a tiempo en un bebé o un control prenatal sin suplementación de hierro no se corrigen retroactivamente"

El resultado agregado, del lado de la demanda, es una caída sostenida en la cantidad de medicamentos dispensados: las farmacias vendieron 7,8% menos unidades en 2024 que en 2023 —60,1 millones de unidades menos— y 8,2% menos en el tercer trimestre de 2025 que en el mismo trimestre de 2023, según datos de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) .

El razonamiento oficial —reasignar el gasto hacia las enfermedades crónicas de mayor impacto y trasladar a las provincias la compra de bajo costo—, en teoría por lo menos  no limita cobertura, pero omite tres costos que no aparecen en el presupuesto nacional y no por eso desaparecen del sistema: el fiscal, que obliga a provincias con menor recaudación a licitar y comprar por su cuenta lo que antes recibían sin cargo.

El de bolsillo, de las familias que antes recibían el medicamento gratis en los CAPS y ahora deben pagarlo en una farmacia,  y el sanitario, que se paga más tarde, con la discontinuidad de tratamientos crónicos y la reorientación de la demanda hacia guardias, estructuralmente más caras por evento. Los grupos más expuestos: población pediátrica, gestantes que reciben hierro en el control prenatal y personas con enfermedades crónicas fuera de las tres moléculas remanentes. 

Ninguna fuente ofrece hoy una cuantificación agregada de esos tres costos, comparable con el ahorro fiscal declarado. Esa ausencia es, en sí misma, un dato: la decisión se adoptó sin un instrumento normativo publicado ni una evaluación de impacto pública.

Remediar atravesó veinte años y gobiernos de signos opuestos porque resolvía, con eficiencia de compra probada, un problema estructural: las barreras de acceso a medicamentos esenciales de quienes dependen solo del subsector público. Tratándose de una decisión de política sanitaria admite la posibilidad de su reposición. 

Lo que no admite la misma reversibilidad es una parte de sus consecuencias. Una descompensación por discontinuidad de un tratamiento crónico, una infección respiratoria no tratada a tiempo en un bebé o un control prenatal sin suplementación de hierro no se corrigen retroactivamente cuando —o si— el financiamiento se restablece. Esa asimetría, entre lo que se puede revertir con una decisión presupuestaria y lo que no se revierte en el cuerpo de las personas, es lo que, en sentido estricto, no tiene remedio.

*Dr.en medicina-Secretario Academico de IPEGSA
**Médico, ex superintendente de servicios de salud, Presidente de IPEGSA