Caso Pablo Grillo: la Cámara Federal rechazó un recurso del gendarme Guerrero y lo dejó más cerca del juicio

La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal rechazó el recurso de casación intentado por la defensa de Héctor Guerrero, cabo primero de la Gendarmería Nacional acusado de disparar una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, durante la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025. De esta manera, dejó firme su procesamiento y quedó a un paso del juicio oral. 

La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes coincidieron en declarar "inadmisible" el recurso que buscaba impugnar el procesamiento y el embargo sobre los bienes del integrante de la fuerza federal, debido a que no cumplía con los requisitos formales que se exigen para habilitar esa instancia.

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Según el fallo, al que tuvo acceso este medio, el planteo no logró demostrar la existencia de una “cuestión federal” que justificara la intervención de la instancia superior, y el juez Boico citó el precedente "Chacón" de 2024 de la Corte Suprema, que habilitó la revisión por casación de decisiones que, sin ser definitivas, generen agravios de imposible reparación ulterior.

En ese marco, el camarista explicó que esto ocurre cuando se plantean cuestiones federales concretas, un punto que la defensa del gendarme no logró fundamentar: "Los planteos del recurrente constituyen réplicas discordantes con la solución adoptada por el tribunal; mas ello no significa que el desacuerdo producido conlleve a la censura de la sentencia por vía de arbitrariedad". Además, recordó que esto se da en casos extraordinarios de sentencias "desprovistas de todo apoyo legal" o con "manifiesta falta de fundamentación". 

Los jueces Irurzun y Farah, en tanto, remarcaron que la resolución cuestionada por los abogados de Guerrero no es una sentencia definitiva ni algo que se le parezca, ya que no pone fin a la acción, no suspende ni conmuta una pena y tampoco impide que el proceso continúe.

"La obligación de seguir sometido a proceso criminal no revisten, por regla general, la calidad de sentencia definitiva o equiparable a tal no habiendo la parte demostrado la configuración en el caso de un supuesto excepcional que autorice a apartarse de este criterio", afirmaron al rechazar el recurso y dejar firme la situación procesal del cabo.

En diciembre pasado, esta misma cámara ratificó el procesamiento del acusado y lo embargó por 203 millones de pesos, avalando la calificación legal que se le imputa: "Lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función, en concurso real con abuso de armas, reiterado en cinco oportunidades". 

Pablo Grillo se presentó como querellante

El 10 de febrero pasado, el fotógrafo que resultó gravemente herido en la cabeza durante el operativo que se llevó a cabo en las inmediaciones del Congreso, se presentó formalmente como querellante particular en la causa y pidió que se profundice la investigación sobre la cadena de mando, incluyendo a los jefes de la Gendarmería Nacional y los funcionarios del Ministerio de Seguridad, en ese momento a cargo de la ahora senadora Patricia Bullrich.

“Vengo a presentarme como querellante particular, en función de la evolución de mi cuadro de salud y que me encuentro en mejores condiciones de asumir y ejercer los derechos que el Código de Procedimiento me reconoce en tanto víctima directa de los delitos”, señaló en ese momento Grillo desde el Hospital Manuel Rocca, donde continúa su rehabilitación.

También aclaró que su presentación, realizada ante el Juzgado Federal N°1 a cargo de María Servini, no implica el desplazamiento de su madre, su padre y su hermano de la causa. “Voy a requerir de su apoyo en prácticamente todos los órdenes de mi vida, lo que incluye este proceso penal; no me encuentro plenamente recuperado por lo que necesito que conserven su lugar de representantes legales”, expresó.

De acuerdo con la investigación, el disparo que impactó en la parte frontal de la cabeza de Pablo fue el cuarto de los seis disparos que hizo Guerrero, acusado de efectuarlos en ángulo horizontal y en dirección a los manifestantes (algo prohibido por los protocolos y manuales de uso de la pistola lanzagases). El escrito destaca que si los superiores hubieran intervenido ante el presunto mal accionar del cabo primero, “hoy Pablo estaría completamente sano y salvo”. 

En este sentido, el escrito señala a los jefes del grupo Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes -que estaban cerca del imputado en medio del procedimiento-, al comisario inspector de la Policía Federal Gerardo Perillo Scampini -fiscalizador del operativo-; al jefe del Destacamento Móvil 6, comandante principal Néstor Germán López; y al jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios, alférez Gonzalo Gabriel Goulart -daba órdenes a los gendarmes que tenían pistolas lanzagases ese día-.

La presentación también pidió investigar al director nacional de la Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni, a Bullrich, y a los responsables de llevar adelante un sumario interno contra Guerrero, que finalmente fue cerrado. Sobre la entonces ministra, plantearon que "responsabilizó a la victima" y quiso "dar una versión falsa de lo que había pasado".

FP/ff