"Lesiones gravísimas agravadas"

Caso Pablo Grillo: piden un informe sobre el estado actual del fotógrafo y se encamina el juicio contra el gendarme acusado

El Juzgado Federal 1 convocó al Cuerpo Médico Forense y a los peritos de parte para analizar los avances y retrocesos que tuvo el fotoperidista, herido gravemente por el disparo de una granada de gas lacrimógeno en la marcha frente al Congreso del 12 de marzo del año pasado.

Caso Pablo Grillo Foto: Instagram @justiciaporpablogrillo

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 convocó para el próximo 23 de abril la realización de un informe actualizado sobre el estado de Pablo Grillo, el fotógrafo que fue brutalmente herido en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno en un operativo durante una protesta frente al Congreso en marzo de 2025. La etapa de investigación está cerca de cerrarse y el gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de realizar el disparo, podría quedar más cerca del juicio.

La medida fue ordenada por la jueza María Servini, quien pidió a los profesionales del Cuerpo Médico Forense y peritos de la defensa y la querella, que avancen en el informe sobre el fotoperiodista de 36 años que sufrió una "herida contuso compleja en rostro región mediofrontal” con fractura expuesta de cráneo fronto temporo parietal izquierda debido al proyectil. Su vida corrió peligro “real y concreto”, según indicaron las primeras pericias.

Caso Pablo Grillo: la Cámara Federal rechazó un recurso del gendarme Guerrero y lo dejó más cerca del juicio

La realización de este estudio médico no es una novedad aislada, sino que responde a una orden que la magistrada había dispuesto al momento de dictar el procesamiento del cabo primero Guerrero, en octubre del año pasado. “La jueza determinó que este informe servía para terminar de entender cuál había sido el avance o los retrocesos en el estado de salud de Pablo de cara a la siguiente etapa, que es la del juicio", explicó a PERFIL la abogada Agustina Lloret, que junto a Claudia Cesaroni patrocinan jurídicamente a la familia Grillo.

En esa línea, la letrada -integrante del equipo jurídico del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)- recordó que la primera evaluación médica se realizó cuando Grillo permanecía internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía, lugar en el que permaneció tras recibir el impacto y hasta que fue trasladado al Hospital de Rehabilitación Neurológica Manuel Rocca.

El fotógrafo Pablo Grillo durante los primeros meses de su recuperación.

El nuevo informe buscará actualizar ese cuadro a partir de la evolución posterior. "El estudio apunta a ver cómo avanzó su estado de salud, qué tipo de secuelas permanentes o provisorias se vislumbran de los distintos informes médicos, e incluso también contestar la pregunta sobre qué tipo de actividades o tareas va a poder hacer por sus propios medios o si va a necesitar algún tipo de ayuda para poder desarrollar su vida con cierta normalidad", añadió Lloret.

Una vez incorporado ese informe, se abrirá una nueva instancia en la que la jueza dará intervención a la Fiscalía y a la querella, para que formulen la acusación que llevará a Guerrero al banquillo. En ese punto, Lloret comentó que será clave observar cuál es el encuadre que adopte el Ministerio Público Fiscal, que no tuvo a su cargo la investigación (la encabezó el juzgado).

De cara al debate oral, la querella anticipa que el eje de la discusión girará en torno a la responsabilidad del gendarme en el disparo que hirió a Grillo, frente a una estrategia defensiva que buscaría desligarlo de cualquier conducta ilícita. 

Recontrucción del disparo del cartucho de gas.

De acuerdo a la investigación y la reconstrucción de los hechos, el cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Pablo fue el cuarto de los seis disparos que hizo el agente, acusado de efectuarlos en ángulo horizontal y en dirección a los manifestantes (algo prohibido por los protocolos y manuales de uso de la pistola lanzagases).

La cadena de mandos, en un segundo tramo

En paralelo, la eventual responsabilidad de la cadena de mandos durante el operativo que tuvo lugar el 12 de marzo de 2025 frente al Congreso de la Nación, uno de los puntos que la querella viene señalando desde hace meses, no formará parte de este primer juicio. Lloret dijo que la investigación se concentró en esta etapa exclusivamente en la figura del cabo primero de Gendarmería Nacional, mientras que las responsabilidades que pudieron haber tenido sus superiores serán analizadas más adelante.

"El procesamiento de Servini, las pruebas que reunió, son muy contundentes", expresó la abogada. "En febrero, hicimos una presentación más sólida con nuevas medidas de prueba, recopilando de alguna manera la línea de la cadena de mando y cuáles son los los personajes sospechosos que hay que investigar", agregó. Sin embargo, ese camino será más largo porque implica pedir documentación y analizar las pistas e información que de allí vayan surgiendo.

Héctor Guerrero, el gendarme acusado de disparar el cartucho que golpeó en la cabeza a Pablo Grillo.

En la presentación realizada por Grillo como querellante, apuntó contra los jefes del grupo Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyesque estaban cerca de Guerrero durante el operativo; el comisario inspector de la Policía Federal Gerardo Perillo Scampini, a cargo de fiscalizar el procedimiento; al jefe del Destacamento Móvil 6, Néstor Germán López; y al jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios, Gonzalo Goulart, que daba órdenes a los gendarmes que portaban las armas lanzagases.

El escrito también pidió investigar al director nacional de la Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni; a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich;  y a los responsables de realizar un sumario interno contra el agente imputado, que fue cerrado. Sobre la ahora diputada libertaria, la acusaron de "responsabilizar a la victima" por el impacto y de supuestamente "dar una versión falsa de lo que había pasado".

El 26 de febrero pasado, la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal rechazó el recurso de casación que presentó la defensa del miembro de la fuerza federal para que se impugnara el procesamiento y el embargo sobre sus bienes por 203 millones de pesos. Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico coincidieron en declararlo "inadmisible" y ratificaron la calificación que se le imputa: "Lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función, en concurso real con abuso de armas, reiterado en cinco oportunidades".

FP