Cuando el nombre de Héctor Jesús Guerrero apareció por primera vez en la causa judicial por el disparo que hirió al fotógrafo Pablo Grillo, pocos sabían quién era. No era un jefe operativo, ni un oficial de alto rango. Era un suboficial joven de Gendarmería Nacional Argentina, uno de los miles de gendarmes destinados a operativos de control de protestas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Pero el disparo que realizó frente al Congreso de la Nación Argentina lo convirtió en protagonista de una de las investigaciones judiciales más sensibles sobre el uso de la fuerza en manifestaciones.
Los registros administrativos disponibles indican que Guerrero nació en 1995. Tiene vínculos familiares con el norte argentino, particularmente con la localidad de Pichanal, una ciudad del departamento de Orán. Pichanal es una típica ciudad del interior salteño vinculada a la actividad agrícola y al comercio regional. De allí provienen muchos jóvenes que se incorporan a fuerzas de seguridad federales buscando estabilidad laboral.
Casación ratifica el procesamiento al gendarme por el disparo a Pablo Grillo
No hay antecedentes públicos de actividad política ni militancia. Su perfil previo al episodio era el de un suboficial más dentro de la estructura de Gendarmería. Guerrero ingresó a Gendarmería Nacional como suboficial. Las fuentes administrativas lo ubican con el rango de cabo primero al momento del operativo que terminó con el fotógrafo herido.
Su destino era el Destacamento Móvil 6, una unidad especializada en: control de disturbios, operativos de seguridad en manifestaciones y apoyo a fuerzas federales en situaciones de protesta social. Estas unidades suelen intervenir en marchas, desalojos o manifestaciones frente a edificios públicos. Dentro del operativo, Guerrero tenía asignado el manejo de una pistola lanzagases lacrimógenos.
El operativo frente al Congreso en el que Guerrero hirió a Grillo
El 12 de marzo de 2025, durante una protesta frente al Congreso, Guerrero disparó varias granadas lacrimógenas. Entre las 17:14 y las 17:22 realizó al menos seis disparos, según la reconstrucción judicial. Uno de esos proyectiles impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo.
El episodio generó una investigación judicial que terminó con el procesamiento del gendarme por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función y abuso de armas. La jueza federal María Romilda Servini también ordenó un embargo sobre sus bienes por 203 millones de pesos.
Los registros administrativos ubican su domicilio en el sur del conurbano bonaerense. La zona pertenece al barrio Santa Isabel, un barrio residencial de clase trabajadora con casas bajas, calles tranquilas y presencia de empleados públicos y trabajadores del aeropuerto cercano. El valor de las propiedades en esa área ronda entre 50 mil y 70 mil dólares, lo que la ubica dentro de los sectores medios del conurbano.
La causa judicial incluyó un embargo de 203 millones de pesos. Este tipo de medida cautelar no implica necesariamente que el acusado posea ese patrimonio. Se trata de una garantía que la justicia fija para cubrir eventuales responsabilidades civiles en caso de condena. Hasta ahora no surgieron registros públicos que indiquen que Guerrero posea empresas o sociedades comerciales registradas a su nombre.
Hasta el episodio frente al Congreso no aparecen antecedentes penales públicos ni sanciones disciplinarias conocidas. De hecho, el informe administrativo interno elaborado por Gendarmería concluyó que el cabo había actuado conforme a los protocolos del operativo. Esa conclusión fue cuestionada por la querella y por especialistas en uso de la fuerza.
La defensa de Guerrero intentó revertir el procesamiento en distintas instancias judiciales. Primero apeló ante la Cámara Federal porteña. Luego recurrió a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. Casación rechazó el planteo y dejó firme el procesamiento. Eso significa que la causa está a un paso de ser elevada a juicio oral.
El expediente no sólo discute la responsabilidad individual del gendarme. También plantea una cuestión más amplia: la forma en que las fuerzas de seguridad intervienen en manifestaciones. La defensa sostiene que Guerrero actuó dentro del protocolo. La querella afirma lo contrario: que el disparo se realizó de manera directa contra las personas. El juicio oral será el escenario donde esa discusión finalmente se resuelva.
JCS/LT
