El cruel asesinato que conmueve a Uruguay: la tragedia que nadie frenó

Sus compañeros lo habían visto muchas veces llegar golpeado. A veces con moretones en los brazos, otras con los ojos marcados o con heridas en las piernas. En el centro educativo al que asistía en Montevideo –la UTU, una institución pública de formación técnica– incluso se había presentado una denuncia por violencia doméstica. Nada de eso alcanzó para evitar el desenlace: Jonathan Correa, de 15 años, fue asesinado a golpes y su muerte generó una profunda conmoción en Uruguay.

El cuerpo del adolescente apareció en una zanja del barrio Flor de Maroñas, en la periferia de Montevideo. En un primer momento la situación fue reportada como una “muerte dudosa”, pero con el correr de las horas la investigación dio un giro y el hecho pasó a ser considerado un homicidio. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el propio padre del joven fue quien avisó sobre el hallazgo del cuerpo. Cuando los policías llegaron al lugar intentaron maniobras de reanimación mientras aguardaban la llegada de los servicios médicos, pero el adolescente ya no presentaba signos vitales.

La investigación avanzó rápidamente y los peritajes comenzaron a revelar una escena muy distinta a la planteada inicialmente. Los forenses constataron que el adolescente presentaba múltiples lesiones compatibles con una agresión prolongada y violenta. El examen preliminar determinó que había recibido golpes de puño y patadas, además de impactos provocados con objetos similares a un cinturón.

Durante la audiencia judicial, la fiscal del caso explicó que el joven sufrió numerosas lesiones internas y que el sangrado provocado por los golpes fue lo que finalmente causó su muerte. Los especialistas señalaron que la magnitud de las heridas impedía establecer con precisión cuál de ellas desencadenó su muerte.

La hipótesis principal indica que el ataque ocurrió dentro de la vivienda familiar. Tras la golpiza, el padre habría intentado ocultar lo sucedido y trasladó el cuerpo del adolescente hasta una zanja cercana, donde finalmente fue encontrado.

El acusado, un hombre de 34 años identificado como Jonathan Calero, fue imputado por homicidio agravado y violencia doméstica. La Justicia dispuso su prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

A medida que se conocieron más detalles del caso, la conmoción inicial dio paso también a una fuerte indignación. Es que la investigación reveló múltiples señales previas de violencia que habían sido advertidas en distintos ámbitos, pero que nadie atendió. 

En noviembre de 2025, el centro educativo al que asistía Jonathan había realizado una denuncia formal por la situación que atravesaba el adolescente. En ese momento se reportó que presentaba heridas visibles en las piernas y otros signos de maltrato. Durante la intervención inicial, el adolescente y su madre explicaron que esas lesiones eran consecuencia de un partido de fútbol.

Sin embargo, entre sus compañeros y vecinos el escenario parecía ser diferente. Varios estudiantes recordaron que el adolescente llegaba con frecuencia con marcas en el cuerpo y que evitaba hablar sobre lo que ocurría en su casa.

“Tenía moretones en los brazos y a veces venía con los ojos negros”, relató uno de sus compañeros. Otros señalaron que solía usar camperas incluso en días de calor para cubrir las marcas.

Quienes compartían clases con él también lo describieron como un adolescente tranquilo y reservado. Algunos recordaron que había obtenido una beca para estudiar francés y que era considerado un estudiante destacado.

El entorno familiar del acusado también quedó bajo la lupa de los investigadores. De acuerdo con registros policiales, el hombre acumulaba múltiples antecedentes e intervenciones judiciales a lo largo de los años.

Cuando era menor de edad había sido indagado por tentativa de hurto y por varios episodios vinculados a intentos de homicidio. Ya en la adultez registraba antecedentes penales por hurto especialmente agravado y por rapiña, además de varias indagatorias por delitos como amenazas, lesiones personales y violencia doméstica.

Según testimonios de allegados, el acusado también tenía problemas de consumo de drogas desde joven y mantenía un comportamiento violento que ya había generado conflictos en su entorno.

Tras el crimen, las autoridades uruguayas anunciaron que se iniciará una investigación administrativa para revisar las actuaciones previas vinculadas al caso y determinar si hubo fallas en el sistema de protección que pudieran haber influido en el desenlace.

Mientras tanto, la comunidad educativa del adolescente recibió acompañamiento institucional para afrontar el impacto de la tragedia. En el centro de estudios donde Jonathan cursaba sus estudios se organizaron instancias de contención para estudiantes y docentes.

La investigación también puso el foco en la situación de la hermana menor del adolescente, una niña que quedó bajo el cuidado de su abuela mientras las autoridades analizan el contexto familiar en el que vivía.

Orsi: “Algo falló y tenemos que revisarlo”

R.P.

El crimen de Jonathan Correa provocó una fuerte reacción en el gobierno uruguayo. El presidente Yamandú Orsi calificó el caso como un hecho “espantoso” y sostuvo que la muerte del adolescente obliga a revisar qué ocurrió antes de la tragedia.

“La muerte en sí de un niño nos parte el corazón”, afirmó el mandatario al referirse al caso, y agregó que el episodio tiene varias dimensiones dolorosas, entre ellas la historia previa de violencia que habría atravesado el adolescente.

Orsi reconoció además que el crimen plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para intervenir a tiempo ante situaciones de violencia familiar. “Cómo desde el Estado no pudimos resolverlo a tiempo y cómo no lo pudimos impedir”, señaló.

El presidente indicó que existen protocolos y mecanismos institucionales para detectar este tipo de situaciones, pero advirtió que ahora se deberá analizar si hubo fallas en su aplicación. “Existen los protocolos, existen formas de trabajo, pero evidentemente algo falló”, afirmó.

También adelantó que distintos organismos iniciaron investigaciones para revisar las actuaciones previas y evaluar si es necesario ajustar los procedimientos.