Los videos complican la situación de la jueza Julieta Makintach
Un escándalo judicial sacude los Tribunales de San Isidro. La jueza Julieta Makintach, una de las figuras clave en el juicio por la muerte de Diego Maradona, se encuentra bajo investigación por su presunta participación en la producción de un documental sobre el caso.
Las cámaras de seguridad la captaron en situaciones comprometedoras, que sugieren una vinculación directa con un equipo de filmación.
Las grabaciones, aportadas por el abogado querellante Rodolfo Baqué, muestran a Makintach ingresando a los Tribunales de San Isidro en un domingo, el 9 de marzo a las 10,50 de la mañana, un día de casi nula actividad, seguida por un camarógrafo. No es un hecho aislado: otras filmaciones la registran entrando al Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, sede del juicio, acompañada por el equipo.
Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo son contundentes: “Se encuentra verificado en el caso la presencia de la magistrada colaborando directamente en el proyecto audiovisual”. Si se confirman las acusaciones, Makintach podría enfrentar cargos graves por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
Las imágenes también revelan a la jueza ingresando a su propio despacho –una zona restringida al público– filmada por el equipo. Entre los acompañantes se identificó a José Arnal, de la productora La Doble, y a María Vidal Alemán, amiga de la jueza y supuesta responsable de grabar audiencias sin acreditación.
La situación escaló con seis allanamientos recientes en San Isidro y Capital Federal para incautar material relacionado con el supuesto documental. A esto se suma el testimonio de una mujer policía, M.D.B., quien afirmó que Juan Manuel D’Emilio y María Vidal Alemán fueron enviados por la jueza y grabaron una audiencia sin ser prensa.
Aunque la magistrada niega cualquier relación, los fiscales consideran que los ingresos anticipados y las grabaciones en zonas restringidas son pruebas contundentes. De confirmarse el vínculo, no solo habría consecuencias penales para la jueza, sino que también se pondría en riesgo la validez de todo el proceso judicial en el caso Maradona.
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