Una influencer llevó a la Justicia a su padre por fraude y lavado

El escrito que presentó María Sol Lamanna –una influencer con más de 200 mil seguidores– ante la Justicia federal describe, con detalle y respaldo documental, un patrón de conducta que, de confirmarse, podría configurar un caso de criminalidad económica compleja. La acusación apunta directamente a su padre, a quien señala como responsable de haber montado durante años una estructura destinada a ocultar bienes, simular insolvencia y frustrar reclamos judiciales, incluso cuando existían embargos y obligaciones alimentarias vigentes.

Sol Lamanna es creadora de contenido y posee una comunidad numerosa y activa en Instagram y TikTok. En la denuncia –a la que tuvo acceso PERFIL– explica que actúa “desde la perspectiva de una ciudadana directamente afectada e informada de manera personal, directa y continuada”, y que los hechos relatados no surgen de meras sospechas sino de documentación oficial, registros públicos y de su propio vínculo personal con el denunciado.

Uno de los puntos centrales del escrito es la presunta simulación de insolvencia. Según consta en la presentación, el padre de la joven habría sido declarado en quiebra por el Juzgado Civil y Comercial N° 9 de San Isidro, donde se ordenó su inhabilitación y la entrega de libros contables. Sin embargo, Sol sostiene que durante ese mismo período su padre mantuvo “un nivel de gastos y de vida incompatible” con el fallo y ocultó derechos hereditarios aun cuando ya existían embargos judiciales sobre esos bienes.

En la presentación, la joven recordó una frase que un día le dijo su padre: “Jamás voy a dejar que la Justicia me toque nada, está todo a nombre de otros”. 

La denuncia detalla la existencia de bienes en el exterior que nunca fueron declarados en Argentina. En particular, se menciona un inmueble ubicado en North Miami Beach, valuado en más de 1,6 millones de dólares, registrado a nombre de una sociedad extranjera. La influencer también afirma que su padre le manifestó en reiteradas oportunidades que esa propiedad “es parte de lo que tengo afuera”, pese a que nunca fue informada ante la AFIP, en la Justicia concursal ni en ningún proceso patrimonial. A ello se suman referencias a inversiones y propiedades en la Ciudad de México, adquiridas –siempre según el relato de Sol– mediante terceros o estructuras societarias diseñadas para evitar controles locales.

En el plano fiscal, el escrito describe una situación patrimonial incompatible con las declaraciones impositivas del denunciado. La actividad registrada ante AFIP, “servicios personales n.c.p.”, aparece como insuficiente para justificar bienes millonarios en el exterior, viajes frecuentes y movimientos bancarios relevantes.

“Movía fondos mediante terceros, realizaba transferencias al exterior que nunca explicó y sostenía un nivel de vida que no coincide en absoluto con su declaración fiscal”, dice Sol en el escrito.

La presentación judicial sostiene que estas maniobras no solo habrían tenido como objetivo evadir impuestos o eludir controles estatales, sino también evitar el cumplimiento de obligaciones alimentarias. En distintos procesos, afirma, su padre se presentó de manera sistemática como insolvente, sin ingresos ni bienes, mientras existían activos ocultos y derechos hereditarios embargados.

El abogado de Sol asegura a PERFIL que se trata de “un caso que toca temas de enorme interés público”, como el lavado transnacional, el uso de sociedades pantalla y las fallas del sistema de control patrimonial. Pero también, remarcó, es la historia de “una hija que decide exponer con pruebas concretas una estructura que durante años fue utilizada para evadir responsabilidades”.

Según surge del sistema judicial, la denuncia fue registrada bajo el Expediente CFP 5544/2025, y quedó radicada por sorteo ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5.

Los hechos denunciados fueron encuadrados, de manera preliminar, en los delitos de infracción al artículo 303 del Código Penal (lavado de activos), insolvencia procesal fraudulenta (art. 179 CP), infracción a la Ley 24.769 (régimen penal tributario), falsificación de documentos públicos, falsedad ideológica, cohecho y aceptación de dádivas.