Antes del escándalo, Grandío exploró negocios con CineAR
El amigo del jefe de Gabinete desplegó una agenda más ambiciosa de contactos dentro de la administración libertaria. El año pasado se juntó con las autoridades del Instituto del Cine y el objeto fue la plataforma virtual de cine nacional que el Gobierno quiere privatizar. El periodista ya era proveedor de la TV Pública. ¿Buscaba un nuevo negocio?
Las conexiones en el Estado de Marcelo Grandio, periodista y empresario asociado a la TV Pública, no se limitan a Manuel Adorni. De acuerdo a registros oficiales, mantuvo una audiencia con la plana mayor del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en 2025 junto con una funcionaria del riñón del jefe de Gabinete, Barbara Pintelos, la Subsecretaria de Medios Públicos.
El encuentro, de acuerdo al documento oficial al que tuvo acceso PERFIL, tuvo lugar en las oficinas del instituto el 15 de octubre de 2025 a las 14 horas en la calle Lima 319, Ciudad de Buenos Aires. Participó el periodista, Carlos Pirovano, titular del INCAA; María Laura Elliff, gerente de asuntos legales del órgano; Carlos Vargas, gerente general del INCAA; Bárbara Pintelos, la subsecretaria de Medios Públicos en representación de la Secretaría de Comunicación y Medios, que en ese momento conducía Adorni; y Tomas Cohen, un productor audiovisual.
Según los datos del cónclave, las personas se vieron las caras con el solo objetivo de conversar sobre la situación de CINE.AR. ¿Qué conclusiones existieron tras esa conversación? Las partes eligen el silencio ante la consulta de este medio. Pero las preguntas quedan en pie ¿Grandio se quiso quedar con la plataforma que transmitía producción nacional y que quedó clausura por la actual gestión?
Sin lugar a dudas, este cara a cara que tuvo a Grandio de protagonista es una pieza más del rompecabezas de vínculos que alcanzó a gestar de la mano del poderoso funcionario, con quien hoy mantiene distancia a raíz de la causa judicial que se generó.
El periodista quedó en el centro de la agenda pública cuando invitó al ministro coordinador a su casa en Punta del Este, Uruguay, en el feriado de carnaval que tuvo lugar en febrero. A raíz de ese hecho, que desembocó en una investigación judicial por los fondos que abonaron los tickets aéreos de los vuelos privados, se descubrió que el ex integrante de Fox Sports tenía cuatro contratos con la televisión del Estado por medio de su productora ImHouse.
La empresa abonó el traslado vacacional de Grandio y la familia del funcionario según una factura que exhibió cuando estalló la polémica. Sin embargo, el ex candidato a legislador porteño aseguró que él, con sus ingresos, abonó los pasajes.
“Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo”, dijo el comunicador, ofuscado. De hecho, decidió hablar del tema enojado con el funcionario por haberlo involucrado de “manera gratuita” en semejante escándalo. El ministro coordinador minimizó el hecho y recalcó que se trató de “un furcio”.
Eso sí: todavía no apareció dicho recibo aunque fuentes oficiales anticipan que toda documentación estará a disposición de la Justicia cuando se la soliciten. El juez que investiga el viaje, Ariel Lijo, dio un paso más y dispuso, el martes, el peritaje de los llamados telefónicos entrantes y salientes del empresario asociado al canal. Se busca determinar si el pago de los vuelos privados a la ciudad uruguaya que hizo el jefe de Gabinete está vinculado a contrataciones estatales.
La determinación incluye además el análisis de las comunicaciones entre Grandio y Horacio Silva, presidente de la productora Imhouse, y el requerimiento de los expedientes completos de los contratos que esa firma mantiene con la TV Pública.
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