Con votos justos y negociaciones abiertas, el Gobierno encamina la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado
El oficialismo convocó a sesión para este viernes 26 y busca blindar el texto aprobado en Diputados para evitar cambios que obliguen a volver a la Cámara baja.
Con la sesión ya convocada para este viernes 26 al mediodía, el Gobierno de Javier Milei acelera el cierre de acuerdos en el Senado de la Nación para sancionar el Presupuesto 2026 sin modificaciones y evitar que el proyecto deba regresar a la Cámara de Diputados. El escenario aparece allanado para la aprobación en general, aunque el conteo de votos sigue siendo fino y persisten artículos que generan tensión entre los aliados.
El dictamen en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que reunió 11 firmas, habilitó el llamado a sesión por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel apenas minutos después de concluido el debate. En el oficialismo reconocen que el número está cerca, pero no cerrado.
El oficialismo parte de una base de 20 bancas propias. Actualmente cuenta con 19, pero espera sumar una más con la jura de Enzo Fullone, quien ocupará la banca que la rionegrina Lorena Villaverde no logró asumir tras el rechazo de su diploma por su presunta vinculación con una causa por tráfico de cocaína en Estados Unidos. A partir de ese piso, La Libertad Avanza necesita al menos 17 voluntades adicionales.
Enfrente, el bloque peronista reúne a 21 senadores conducidos por José Mayans, que ya anticiparon un rechazo en bloque al proyecto. De ese modo, el Gobierno apunta a una treintena de legisladores dialoguistas y provinciales para sellar la mayoría.
Entre los apoyos prácticamente asegurados aparece Luis Juez, quien abandonó el PRO para conformar un monobloque y moverse en sintonía con el oficialismo. También se descuenta el respaldo de la tucumana Beatriz Ávila y de la salteña Flavia Royón, alineadas con los gobernadores Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, respectivamente, quienes ya acompañaron el Presupuesto en Diputados.
Radicales, PRO y los artículos sensibles
La Unión Cívica Radical, con una bancada de 10 senadores, firmó el dictamen luego de que se garantizara la exclusión del polémico capítulo XI, que incluía la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad, ya rechazado en la Cámara baja. “La única forma de que salga hoy va a ser como vino de Diputados”, había advertido el jefe del bloque, el correntino Eduardo Vischi, una condición que terminó imponiéndose.
Sin embargo, los radicales mantienen reparos sobre el artículo 30, que deroga disposiciones clave de las leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Educación Técnico Profesional, un punto que podría tensionar la votación en particular.
Inés Weinberg: “Una Corte Suprema de cinco que no tenga dos integrantes mujeres no me representa”
El PRO, reducido a un bloque de apenas tres senadores, firmó el dictamen en disidencia parcial por la falta de un artículo sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, reclamo impulsado por Jorge Macri. Aun así, en la bancada amarilla descuentan que no bloquearán la sanción del Presupuesto, bajo el argumento de garantizar gobernabilidad y previsibilidad.
Gobernadores y negociaciones cruzadas
Como ocurrió en Diputados, los gobernadores vuelven a jugar un rol central. En el oficialismo cuentan con el respaldo de la neuquina Julieta Corroza, cercana a Rolando Figueroa, y confían en que los dos senadores misioneros, que evitaron pronunciarse públicamente, acompañarán el proyecto como lo hicieron en la Cámara baja.
También aparece como clave el bloque Convicción Federal, integrado por cinco senadores de distintas provincias. En ese esquema se inscribe el acuerdo político sellado con Gustavo Sáenz, que incluyó la designación de la salteña Pamela Calletti como auditora de la Auditoría General de la Nación, aprobada de madrugada y leída como un gesto directo del Ejecutivo hacia los gobernadores aliados.
Caputo y su mensaje al mercado
Más allá de la aritmética parlamentaria, el principal interesado en la sanción del Presupuesto es el ministro de Economía, Luis Caputo. Tras dos años de prórroga del Presupuesto 2023, la aprobación del texto sería una señal al mercado de que el Gobierno puede construir mayorías legislativas, en un contexto de vencimientos de deuda externa exigentes para 2026.
El proyecto incluye el artículo 56, que faculta al Ministerio de Economía a realizar operaciones de administración de pasivos —compra, venta y canje de instrumentos financieros— sin las restricciones establecidas por la Ley de Administración Financiera. En los hechos, introduce cambios sustanciales al régimen fijado por la denominada Ley Guzmán, que limitaba esas operaciones a casos de mejora en montos, plazos o intereses.
Caputo defendió públicamente esa estrategia y sostuvo que un canje hacia bonos “convencionales” podría reducir el riesgo país sin alterar las variables macroeconómicas. Según explicó en el streaming La Casa, la reciente licitación del BONAR 29N mostró una tasa significativamente más baja que los bonos reestructurados, un dato que el Gobierno busca capitalizar.
Aceleraciones y choques libertarios
Este domingo por la tarde, el oficialismo mantuvo una reunión virtual con jefes de bloques aliados para terminar de delinear la estrategia. En la Casa Rosada saben que introducir cambios implicaría devolver el proyecto a Diputados, un escenario que nadie quiere habilitar a esta altura del calendario legislativo. Con la sesión fijada y el conteo de votos en marcha, el Presupuesto 2026 se encamina a una definición ajustada en el Senado, atravesada por negociaciones políticas, intereses provinciales y una pulseada de fondo sobre el margen de maniobra económica del Gobierno en el año que viene.
GD / EM