Detuvieron en La Rioja a Inés Brizuela y Doria en medio de un escándalo gremial

La Rioja atraviesa una nueva crisis institucional tras la detención de la ex intendenta y actual vicepresidenta de la UCR local, Inés Brizuela y Doria. El arresto se produjo durante una asamblea en el Colegio de Farmacéuticos provincial, en medio de una interna gremial que derivó en escándalo. La dirigente radical acusó directamente al gobernador Ricardo Quintela de utilizar a la justicia como una herramienta de persecución política.

La crisis comenzó con una denuncia de violencia de género radicada por Silvia Brizuela Ledesma, presidenta del Colegio, contra el vocal Jorge Bordón. Según la denunciante, existía una restricción de acercamiento vigente por 120 días que impedía al hombre participar de las asambleas gremiales. La policía intervino durante la noche para detener al vocal frente a 80 profesionales que presenciaban la reunión.

Brizuela y Doria denunció que su propia detención se llevó a cabo sin una orden escrita y bajo instrucciones verbales de un fiscal de turno. "Me detuvieron en ejercicio de mi profesión de abogada", marcó la ex jefa comunal tras recuperar su libertad horas más tarde en la capital. Para el radicalismo, este accionar recordó los "días más oscuros" del país por la supuesta arbitrariedad de las fuerzas de seguridad. 

El Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado de repudio enérgico contra lo que calificaron como un abuso de autoridad del gobernador Quintela. El partido instó al mandatario a cesar en el uso del Poder Judicial para beneficiar a sus aliados y perseguir disidentes. En el texto, subrayaron que el operativo policial impidió el normal funcionamiento de una institución prestigiosa de forma totalmente irregular.

Desde el entorno de la ex intendenta insistieron en que nunca hubo una medida perimetral que justificara el arresto inicial de su cliente, Jorge Bordón. Señalaron que la gravedad del hecho reside en la supuesta falsedad de los argumentos utilizados para movilizar a la policía durante la madrugada. Brizuela y Doria utilizó sus redes sociales para exigir que se deje de usar el Estado riojano para fines personales. Según su descargo, la justicia actuó como un brazo ejecutor del oficialismo para resolver una interna.

El conflicto se dio en el marco de una gestión provincial que se mueve entre deudas millonarias y juicios con bonistas en los tribunales estadounidenses. Ricardo Quintela atraviesa meses de inestabilidad financiera mientras intenta mantener el control político sobre un gabinete que sufrió cambios masivos recientemente. 

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Antecedentes de una relación quebrada

El enfrentamiento entre Quintela y Brizuela y Doria tiene antecedentes violentos que se remontan a noviembre de 2021, durante su mandato municipal. En aquel entonces, un paro de recolectores de basura derivó en una protesta feroz frente a la Municipalidad de la Capital riojana. Manifestantes arrojaron toneladas de residuos y destruyeron instalaciones públicas en lo que la intendenta calificó como un intento de toma. Brizuela y Doria culpó a "patotas" enviadas por el gobernador para desestabilizar su gestión.

Durante aquel episodio, funcionarios municipales sufrieron heridas y la tensión social en la ciudad alcanzó niveles críticos por el bloqueo de servicios básicos. La ex intendenta denunció sistemáticamente que el Gobierno provincial asfixiaba financieramente a la capital para forzar su caída política antes de las elecciones. Quintela, por su parte, siempre negó los cargos.

Para los analistas locales, el Colegio de Farmacéuticos fue apenas el escenario de una batalla que en realidad se juega en la Casa de Gobierno. Mientras el radicalismo nacional se mantiene en alerta, el oficialismo riojano defiende la actuación de la jueza Gisela Flamini. 

TC/AF