En medio del debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, se agravó la situación y la mediatización del conflicto en la empresa Lustramax, donde los trabajadores, acompañados por la izquierda reclaman por la reincorporación de trabajadores despedidos, mientras que desde la compañía el dueño denunció amenazas y extorsiones de parte de los delegados.
"Nosotros estamos hoy casi cerrados. Cumplimos con todo lo que teníamos que hacer, estamos mal, estamos en un proceso de crisis en la compañía y tenemos que sacar trabajadores bajo un proceso de reestructuración, pagando bajo todas las normas que dice la ley", manifestó Ezequiel Sosa, dueño de la empresa, en diálogo con María O'Donnell por Urbana Play.
Desde su lugar, el propietario de la empresa amplió: "Estamos tratando de poder trabajar pero tengo una empresa tomada por un grupo político hace cuatro años. Hace cinco días estoy durmiendo en el piso, tratando de cuidar lo mío, con gente con causas penales, asustado, con amenazas y tratando de que 200 personas no se queden sin trabajo".
Actualmente, los trabajadores de la empresa se encuentran realizando protestas, que incluyeron hasta cortes en la Autopista Panamericana, pidiendo que se cumpla con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que se produce tras el despido de al menos 15 empleados, incluidos delegados y activistas gremiales.
Frente al conflicto, el Ministerio de Trabajo ordenó la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos y dispuso retrotraer la situación laboral. No obstante, la empresa rechazó la resolución e insistió en que no la acatará, denunciando amenazas por parte de determinados empleados vinculados al sindicato. En consecuencia, los empleados entraron en un estado de asamblea permanente, llamando a sostener nuevas medidas de fuerza hasta que se cumpla lo dispuesto por la autoridad laboral.
La CGT prepara una gira por las provincias para frenar la reforma laboral
Las agrupaciones de Izquierda decidieron involucrarse en el conflicto y comenzaron a acompañar a los trabajadores. En este sentido, la diputada Myriam Bregman también diálogo con María O'Donnell y aseveró: "La resolución del Ministerio de Trabajo dice que la situación se debe retrotraer, que los trabajadores deben estar adentro y que la que está ilegal es la empresa".
"Es serio lo que está pasando, hay trabajadores que están sufriendo un ataque inexplicable", señaló y, en referencia al propietario de la empresa agregó: "Lo veía como una persona bastante incómoda. Acá hay alguien que inventó un conflicto, que lo está llevando hacia ese lado. Todos se dirigen y se conducen hacia el mismo lugar, hacia un lugar de violencia hacia los trabajadores, un lugar donde se busca que haya desalojo".
En lo que respecta a la decisión tomada por el Ministerio de Trabajo, agregó: "Acá hay un contrato laboral previo, un conflicto laboral constatado que dice que pueden hacer asambleas, esto se va poniendo muy turbio, es evidente que hay una intencionalidad política de este personaje -en referencia a la legisladora Florencia Arietto con quien también se cruzó sobre el tema- de llevar todo hacia un lugar contra los trabajadores, cuando es un conflicto laboral donde los laburantes se han organizado, han peleado".
"La empresa decidió no cumplir y anoche en este papel un poco patético de sacar el dueño a pasear por los medios, a hacer unas declaraciones conexas, que es la estrategia que siempre tiene el estudio jurídico de Arietto. El Ministerio de Trabajo ya ordenó que los tienen que reincorporar, eso está ordenado y la empresa está en la ilegalidad, no está cumpliendo", insistió Bregman.
Ante las acusaciones sobre presunto incumplimiento de lo ordenado por la cartera de Trabajo, Sosa argumentó: "Nosotros tuvimos una toma de la planta y obviamente tratamos de tratar de resguardarnos. Yo estoy en un proceso de crisis en la empresa, no le echo la culpa a ningún trabajador, lo que estoy pidiendo es poder reestructura la empresa para conservar el puesto de 200 personas más".
"Estamos en el riesgo de que sean 200 despedidos más. La empresa tuvo un año complicado, las ventas se fueron cayendo. Nosotros no queremos estar mediatizados, nosotros queremos trabajar", añadió e indicó que se realizó la denuncia correspondiente ante la toma de la planta de la empresa que se encuentra ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas.
"Estamos denunciando penalmente a dos delegados que nos tomaron la planta y nos están tomando la empresa. No va por echar, tenemos miedo y estamos tratando de demostrar que tenemos una empresa tomada", profundizó Sosa y detalló: "Hoy estoy con miedo, mi gente quiere trabajar, el 70% de la gente quiere trabajar, están amenazados. Entiendo todo lo que está bajo de la ley, yo estoy sacando, reestructurándome y no es que no estoy pagando".
En sus declaraciones, el propietario de Lustramax habló de dos delegados con quienes explicó que habría tenido inconveniente y se habría sentido extorsionado, motivo por el que habría decidido desvincularlos de la compañía, lo que desató el conflicto y las protestas que luego involucraron a la Izquierda.
"Ofrecí que no vuelvan y pagarles el sueldo igual. Tengo miedo. Hicimos las causas pertinentes, le llegaron a decir a una persona mía que se ponga chaleco que sabían dónde vivía. Nosotros estamos acatando todo lo que dice el Ministerio de Trabajo, mientras el Ministerio diga les vamos a pagar los sueldos a la gente igual, lo que les estamos diciendo es que no entren por una cuestión de seguridad", argumentó.
Sobre el conflicto, Sosa sentenció: "Son gente conflictiva, si no les pagaba un asado, tenía la planta parada. Si no les pagaba la cancha de fútbol, tenía la planta parada. Estoy tomado por un partido político. Viví extorsionado, viví con miedo hasta que tomé una decisión".
"No puedo seguir con la empresa así. Es interminable la cantidad de cosas que me hacían. Estamos avalando todo lo que nos dijeron, estamos pagando el sueldo de gente que no está yendo a trabajar en un contexto de crisis. Tengo una orden de desalojo legal de un juez. No tengo ningún conflicto con el Ministerio de Trabajo. Estamos haciendo todo lo que está bajo de la ley y estamos pidiendo que saquen a las personas de adentro de mi empresa", concluyó.
Desde su lugar, Bregman insistió en que parte de los despidos no podría llevarse a cabo dado que se trata de delegados gremiales, que requieren un procedimiento legal distinto, y acotó: "Ellos habían presentado un preventivo de crisis, el preventivo de crisis no logran demostrar que tengan crisis porque la verdad que la empresa no la tiene, trabajan para grandes empresas de hecho estaban preocupados porque todo este conflicto les impide cumplir con los proveedores y después empiezan a despedir y despiden a los delegados".
El cruce entre Myriam Bregman y Florencia Arietto
A raíz del caso de la empresa Lustramax la referente de Izquierda también se cruzó con la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) María Florencia Arietto, quien se posicionó del lado de la empresa y acompañó a los propietarios en la obtención de la orden de desalojo que llamó a que se retiren los empleados que se encontraban protestando en el interior del predio y abrió una causa en contra de quienes señalaron por una presunta toma de la planta.
"El problema es que acá la Justicia en 24hs consiguió una orden de un juez penal porque alguien intervino, entonces esto es lo grave, que de un conflicto laboral que estaba muy claro, ella empieza a envalentonarse y a conseguir apoyos. Esto se va a apelar, la orden del juez no está firme...Es la orden que ella muestra en la tele, que dice que hay una turbación de la propiedad, pero no considera que hay un conflicto laboral, hay un maniobra en la denuncia penal que ella hace", manifestó Bregman al respecto.
Por su parte, Arietto expresó cruzó a la referente de Izquierda vía X y señaló: "La empresa Lustramax cerró por tiempo indeterminado a la espera de la orden judicial de desalojo. Quedaron adentro del playón los usurpadores promovidos por Myriam Bregman. Cualquier cosa que suceda en la empresa es responsabilidad de ellos".
"Esta señora no para de atacarme para justificar que metió a todo el mundo en un conflicto delirante", sostuvo Bregman desde su cuenta personal y, en las declaraciones radiales, agregó: "Va a tener que rendir cuentas y decir de dónde saca esas cosas, la veo con un grado de impunidad enorme. Creo que lo está usando como un ensayo para lo que es la discusión de la reforma laboral, ella, en ese estilo patotero, se pone adelante y tiene que buscar un enemigo".
Sobre el choque entre lo determinado por el Ministerio de Trabajo y la orden de desalojo del juez, la legisladora de Izquierda señaló: "La empresa tiene que cumplir con lo que dictaminó el Ministerio de Trabajo, reincorporar a los trabajadores y dejar de intentar que porque tienen una senadora de La Libertad Avanza pueden usar las fuerzas represivas como si fuesen una guardia personal".
El cruce entre ambas que no detuvo hasta el momento se desató por las acusaciones de Arietto, quien apuntó contra Bregman y Nicolás del Caño y sostuvo: "Myriam las 200 familias que se quedan sin trabajo por la irresponsabilidad de conducción tuya y de tu partido te van a pedir trabajo a vos. Aparte de la causa penal que te vas a comer por mandar gente en colectivo a cortar la panamericana desde tu casa en Palermo rúcula. Tenemos todas las pruebas".
El conflicto en Lustramax y los cortes en Panamericana
Los cruces entre políticos, autoridades y el dueño de la empresa tienen lugar luego de que este miércoles se llevara a cabo el segundo corte de la Autopista Panamericana, llevado a cabo por los trabajadores, acompañados de agrupaciones de izquierda.
La segunda protesta implicó un corte total del tránsito a la altura del km. 35 del partido bonaerense de Pilar, luego de la salida del peaje y en las inmediaciones de la empresa ubicada en la calle Estados Unidos al 4545, en el Parque Industrial de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas.
Se trata de la segunda medida de fuerza en reclamo por el despido de al menos 15 empleados de la planta, incluidos delegados y activistas gremiales, junto al reclamo por el pago de aguinaldos, salarios y bonos adeudados por parte de la compañía dedicada a la dedicada a la distribución de papelería, artículos descartables y de limpieza e higiene.
En este caso, el segundo bloqueo, de corta duración, también buscó denunciar un presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que ordenó la reincorporación inmediata de los despedidos y dispuso retrotraer la situación laboral al 9 de enero. Dicha resolución fue rechazada por la empresa.
Mañana complicada en Panamericana: conflicto en la empresa Lustramax
Ante la negativa de la empresa, los empleados mantienen el estado de asamblea permanente y algunos de ellos se quedaron dentro de la planta, motivo por el que la compañía recurrió a un juez para obtener una orden de desalojo que fue otorgada durante la mañana de este jueves.
Los trabajadores indicaron que la empresa realizó los despidos luego presentar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), aunque ellos afirman que la crisis no existe, al mismo tiempo que denuncian una presunta persecución sindical y amedrentamiento policial. En paralelo, los delegados, quienes se referencian en el PTS que integra el Frente de Izquierda (FIT-U), vincularon el conflicto al debate actual por la reforma laboral impulsada por la administración libertaria, acusando a la empresa de aprovechar el escenario para "recortar derechos básicos".
AS./fl
