Un diputado oficialista pide recortar fondos de la Corte y dárselos a la Justicia
El Poder Judicial y la Corte reciben un total del 3,5 por ciento de los recursos nacionales. Pablo Tonelli propuso que le quiten parte del presupuesto a la Corte para invertir en infraestructura y recursos humanos.
Un integrante oficialista del Consejo de la Magistratura propuso achicar los recursos que se asignan a la Corte Suprema y destinar ese dinero a la administración general del Poder Judicial.
La iniciativa genera más ruido a la relación entre el Gobierno y el máximo tribunal, atravesada por la tensión de los últimos fallos en favor de las provincias por la quita del IVA y la reducción de Ganancias.
“Este esquema de distribución de recursos ha demostrado ser inadecuado, dejando al Consejo de la Magistratura de la Nación en una situación de desequilibrio estructural y vulnerabilidad financiera crónica. Ello, con el consecuente impacto negativo sobre la autarquía e independencia del Poder Judicial”, advirtió Pablo Tonelli, diputado nacional y miembro del Consejo.
Desde Mauricio Macri a Germán Garavano, las críticas contra la situación general de la justicia es reiterada y sobre todo en estos meses de campaña electoral. Tonelli describió que en la actualidad, el Poder Ejecutivo asigna al Poder Judicial el 3,5 por ciento de los recursos tributarios y no tributarios, y los divide entre la Corte y el Consejo, encargado de administrar todo.
La Corte desestimó un pedido del Gobierno en el fallo por el IVA y Ganancias
La distribución actual de ese 3,5 por ciento es 0,57% para la Corte Suprema de Justicia y el 2,93% al Consejo de la Magistratura. La modificación propuesta implica que del 3,5% del presupuesto asignado, el 0,35% sea para la Corte Suprema de Justicia y el 3,15% para el Consejo de la Magistratura.
Tonelli advirtió que es necesaria y urgente un cambio en la distribución de presupuesto: “La readecuación de la distribución de los fondos asignados al Poder Judicial resulta indispensable para sanear la administración de recursos de este poder del Estado, así como para evitar las consecuencias negativas que derivan de la dependencia económica y la emergencia de la infraestructura por falta de inversión”.
MC
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